El tribunal del Sheriff de Edimburgo determinó este jueves que el proceso de extradición a España de la exconsejera catalana Clara Ponsatí es "imposible" para las cortes escocesas y compete a las "autoridades españolas".
El tribunal de Edimburgo concluyó que el caso de Ponsatí, reclamada por un delito de sedición por su participación en el referéndum de independencia ilegal de Cataluña en 2017, no se puede dirimir por la justicia del país, pues la académica vive y trabaja en Bélgica, estando fuera de la jurisdicción de Escocia.
"No se puede extraditar a alguien que no está aquí" afirmó el juez Nigel Ross en una audiencia celebrada hoy ante las partes afectadas, el Gobierno de España, representado por la Fiscalía de Escocia y la defensa de Clara Ponsatí, los letrados Aamer Anwar y Clair Mitchell.
La decisión sobre Ponsatí en Escocia llega después de que la defensa aprovechara la vista que se celebró en mayo para comunicar el cambio de domicilio, ante lo que la Fiscalía planteó la necesidad de discutir el futuro del caso en otra vista, la de hoy. El juez acordó entonces citar a las partes este jueves para escuchar sus respectivos argumentos sobre si procedía continuar con el trámite de la euroorden en Escocia, y ha decidido que el proceso no debe continuar ante la justicia británica.
Las fuentes apuntan ahora que, dado que el magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena ha presentado una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) para que determine el alcance de las euroórdenes, deberá a esperar a obtener respuesta para decidir nuevos movimientos en relación a Ponsatí.
El TJUE admitió a principios de mayo a trámite la cuestión prejudicial planteada por Llarena para que fije los motivos por los que se puede emitir y, sobre todo, rechazar una orden de detención y entrega europea (OED), reaccionando así a la decisión del Tribunal de Apelaciones de Bruselas de no enviar al ex consejero Lluis Puig a España.
Llarena pretende que el TJUE arroje luz sobre la Decisión Marco 2002/584/JAI que regula las euroórdenes para que, en base a los criterios establecidos por la corte comunitaria, "pueda adoptar una decisión concreta en torno a mantener, retirar o emitir nuevas ODEs respecto de todos o algunos de los copartícipes procesados en esta causa".
De esta forma, el magistrado español busca reactivar un caso que "se encuentra hoy plenamente paralizado" por la situación de rebeldía de los investigados --Puigdemont, Comín y Puig están huidos en Bélgica y Ponsatí, hasta mayo en Reino Unido-- y por el hecho de que un Estado miembro ya ha denegado la primera de las euroórdenes dictadas en el marco de esta causa.
