Al rey Juan Carlos no le ha gustado que se conociera el contenido de una de las comisiones rogatorias cursadas por la Fiscalía del Tribunal Supremo a Suiza. En ella el ministerio público español dice que cobró comisiones internacionales y que ello podría ser constitutivo de los delitos de blanqueo, contra la Hacienda Pública, cohecho y tráfico de influencias. Para la defensa del emérito, ejercida por el exfiscal y penalista Javier Sánchez-Junco, los detalles que se han conocido de esa petición de ayuda internacional "conculcan de manera evidente el principio de presunción de inocencia que ampara a todo ciudadano", porque "se traslada a la opinión pública valoraciones y consideraciones que perjudican gravemente" la imagen del monarca que está sometido a una investigación fiscal "desde hace más de un año".

En la comisión rogatoria, tramitada el pasado 24 de febrero por el equipo de fiscales que encabeza el teniente fiscal del Supremo, Juan Ignacio Campos, se afirma que Juan Carlos I cobraba "comisiones y otras prestaciones de similar carácter en virtud de su intermediación en negocios empresariales internacionales", como adelantó 'El Mundo'. La petición de ayuda fiscal pretende determinar el origen de la fortuna del emérito a través de la investigación de los "hechos de ocultación, transformación, transmisión, conversión y/o posesión de fondos" que son "objeto de investigación" y que "en estos momentos" presentan indicios de tener una "procedencia ilícita", añade.

El fiscal investiga el origen de la fortuna del emérito y menciona indicios de tener una "procedencia ilícita"

Se da la circunstancia de que solo un día después de librado el auxilio internacional se supo que el rey había procedido a regularizar más de cuatro millones de euros por los viajes millonarios que le había pagado la fundación Zagatka, propiedad de su primo Álvaro de Orleans. Por ese motivo la comisión rogatoria no menciona este intento de puesta al día con el fisco, sino solo el primero, que se limitó a  678.393,72 euros, por el uso por el emérito y sus familiares cercanos de tarjetas a nombre de quien era su ayuda de campo y nutridas con fondos del empresario mexicano Allen Sanginés-Krause.

Información confidencial

En su comunicado, Sánchez-Junco afirma que las informaciones se refieren, "al parecer, a una solicitud de asistencia judicial Internacional en materia penal, remitida a las autoridades suizas hace casi siete meses, en febrero de este año 2021, por el fiscal instructor de las diligencias de investigación que se siguen en la Fiscalía del Tribunal Supremo". Esa solicitud de ayuda judicial internacional "no es pública", especifica, y "salvo las autoridades destinatarias de la misma, únicamente debería estar en conocimiento de la fiscalía, cuyas actuaciones son reservadas, sin que conste hayan sido comunicadas a parte alguna".

Añade que en esa comunicación "se contienen graves afirmaciones e imputaciones de conductas que se realizan sin apoyatura alguna y son carentes de la más mínima justificación, estando contradichas por otros hechos de los que nada se dice", aunque no precisa en su nota a qué se refiere exactamente.

La fiscalía, el mismo día que la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, entregaba la memoria de actividades del año pasado al rey Felipe VI y al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, hizo pública una nota en la que recordaba que tiene tres diligencias de investigación abiertas en su contra y que en ellas "ha remitido diferentes solicitudes de asistencia jurídica internacional a las autoridades judiciales de distintos países, entre ellos Suiza, con el objeto de recabar la necesaria información y documentación que permita avanzar en dichas investigaciones".

Inicial y provisional

Precisa "que la solicitud de cualquier asistencia judicial internacional exige necesariamente detallar todos aquellos indicios de criminalidad disponibles por la autoridad requirente, acompañados de una inicial y provisional calificación jurídica de los hechos sobre los que se fundamenta la petición, respetando así las formalidades requeridas por la normativa en materia de cooperación internacional". Por eso los delitos que cita expresamente no se pueden considerar equivalentes a "un dictamen, petición de procesamiento o conclusiones" fiscales. Precisamente de la respuesta que se obtenga de esas comisiones rogatorias dependerá que los delitos mencionados se confirmen o que se descarten, razón por la que las diligencias fiscales abiertas se transformarán en querella, que se interpondrá ante la Sala Segunda del Supremo, o acabarán siendo archivadas.

El ministerio público destaca en su comunicado la "exhaustividad y el máximo rigor" con el que dice actuar, cualidades a la que también suma "la exigible celeridad, con frecuencia condicionada por la propia dinámica de la cooperación internacional". Además de las comisiones a Suiza, entre las que figura la cursada en relación con las cuentas de Zagatka, que pagó vuelos al emérito por ocho millones de euros, también se ha pedido colaboración a México, Jersey y Mónaco, esta última justo para tomar declaración a De Orleans como testigo.