Sin un acuerdo entre los grupos parlamentarios del PSOE y el PP, que parece poco probable en las próximas semanas, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) podría llegar al próximo 4 de diciembre con sus veinte vocales y su presidente, Carlos Lesmes, cumpliendo ya tres años con el mandato caducado.
La situación no tiene precedentes en la historia de este órgano constitucional y arrastra también a instituciones como son el Tribunal de Cuentas y el Defensor del Pueblo, con mandatos igualmente caducados.La postura de Ejecutivo de Pedro Sánchez ha pasado hasta el momento por reclamar de forma insistente al PP un acuerdo que permita cumplir con las renovaciones, llegando a acusar a la formación de Pablo Casado de situarse al margen de la Constitución.
El último paso a nivel político se ha dado este miércoles durante el Pleno del Control al Gobierno, cuando de forma sorpresiva el líder del PP, Pablo Casado, ha ofrecido al Gobierno negociar la renovación de todos los órganos pendientes menos el CGPJ.
El CGPJ fuera de acuerdo
Este ofrecimiento alcanzaría a los cuatro magistrados pendientes de renovar en el Tribunal Constitucional, al Defensor del Pueblo y Tribunal de Cuentas, este último con todos sus consejeros fuera de mandato desde el pasado mes de julio. Seguiría quedando fuera el CGPJ por el empeño de la formación de Casado en reformar previamente la Ley Orgánica que regula la forma de elegir a sus vocales.
La falta de sintonía lleva a instituciones como el Tribunal Supremo y el tribunal Constitucional al borde del colapso, por la imposibilidad de hacer nombramientos y, por tanto, renovar las vacantes que se llevan produciendo. Si el bloqueo persiste más allá de esta legislatura, cuyo fin se producirá a finales de 2023, no sería posible la renovación antes de primavera de 2024, en el momento en el que colapso sea aún mayor.
La parálisis institucional afecta a la tramitación de asuntos esenciales para los ciudadanos, como por ejemplo recursos sobre asuntos laborales y también para las instituciones, como las referidas a los recursos ante el Tribunal Constitucional.
A todo ello hay que sumar que el CGPJ ha intentado seguir cumpliendo sus funciones con normalidad y ha tenido que admitir, no sin resignación, que una reforma que entró en vigor el pasado 31 de marzo -impulsada por los dos partidos en el Gobierno- limite una de sus principales funciones, que es la de hacer nombramientos discrecionales en la cúpula judicial. Este cambio también tiene como consecuencia que no puedan nombrarse en unos meses a los magistrados del Constitucional que debe designar esta institución, ni los que corresponden al Gobierno.
Y mientras en el plano político apenas comienza a moverse, el Supremo ve como sus Salas, cuyos miembros debe elegir el CGPJ, van menguando por las jubilaciones, algún fallecimiento y las salidas de algunos de sus magistrados hacia el sector privado.
En la Sala de lo Penal lograron reforzar sus secciones antes de que fuera demasiado tarde, pero la situación es especialmente preocupante en la de lo Contencioso-Administrativo, donde el año próximo algunas secciones podrían quedar sin el 'quórum' necesario para adoptar decisiones, y también en la de lo Social, donde se espera que a partir de marzo lleguen cientos de asuntos derivados del fin de los ERTE
Mal ambiente en el TC
Por lo que respecta al órgano de garantías, se tiene la sensación de que si la renovación del Consejo no se desbloquea, el acuerdo tampoco les alcanzará a ellos en los próximos meses. La falta de expectativas entre los magistrados que podrían optar a la Presidencia una vez sea renovado Juan José González Rivas -cuyo mandato está entre los caducados-, junto con la acumulación de recursos contra prácticamente todas las decisiones del Gobierno, en especial por parte de Vox, enturbian el ambiente en el órgano desde hace varios meses y está detrás de la dificultad para alcanzar unanimidades en gran parte de las deliberaciones.
La situación es preocupante, según fuentes de este órgano consultadas por El Periódico de España, y de continuar puede llevar al tribunal a una situación inédita el próximo mes de julio, cuando concluye el mandato de otro tercio del tribunal.
Se trata de otros cuatro magistrados que agotan sus años de mandato en el órgano de garantías, dos de los cuales deben ser renovados por el Gobierno y otros dos por el Consejo del Poder Judicial. Fuentes jurídicas consultadas dudan de que el Ejecutivo pueda introducir en el TC a sus dos magistrados de confianza si persiste la imposibilidad de realizar en el mismo momento los dos nombramientos restantes por parte del órgano presidido por Carlos Lesmes.
La razón se encuentra en que la renovación por tercios constituye un mandato expreso de la Constitución, que en su artículo 159.3 establece que los miembros del Tribunal Constitucional serán designados por un período de nueve años y se renovarán por terceras partes cada tres ejercicios. Así, se duda de que el Gobierno pudiera designar por libre a sus dos magistrados sin esperar al CGPJ, algo que le serviría para superar parte del desequilibrio actual por la minoría de magistrados progresistas en el órgano.
De este modo nos encontraríamos con un tribunal de mayoría conservadora -sólo tres de sus magistrados votan actualmente con criterios abiertamente progresistas-, en su gran mayoría caducado y que tiene sobre la mesa asuntos de especial importancia aún por resolver, como es el recurso del aborto, además de la práctica totalidad de las decisiones del Gobierno de Pedro Sánchez impugnadas por los partidos de la oposición, en especial por Vox.
En este punto, algunos magistrados consultados por El Periódico de España, señalan la especial situación que se da en el TC por la acumulación de recursos, más de una veintena, interpuestos por Vox contra disposiciones del Gobierno desde que logró los 52 diputados en el Congreso que le permiten acudir a este órgano.
En muchos de estos casos, a las iniciativas de Vox han seguido recursos del PP, un partido que antes de esta última etapa se conducía de forma más 'comedida' en sus iniciativas ante este órgano según apuntan fuentes del TC.
La cuestión es que casi la práctica totalidad de la gestión del Gobierno se encuentra en la mesa de un órgano creado para vigilar la Constitucionalidad de las leyes, no para ser utilizado como ariete de la oposición. Esta circunstancia, según las fuentes consultadas, también incide en un aumento de la aspereza de los debates, pese al alto nivel técnico-jurídico de los mismos.
Expectativas frustradas
A todo ello se une que el paso del tiempo desde que caducaron los mandatos reduce las expectativas de alcanzar la Presidencia por parte del tercio de magistrados más antiguos, que son los que históricamente se colocan en puesto de salida para ser designados por sus compañeros. Sus expectativas decaen, y ello también contribuye a encrespar el ambiente, según se señala desde este órgano.
Pedro González-Trevijano o Santiago Martínez-Vares como candidatos por parte del sector más conservador, o Juan Antonio Xiol como candidato de los progresistas, sonaban para haber sido designados presidente y vicepresidente del Tribunal Constitucional, respectivamente, tras la salida que debería haberse producido de González Rivas y Encarnación Roca en noviembre de 2019. Pero el tiempo sigue pasando y aunque en unas semanas se produjera el milagro de la renovación, solo podrían ejercer este cargo hasta julio del próximo año.
