En la primavera de 2006, cuando la Guardia Civil intervino un fajo de papeles gris azulado con el anagrama del hacha y la serpiente, constató que ETA estaba pasando por serias dificultades económicas.
La banda volvía a emitir vales para sacar dinero, como en la Transición. En abril había caído el colaborador Ibon Mañica cuando se trasladaba por Vizcaya entre dos herriko tabernas (bares del entorno abertzale radical). En su coche llevaba un centenar de impresos con el logo etarra, señalado el valor de 60 euros y, detrás, el letrero “Euskadi Ta Askatasunaren aldeko diru laguntza” (Apoyo a favor de ETA). Se movía con la misión de “vender” 400 de esos papeles. Cerca de 5.000 euros había recaudado ya.
Cinco años después, a comienzos del año en que declararía el final de su actividad armada, a ETA le quedarían 50 terroristas operativos, y apenas fondos con los que sostenerlos. Los golpes policiales asfixiaban su economía.
Pequeñas donaciones
ETA recurría a la peligrosa recogida de donaciones con un recibo llevable en la cartera, mostrable a los amigos, una prueba de fidelidad que siempre puede dejar rastro. “En los años 70 llevar un recibo de ETA era prestigioso en los bares”, explica una fuente de la lucha antiterrorista; ahora era una necesidad de la banda.
Con los últimos restos de impunidad que les quedaban, los colaboradores llevaban los vales a bares y comercios para tirar de la generosidad, entusiasta o forzada, de los dueños. El pitufeo mensual coincidió ese año, y el anterior, con un arreciar de los sabotajes, con y sin explosivos, contra empresas vizcaínas y guipuzcoanas; señal de que los empresarios de la zona estaban dejando de pagar el impuesto revolucionario.
El último lustro de ETA lo fue de carestía. “Se hizo peligroso recoger los pagos -comenta un veterano salido de la organización-, porque en el punto de encuentro te podía esperar la Guardia Civil”.
Golpe empresarial
Hasta el final la banda había preferido limitar el uso de cuentas corrientes, dejar la contabilidad sofisticada para las actividades en Francia.
Pero la policía gala había desmontado en 2002 Olabe Distribución, empresa con la que ETA daba cobertura, trabajos ficticios, a los etarras huidos a Francia. En mayo de 2003, los gendarmes detuvieron a los inquilinos de un chalé en Saintes, a 90 kilómetros de Burdeos: Ainhoa García Montero, jefa de comandos, y sus ayudantes Asier Aranguren y Aitor García Justo. Con ellos estaba quien había alquilado la vivienda, Thierry Iriart, vasco francés, contable de Olabe Distribución que se había librado de la encerrona de 2002 y que llevaba fondos entre Europa y Venezuela.
Fue el último contable importante atrapado. El grifo se cerraba. Hoy un jefe antiterrorista recuerda que entonces un 'talde' para atentar fuera de Euskadi salía al punto de destino con una dotación de un millón de pesetas (6.000 euros de hoy). La banda que en el tremendo año 2000 mató a Ernest Lluch, Juan María Jauregui, José Luis López de Lacalle, Fernando Buesa, Luis Portero… tenía no demasiadas necesidades de fondos: millón y medio de euros al año. Pero a partir de 2001 la extorsión, su principal recurso, se secaba. Y los secuestros llevaban ya cuatro años desaparecidos de su agenda operativa, a pesar de su importancia para las cuentas de ETA: de 86 cometidos hasta 1997 (diez con final en asesinato), 41 tuvieron móvil económico.
“Y sin secuestros perdían también su efecto complementario: amedrentar a los empresarios y avivar el impuesto revolucionario”, comentan las fuentes policiales consultadas, que calculan el resultado los 86 raptos en 6.400 millones de pesetas (38,4 millones de euros). “Un secuestro dejaba seca a la víctima”, añaden.
Camas calientes
Los miembros de una de las unidades de seguimiento desplegadas en Euskadi por las Fuerzas de Seguridad no dejaban de anotar personas diferentes que entraban en una pequeña casa de campo en las cercanías de Zumárraga. Al comienzo del verano de 2010 eran tantos, que al principio creyeron los agentes lugar de reunión lo que en realidad era vivienda. "Se la repartían hasta ocho en turnos de camas calientes”, relata un participante en la operación
El cobro se le había hecho difícil a la banda, y se había multiplicado el gasto de soporte al mundo carcelario. En 2011 eran 703 los cautivos a este y el otro lado de la muga pirenaica, y más de un centenar los fugados por Europa y América.
“Llegó un momento –relata el exetarra de primera hornada- en que se volvía a los comienzos: algunos huidos sacaban más dinero de la familia que de la propia organización”.
