Durante 43 años, la sociedad española vivió con la constante congoja de poner la televisión o la radio y encontrarse con un nuevo día de luto por culpa de ETA. La banda terrorista tiñó de sangre y dolor infinidad de jornadas entre 1968 y 2011 con sus acciones violentas. Una estrategia de terror y sufrimiento con la que se acuñaron en el vocabulario cotidiano de instituciones, partidos, medios de comunicación y ciudadanía multitud de términos relacionados con la actividad criminal de los etarras. 10 años después de que callasen las armas para siempre, recordamos en palabras y gráficos algunos de esos conceptos que, afortunadamente, ya son historia.
El coche bomba, el tiro en la nuca y la bomba lapa fueron los métodos más utilizados por ETA para llevar a cabo los 3.101 atentados que cometió en medio siglo de actividad. No obstante, en su último boletín interno 'Zutabe', fechado en abril de 2018 (último mes antes de su disolución), la banda solo asumía la autoría de 2.604 acciones. Dos de cada tres atentados, el 66,46%, tuvieron lugar en el País Vasco, la comunidad más damnificada, seguida de Madrid y Cataluña.
El secuestro, la extorsión, la violencia callejera y la persecución en forma de amenazas anónimas, carteles y pintadas fueron otros de sus modos de atentar. De todas sus acciones, 379 asesinatos atribuidos a ETA permanecen hoy impunes, pues la justicia no ha podido resolverlos. Además, ETA también asesinó a cinco miembros de la propia banda y 147 etarras murieron por enfrentamientos con la policía, atentados del GAL o la extrema derecha o víctimas de sus propias bombas.
El nombre del brazo político de ETA era el objetivo de todas las iras de los demócratas cuando, un atentado tras otro, se negaba a condenar los asesinatos de la banda, los justificaba como consecuencia de lo que llamaba el "conflicto vasco" y no tuvo durante décadas el más mínimo gesto con las víctimas. Todo lo contrario que la declaración de Arnaldo Otegi 10 años después de la desaparición de ETA. El actual coordinador de EH Bildu ha sido el líder histórico de la izquierda abertzale, una ideología que ha tenido su plasmación institucional en diversas marcas: Herri Batasuna (1978-1998), Euskal Herritarrok (1998-2001), Batasuna (2001-2003), Acción Nacionalista Vasca (2007-2008) y EH Bildu (2011-actualidad).
La ley de partidos de 2003 propinó el mayor mazazo al entorno político de ETA con la ilegalización de Batasuna y de varias marcas herederas, hasta que en 2011, el mismo año del cese del terrorismo, la justicia española avaló la legalidad de EH Bildu. En los años 80 y 90, la izquierda abertzale fue casi siempre la tercera fuerza política del Parlamento Vasco. Hoy es la segunda.
"Mire, le llamo en nombre de ETA. El Hipercor de la Meridiana va a explotar a las tres y media, cuatro menos veinte. Sobre todo, que se vaya la gente de los aparcamientos. Que salga todo el mundo y, sobre todo, del aparcamiento que no se mueva un coche. Gora Euskadi". 38 minutos después de la hora anunciada explotó un Ford Fiesta en el parking del centro comercial. Estaba cargado con 30 kilos de anomal, 100 litros de gasolina y 200 kilos de escamas de jabón y pegamento para aumentar la capacidad mortífera. 21 muertos y 45 heridos.
Para la historia queda como el atentado más sangriento de ETA, el único que la banda reconoció como "el mayor error". Mientras los tres autores materiales del atentado han cumplido ya sus condenas, los heridos y las familias de los asesinados continúan denunciando hoy el olvido institucional y la tardanza en ser reconocidas como víctimas del terrorismo. Una sentencia judicial reconoció la responsabilidad del Estado por la tardanza en evacuar el establecimiento al considerarse una falsa alarma.
ETA asesinó a otras 34 personas en Cataluña. De hecho, de los siete atentados con más víctimas mortales, tres fueron en suelo catalán: el de Hipercor, el coche bomba contra la casa cuartel de la Guardia Civil en Vic en 1991 (9 muertos, entre ellos cinco niños) y el coche bomba que acabó con la vida de seis policías nacionales en Sabadell en 1990.
Una investigación fechada en 2002 estimaba que ETA disponía entonces de un presupuesto anual de la banda era de dos millones de euros. En la dorada década de los 80 llegó a ser hasta de 6,68 millones de euros. Se calcula que el 75% de esos ingresos procedía del llamado 'impuesto revolucionario', nombre con el que se ocultaba el chantaje y la extorsión a empresarios y profesionales bajo amenazas de asesinato, secuestros y daños contra propiedades. Los etarras extorsionaron a unas 10.000 personas, aunque la mayoría no cedieron al chantaje.
La investigación más completa sobre el impacto y la financiación de ETA, realizada por un grupo de expertos vascos y publicada en 2018, concluyó que ETA financió su actividad terrorista por tres vías: recaudó entre 102,65 y 106,09 millones de euros a través de secuestros; un mínimo de 21,5 millones mediante la extorsión directa, y 19,43 millones por atracos. El costo directo del impacto del terrorismo oscila entre 20.000 y 25.000 millones de euros.
"Socialización del sufrimiento" fue la expresión que ETA patentó para justificar sus cambios de estrategia, normalmente como reacción a golpes policiales. Uno de los tentáculos de esa extensión del terror fue la 'kale borroka', la violencia callejera que las fuerzas de seguridad llegaron a definir como "terrorismo de baja intensidad", protagonizado sobre todo por jóvenes. La década de los 90 supuso un salto exponencial en estos actos, pasando de 86 casos en 1990 a 1.262 en 1996.
Este vandalismo callejero, que muchas veces coincidía con fechas señaladas en las ciudades donde tenía lugar, se traducía, por ejemplo, en lanzamiento de objetos (adoquines, piedras o cócteles molotov) contra vehículos públicos y privados, barricadas, ataques a sedes de partidos, juzgados, oficinas de Correos, estaciones de tren..., ataques a cargos electos, destrozo de mobiliario urbano (cabinas de teléfono, cajeros automáticos, papeleras...), y pintadas en inmuebles.
La iconografía de la lucha de los demócratas contra ETA tuvo dos grandes símbolos: las manos blancas y el lazo azul. Los crespones de este color proliferaron en las solapas, a partir de la iniciativa de cuatro organizaciones pacifistas, en 1993 como protesta ante el secuestro del industrial Julio Iglesias Zamora. De las solapas se extendió a lugares públicos, como plazas y fachadas de instituciones y edificios, sobre todo con los secuestros de José Antonio Ortega Lara y Miguel Ángel Blanco.
Ortega Lara, funcionario de prisiones, permaneció 532 días en un zulo (otra palabra 'acuñada' por los etarras) de 2,2 metros de ancho por 1,80 metros de alto en el que apenas podía ponerse completamente de pie. Su foto el día que fue liberado por la Guardia Civil dio la vuelta al mundo. ETA secuestró a 79 personas: 12 fueron asesinadas, 14 fueron heridas, 6 fueron liberadas por las fuerzas de seguridad y el resto fueron liberados por la banda tras pagar rescates.
Un estudio elaborado en 2020 reflejaba que seis de cada diez jóvenes no saben quién fue Miguel Ángel Blanco Garrido, cuyo secuestro y asesinato en 1997 suposo un punto de inflexión en el devenir etarra. Fue una de las acciones más crueles de los etarras, que capturaron a este concejal del PP en Ermua (Vizcaya) de solo 29 años en respuesta a la liberación de Ortega Lara y dieron un plazo de 48 horas al Estado para que acercase a Euskadi a todos los presos de la banda, una de sus históricas reclamaciones, para evitar su asesinato. Los terroristas le ejecutaron nada más terminar el plazo, provocando, antes y después del crimen, la mayor ola de repulsa en las calles conocida hasta la fecha, y que fue bautizada como el 'espíritu de Ermua'.
Según un informe del Gobierno vasco presentado en 2013, el total de personas detenidas entre 1960 y 2013 por pertenencia o colaboración con ETA era de unas 40.000. Pero, en cifras del Ministerio del Interior, menos de 10.000 fueron imputadas por su relación con la banda terrorista. Cuando ETA anunció su cese definitivo, había en las cárceles españolas 595 etarras, y otros 140 estaban en prisiones francesas. Diez años después, quedan 187 en España y 18 en Francia.
La política penitenciaria del Gobierno y sus consecuencias sociales y judiciales han alumbrado términos que también han quedado anclados en la luctuosa historia de ETA. Por 'dispersión' se conoció a la estrategia de alejar a los etarras de las cárceles vascas a fin de dificultar los contactos entre ellos. Hoy, del total del colectivo entre rejas, el 44% está encerrado en centros penitenciarios de Euskadi y Navarra. No quedan etarras en cárceles a más de 500 kilómetros. Las prisiones madrileñas de Estremera y Aranjuez son ahora los puntos de cumplimiento de pena más lejanos, con cinco internos de los llamados "duros". Los no arrepentidos.
Muchos de los que sí rompieron con ETA y se arrepintieron de sus crímenes se acogieron a la llamada 'vía Nanclares', un intento de dividir el frente de los presos facilitando la reinserción de aquellos que demostraron su voluntad de contrición y pidieron perdón a sus víctimas. Denominada así por la cárcel alavesa donde se fraguó, uno de sus máximos exponentes es Maixabel Lasa, la viuda que conoció y compartió mesa y mantel con dos de los asesinos de su marido.
Estuviesen o no arrepentidos, una treintena de etarras se vieron beneficiados por la derogación, por parte del Tribunal de Estrasburgo, de la 'doctrina Parot', impulsada por el Gobierno para prolongar las condenas a etarras y otros asesinos al aplicarles los beneficios penitenciarios sobre la pena total, y no sobre el máximo legal permitido de permanencia en prisión.
En medio siglo de terror hubo también briznas de esperanza, aunque la mayoría cayeron en saco roto. Desde la década de los 80, ETA declaró 13 treguas (ocho totales y cinco parciales) y rompió ocho de ellas al cometer atentados mientras estaban en vigor. Solo respetó las de 1989 (tres meses), 1998-99 (14 meses) y 2011, la que culminó con el "cese definitivo" del terrorismo. Esos tres altos el fuego y el decretado en 2006 (fulminado a los nueve meses con el atentado de la T-4 del aeropuerto de Barajas) fueron aprovechados por los gobiernos del PSOE y el PP para negociar con los etarras.
Aunque la cifra más dolorosa son los 857 asesinados, las víctimas de ETA son muchísimas más. Los familiares de los fallecidos, desde luego, pero también los 6.389 heridos, los 79 secuestrados, la multitud de extorsionados y la ingente cantidad de vascos que emigraron de su tierra para huir de la presión etarra. Un estudio difundido en 2007 estima que 157.417 personas abandonaron Euskadi entre 1980 y 2000, las dos décadas de mayor actividad criminal.
Cuatro de cada 10 asesinados fueron civiles; seis de cada 10 fueron miembros de fuerzas y cuerpos de seguridad, militares, políticos y funcionarios. En estos últimos 50 años, el Consorcio de Compensación de Seguros del Gobierno ha abierto 30.169 expedientes por terrorismo, que han supuesto indemnizaciones por valor de más de 538 millones de euros.
