El Ministerio de Igualdad ha puesto encima de la mesa una amplia reforma de la ley de interrupción voluntaria del embarazo y ha iniciado los trámites para modificar la ley contra la violencia de género, dos cambios legales que en el PSOE no miran con buenos ojos.

La ministra Irene Montero se ha fijado estos dos objetivos para el segundo tramo de la legislatura, pero el partido socio de Gobierno no comparte ambos planteamientos: prefiere una reforma limitada de la ley del aborto y no quiere que se abra la ley contra la violencia en el ámbito de la pareja o la expareja aprobada en 2004, uno de los mayores hitos socialistas en el ámbito del feminismo.

Montero pisa el acelerador

En materia de igualdad, los planteamientos de PSOE y Unidas Podemos difieren, como pudo comprobarse durante la tensa negociación de la ley trans. La salida de Carmen Calvo del Ejecutivo apaciguó los ánimos, pero conforme avanza la legislatura, los socios de Gobierno refuerzan sus posicionamientos para marcar su perfil propio.

El partido de Pedro Sánchez ha abrazado con fuerza la bandera de la abolición de la prostitución como una de sus grandes causas feministas y defiende su compromiso histórico contra la violencia machista, mientras que en Unidas Podemos quieren aprovechar que están al frente de Igualdad para promover reformas legales con su sello.

Con el proyecto de ley de garantía integral de la libertad sexual ya en el Congreso y con el anteproyecto de la ley para la igualdad de las personas trans y la garantía de los derechos LGTBI aprobado en Consejo de Ministros, el gabinete de Montero ha pisado el acelerador.

Además de preparar una ley integral contra la trata, quiere liderar un cambio sustantivo de la ley del aborto del 2010 y ampliar la ley 1/2004 contra la violencia machista, en la que pretende incluir el Pacto de Estado contra la Violencia de Género para garantizar su permanencia, ya que su compromiso de financiación vence en 2022. 

Estas dos leyes fueron grandes logros del PSOE de José Luis Rodríguez Zapatero y esta semana los socialistas han enviado señales a la ministra Montero de que no están cómodos con los cambios que quieren introducir en ellas, ya que estiman que estas cuestiones exceden lo pactado en el acuerdo de Gobierno. En el Ministerio reconocen que se trata de una “agenda superambiciosa”.

Los avisos del PSOE

Durante la comparecencia de Montero en el Congreso de los Diputados, el grupo socialista le transmitió dos mensajes claros: que la ley de la interrupción voluntaria del embarazo debe reformarse exclusivamente para volver a su redacción original -y acabar así con la necesidad de consentimiento paterno para que puedan abortar las chicas de 16 y 17 años- y que el Pacto de Estado es un “acuerdo político” que debe ser renovado en el Congreso y en el Senado, no en la ley contra la violencia de género. 

A pesar de estas aseveraciones del grupo parlamentario, fuentes de Igualdad explican a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA, diario que pertenece a este grupo, Prensa Ibérica, que en el seno del Gobierno no ha habido “ningún distanciamiento” ni ninguna advertencia sobre la “hoja de ruta” del Ministerio, aunque reconocen que habrá que “negociar y trabajar mucho” a distintos niveles para llegar al máximo entendimiento y más allá de lo pactado en el acuerdo de coalición.

Recuerdan desde Igualdad que la consulta pública de la ley del aborto fue pactada con el Ministerio de Sanidad y en ella se reconoce que existen “obstáculos que han dificultado el ejercicio efectivo y pleno” de los derechos recogidos en la norma y se ofrece un diagnóstico que evidencia que “la situación es mejorable en términos de servicio público”, cuestiones que justifican su reforma.

El borrador de la ley estará preparado en diciembre e Igualdad quiere acabar con la necesidad de consentimiento paterno para las chicas de 16 y 17 años y con los tres días de reflexión para interrumpir el embarazo, garantizar que los centros sanitarios públicos practiquen estas interrupciones y abordar la violencia obstétrica, las malas praxis durante el parto.

La posibilidad de regular la objeción de conciencia de los médicos y la consideración de las malas prácticas obstétricas como violencia son dos asuntos en los que se esperan desencuentros entre los socios de Gobierno. La diputada socialista Laura Berja avisó a Montero en el Congreso de que la ley del aborto sólo debe cambiarse para el asunto del consentimiento paterno, como se fijó en el acuerdo de coalición, y que el resto de medidas para mejorar su cumplimiento han de incluirse en la Estrategia Nacional de Salud Sexual y Reproductiva.

Berja también dijo que, en lo relativo al Pacto de Estado contra la Violencia de Género, lo que hay que hacer es implementar “hasta la última medida” y renovarlo como “acuerdo político, institucional y social” en el Congreso y en el Senado: “La ley de 2004 y el Pacto de Estado son las herramientas necesarias para abordar de forma integral la violencia en la pareja o la expareja, lo que tenemos que hacer es cumplirlos”, aseguró en la Cámara Baja.

Días después de esta llamada de atención socialista, el Ministerio de Igualdad abre este lunes la consulta pública previa para modificar la ley contra la violencia de género.

Renovar el pacto

La delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Victoria Rosell, explicaba en rueda de prensa que el objetivo prioritario sería institucionalizar las medidas del Pacto, garantizar su financiación permanente por ley, si bien considera que su modificación constituye una “oportunidad” para hacer “retoques” como ampliar el alcance de la ley a todas las formas de violencia contra la mujer. 

Las fuentes de Igualdad consultadas son optimistas con el devenir de sus proyectos y aseguran que nada hace indicar que “vaya a haber un problema” en estas dos cuestiones, aunque no obvian que pueden darse momentos puntuales en los que “las cosas se pongan más difíciles”. Esa coyuntura ya se ha dado en el pasado, pero inciden en que finalmente se superaron los escollos. “Hasta ahora las cosas nos han ido saliendo bien”, concluyen.