Aún no hay acuerdo entre PSOE y Unidas Podemos, pero sí se percibe un gesto de avance y de flexibilidad en la parte mayoritaria del Gobierno. Moncloa admite que sea el Ministerio de Trabajo y Economía Social, el que pilota la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, quien lidere las negociaciones ordinarias en la mesa del diálogo social sobre la reforma laboral. Pero también demanda a cambio que otros departamentos concernidos por una medida troncal de la legislatura, liderados por ministros socialistas, participen de esas conversaciones. Se empieza, pues, a desbrozar el camino hacia la reconciliación, pero las discrepancias persisten, al menos a estas horas, sobre la metodología y, para los morados, también sobre los contenidos.
La portavoz del Gobierno, la socialista Isabel Rodríguez, sabía que este martes pesaba sobre ella toda la presión de estos últimos días consecuencia de la mayor crisis abierta en la coalición desde que echó a andar. De ahí que llevara preparadas sus palabras y quiso hacer, primero, "pedagogía" sobre lo que supone el modo de funcionamiento de una coalición de gobierno, para después deslizar ese gesto al socio minoritario del Gabinete. Esto es, dejar claro que es Díaz quien pilota la interlocución con empresarios y sindicatos.
"No hay ningún problema, porque es lo razonable, por que formalmente, en la mesa del diálogo social, quien lidera y representa al Gobierno es el Ministerio de Trabajo, pero también parece razonable que, en esa mesa, donde se van a discutir aspectos concretos que afectan a otros ministerios, participen miembros de otros departamentos", explicó a los periodistas en la rueda de prensa posterior a la reunión semanal del Ejecutivo.
En la misma línea se expresó la vicepresidenta primera, Nadia Calviño, en la clausura de la XVIII Jornada Nacional de Periodismo, organizada por la Asociación de Periodistas Europeos (APE): no hay "ningún tipo de inconveniente" en que sea Trabajo quien lidere la mesa de la reforma laboral, aunque es clave que haya una "buena coordinación" en el Ejecutivo ahora que se enfila la "fase decisiva" de la negociación con los agentes sociales. Calviño insistió en que no hay discrepancias sobre la "sustancia", sino que lo que se está abordando es cómo llegar al consenso. "Estamos, sobre todo, hablando de la metodología, sobre cómo vamos a organizarnos de aquí a final de año para lograr ese deseado acuerdo", señaló. Sin embargo, desde Unidas Podemos se insiste en que las diferencias radican en los contenidos. Díaz, de hecho, dudaba este lunes de que todo el PSOE estuviera comprometido con la derogación de la legislación del mercado de trabajo que alumbró el PP en 2012.
La mesa, desde marzo
La reunión de la mesa de seguimiento de los acuerdos de coalición se cerró este lunes por la noche sin acuerdo, pero las conversaciones han continuado en estas horas. La portavoz, de hecho, apuntó que espera que esos contactos que se mantienen a lo largo del día avancen en el desbloqueo de la crisis. Ella, como Calviño, se centró en que las diferencias tienen que ver con la "metodología", con cómo el resto de ministerios concernidos por la reforma laboral participan de ese diálogo con patronal y centrales.
La parte mayoritaria del Gobierno, explicaron fuentes de la Moncloa, quiere estar formando parte de la negociación "antes, durante y después de la mesa". Esa mesa de la reforma laboral se reúne, desde el 17 de marzo, todos los miércoles, y se sentaban, al menos hasta ahora, dos representantes de Trabajo (el secretario de Estado, Joaquín Pérez Rey, y la directora general, Verónica Martínez), otros dos de CEOE, dos de Cepyme, dos de UGT y dos de CCOO.
Desde el equipo de Díaz se ha venido recalcando en los últimos días que "coordinación" siempre había, y que de todos los avances estaban al corriente Economía y la Moncloa. Este martes, tanto la portavoz como Calviño no explicitaron que haya de ser Economía quien "coordine" los trabajos, como el viernes sancionó el presidente, Pedro Sánchez. Pero sí dejaron claro que el PSOE ha de estar. "No se entendería que una parte importante del Gobierno no participara en una reforma tan trascendental como la laboral", observó la portavoz durante su comparecencia.
El objetivo, dijo Rodríguez, es alumbrar una nueva regulación, "trascendental", que "no es una contrarreforma", y que pretende "modernizar" el mercado de trabajo siguiendo la estela de la transformación de la economía y el modelo productivo. Para Calviño, también hay una "total claridad" de las cuestiones a abordar: simplificación de los contratos y que el indefinido sea el modo de contratación habitual, reducir la temporalidad, "reequilibrar" la negociación colectiva, "restaurando esos consensos rotos con las reformas laborales anteriores" o una regulación de las subcontratas que "erradique la precariedad y que garantice que no se produce una devaluación salarial y una competencia a la baja que deteriore las condiciones laborales". "Esa hoja de ruta, ese conjunto de elementos, son los que estamos abordando con los agentes sociales y sobre los que yo confío en llegar a un acuerdo y tener una buena reforma laboral de aquí a final de año", detalló la vicepresidenta primera.
Pero Díaz, tras reunirse con su homólogo en Roma, desmontó las tesis de la Moncloa y desmintió que hubiera acuerdo: subrayó que el debate sobre el método "no existe", y además a la ciudadanía no le "importa". Lo que hay es un "debate sobre los contenidos", y por eso ha instado a que se acometa lo antes posible. En su equipo señalaban que formuló la petición por escrito a Calviño y que, para verse con ella, adelantó su regreso desde la capital italiana.
Los socialistas son muy insistentes en que la medida ha de contar con el apoyo de los agentes sociales (de los sindicatos, pero también de la patronal) y ha de ser bendecida por Europa. En palabras de Rodríguez, la reforma laboral, que será "una ley de legislatura y una marca de este Gobierno", ha de hacerse "con el máximo del diálogo y el mayor de los consensos". El Gobierno "prefiere" que se repita el acuerdo que hubo con la primera remodelación del sistema de pensiones, que pactó con empresarios y centrales, para dar mayor "seguridad" al mercado de trabajo.
