El calendario de 'macrojuicios' al que se enfrenta la Audiencia Nacional en los próximos meses, con causas que llegan a las cien partes personadas en algunos de los casos, ha evidenciado un gran problema logístico: no hay sitio donde poder celebrar las vistas, y menos aún con los protocolos covid, que obligan a respetar las distancias de seguridad. Por ello, este mismo lunes la Sala de Gobierno estudia dirigirse ya al Ministerio de Justicia para pedir una solución urgente.

Fuentes jurídicas consultadas por 'El Periódico de España' señalan que en la reunión se estudiará un documento concreto que ha revelado la magnitud del problema, y que su pone uno de los últimos servicios que prestará a este órgano la hasta ahora presidenta de su Sala de lo Penal, Concepción Espejel, que toma posesión este jueves de su sillón de magistrada del Tribunal Constitucional.

Antes de marcharse, Espejel ha entregado un documento al presidente de la Audiencia, Juan Ramón Navarro, con un listado que incluye juicios que se prevé puedan llegar a reunir más de cien asistentes en algunos de los casos, entre acusados, representantes de personas jurídicas procesadas y abogados. 

Algunos de ellos, además, se prevé que duren más de seis meses o incluso lleguen al año, lo que hace imposible pensar en residenciarlos en las Salas que existen en la sede central de la calle García Gutiérrez de Madrid ni tampoco en los locales de San Fernando de Henares (Madrid) donde se han venido celebrando los 'macrojuicios' en los últimos años, como los del caso Gürtel o recientemente el de la 'caja b' del PP.

Un año de Gürtel

Precisamente la pieza principal de 'Gürtel' es una de las que plantea problemas de espacio, al haberse procesado a 26 personas físicas y otra veintena de jurídicas, por lo que se espera que en la sala de vistas estén sentadas finalmente cerca de cien personas porque es común que algunos despachos desplacen dos abogados al juicio. Además, la vista será larga, ya que se estima que podría durar entre 9 meses y un año.

En esta pieza, la última contra la trama de Francisco Correa que quedaba en instrucción, se volverá a juzgar al 'conseguidor' del PP junto a su derecha, Pablo Crespo por presuntos delitos  delitos fiscales por los que la Fiscalía Anticorrupción les pide 77 años de prisión.

Otro asunto que previsiblemente superará el centenar de asistentes es el que sentará en el banquillo a 15 acusados y 58 personas jurídicas, más una decena de partícipes a título lucrativo por el caso Nueva Rumasa. En esta causa se juzga el entramado empresarial urdido por José María Ruiz-Mateos años después de que el Estado le expropiara la antigua entidad en 1983.

Los seis hijos del empresario fallecido se enfrentan a una petición de 16 años de cárcel por parte de la Fiscalía por presuntos delitos de estafa, blanqueo de capitales y alzamiento de bienes por estafar cientos de millones de euros de la banca y de pequeños inversores que fueron posteriormente evadidos para evitar el pago a los acreedores de la sociedad.

Los Ángeles del Infierno y los 'Miami'

Se busca también lugar para juzgar a casi medio centenar de integrantes de los Ángeles del Infierno. En diciembre de 2019, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, envió a juicio a un total de 47 personas por integrar este grupo de delincuencia organizada implantado en Baleares. La Fiscalía Anticorrupción pide hasta 38 años y medio de cárcel por un rosario de delitos que van desde la prostitución, la extorsión y el tráfico de drogas hasta la detención ilegal, el fraude y el blanqueo.

Pero una de las causas que más preocupa por el gran espacio físico que requerirá es la que debe juzgar a 'Los Miami', una macrocausa con 93 imputados que se espera dure unos ocho meses desde el próximo mes de marzo

Se trata, tal y como señaló la Policía Nacional tras su desarticulación en 2011, de una de las mayores organizaciones de tráfico de drogas que han operado en España, que llegaron a mover 150 millones de euros en operaciones ilícitas según informó en su día la Cadena Ser.  

En el escrito de acusación de la Fiscalía, se habla de hasta 44 testaferros que “retornaban” el dinero de España hasta Florida a través de sociedades tapadera. Entre los acusados está Ana María Cameno, conocida como 'la reina de la coca', que tiene pendiente también un segundo juicio en la Audiencia Nacional por una operación de 2014 en la que se vendieron cien kilos de cocaína.

No es la primera vez que la Sala de Gobierno de la Audiencia Nacional encara este asunto, pero será esta semana cuando se discuta una petición concreta al Ministerio de Justicia. Según informó Europa Press, la Audiencia Nacional cuenta desde 2009 con sede en el municipio madrileño de San Fernando de Henares, unas instalaciones de más de 7.000 metros cuadrados pensadas expresamente para albergar macrojuicios; y fue en 2015 cuando el edificio García Gutiérrez se modernizó por completo ampliando además su superficie desde los 9.600 a los 11.500 metros cuadrados. 

No obstante, todos los espacios se quedan cortos y es necesario buscar un lugar que permita reunir a las personas que participan en los 'macrojuicios' más numerosos y además dejar el espacio libre para otros asuntos. Estas causas complejas se alargan durante muchos meses, sin embargo no son los únicos juicios que tiene por delante la Audiencia Nacional. Existe el precedente del juicio del 11-M cuando Justicia alquiló un espacio en la Casa de Campo de Madrid para poder celebrar las sesiones sin 'hipotecar' el resto de salas de vista existentes.