El acuerdo alcanzado por el Gobierno con ERC para dar la luz verde definitiva a los Presupuestos Generales del Estado, y que implica la imposición a las plataformas de streaming como Netflix o HBO Max de unas cuotas mínimas de contenidos en las lenguas cooficiales del Estado, ha sido recibido con silencio y cautela no solo por parte de esas compañías, sino también por una buena parte del sector audiovisual. Todos están a la espera de ver cómo quedan reflejadas esas cuotas en la Ley que finalmente salga del Parlamento.

El vehículo para la aplicación de las cuotas será la nueva Ley General Audiovisual, que sirve para transponer la directiva comunitaria al respecto y que es una de las reformas incluidas en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. La normativa que proviene de Bruselas fuerza a que la oferta de las plataformas de vídeo incluya un 30% de producción europea; dentro de ésta que un 15% sea en cualquiera de las lenguas oficiales españolas, con el castellano en cabeza; y un 6% en lenguas cooficiales.

Dentro de este última cuota forzosa, sin embargo, no se establecerán distingos. Esto es, no se aplican cuotas diferenciadas entre catalán, gallego y euskera. Si Netflix incluye un 6% de producciones originales en catalán ya habrá cumplido con la obligación de la nueva ley, aunque no programe ni una producción en gallego o euskera, según han confirmado fuentes del Ministerio de Asuntos Económicos. Dado el poder que históricamente ha tenido la industria audiovisual catalana frente al resto de las del Estado, este puede ser un punto abierto a las fricciones entre diferentes comunidades autónomas y partidos.

Pormenores y calendario

En la cuota del 6% sólo computarán las obras producidas directamente en lengua cooficial y algunas de las obras dobladas que están producidas originalmente en varios idiomas -quedarán fuera las que están simplemente subtituladas-. Por otro lado, la normativa no exigirá que se trate de nuevas producciones audiovisuales, sino que Netflix o HBO Max podrán alimentar su catálogo con obras ya existentes, por ejemplo en catalán, para cumplir con las exigencias de la Ley Audiovisual.

El Gobierno renuncia a ofrecer ayudas concretas a través de financiación pública para que las plataformas de vídeo sumen obras en castellano y lenguas oficiales. “No va a haber financiación pública. Las cuotas lingüísticas serán una obligación legal y el coste lo van a asumir en su totalidad los operadores obligados”, sentencian desde el departamento comandado por la vicepresidenta Nadia Calviño.

El Gobierno dará de margen hasta 2023 a las plataformas que son gigantes globales del audiovisual como Netflix, Amazon Prime Video, HBO Max y Disney+, pero también a los servicios bajo demanda de las operadoras de telecomunicaciones como Movistar+, Orange TV o Vodafone TV, para adaptar su catálogo y cumplir con las cuotas obligatorias. Tras la aprobación inminente del anteproyecto de ley por el Consejo de Ministros, al texto aún le quedará una larga tramitación parlamentaria que hará que no esté en vigor previsiblemente hasta al menos mediados de 2022. El cumplimiento de las cuotas forzosas -cuyo control será encomendado a la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC)- se articulará mediante un cómputo anual, así que las plataformas dispondrán de todo 2023 para ir sumando obras en lenguas cooficiales a su oferta.

No se pronuncian

Ninguna de las plataformas consultadas por este periódico ha querido pronunciarse sobre un acuerdo que todavía tiene que hacer todo su recorrido legislativo, limitándose a señalar, en alguno de los casos, que “seguimos esperando el borrador oficial de la Ley”.

La prudencia también es generalizado por parte de las diferentes federaciones de productoras del sector audiovisual que existen en España. Muchas de ellas están formadas por asociaciones radicadas en comunidades autónomas con realidades muy diferentes dentro del sector, por lo que establecer una posición común no es tarea fácil.

La única que ha querido saludar el acuerdo como algo positivo, aunque con reservas, ha sido PROA, una de las federaciones más importantes y que, aunque se reconoce como estatal, agrupa fundamentalmente a compañías del ámbito lingüístico catalán: Cataluña, Baleares y Comunidad Valenciana. "Desde PROA aplaudimos la decisión de proteger las lenguas cooficiales. No obstante, nos tomamos el acuerdo con precaución hasta que conozcamos la propuesta completa de ley que pasará por el Consejo de Ministros”.

Añadían a esto el que sigue siendo su principal caballo de batalla: “Nuestra prioridad continúa siendo la protección de la producción independiente, por lo que quedamos a la espera de conocer el texto completo". Para esta federación, como también para PIAF (Productoras Independientes Audiovisuales Federadas), esa figura del productor independiente es la única garantía de que se llegue a producir contenido audiovisual que refleje la diversidad de España.

Antonio Mansilla, presidente de PIAF, insistía a este diario que "si no se protege al productor independiente cambiando el estatus que tiene ahora mismo, no hay que descartar que a medio plazo todo quede en manos de cinco o seis productoras internacionales". Ese mensaje, sin embargo, lo combinaba con otro de optimismo: "El audiovisual en España está creciendo, y si se cumplen los planes del Gobierno con el famoso Hub Audiovisual, en cuatro años podríamos ver un crecimiento del 30%. Lo importante, para conseguirlo, es que ese crecimiento sea viable para todos, incluidas las plataformas, que han contribuido a él".

El futuro del audiovisual catalán

A pesar de lo que dice Mansilla, no todo han sido buenas noticias en los últimos años dentro de esta industria en España. De hecho, la supervivencia del antaño muy poderoso sector audiovisual catalán, mermado en la última década por un proceso progresivo de centralización de la producción española en torno a Madrid en el que también han tenido algo que ver las plataformas, ha sido la principal razón, incluso por encima de las culturales o lingüísticas, que ha llevado a ERC a convertir las cuotas que fija esta Ley del Audiovisual en el principal caballo de batalla para aprobar los presupuestos.

Como fuentes de la formación explicaban hace unas semanas a este periódico, de lo que se trata es de “proteger a una industria que factura 6.702 millones de euros en Cataluña y genera 26.651 puestos de trabajo”, aunque también aducían que “esto no se trata de una guerra entre idiomas, ni de echar un pulso al castellano que no tendría sentido. Lo que decimos es que si no protegemos a nuestra lengua, acabará desapareciendo”.

Las principal voz de alarma sobre el sector en Cataluña la dio hace un año la Academia del Cinema Català, cuando sacó a relucir que las producciones de cine catalanas del año 2019 habían supuesto solamente el 31% del total de las del Estado (84 de 265), cuando una década antes, en 2010, representaban el 50%. Achacaban esa caída al crecimiento global de la producción española, que había pasado de 170 títulos a 265, pero esas cifras reflejaban dos líneas de evolución muy diferentes: mientras el total nacional despegaba, la producción catalana se estancaba.

Dentro del ámbito catalán, otro organismo que lanzaba una advertencia, en este caso tras conocer el acuerdo Gobierno-ERC, era el Consell de l’Audiovisual de Catalunya (CAC). Fuentes de esta institución, que preferían no pronunciarse sobre las cuotas y el detalle del acuerdo, reconocían a este periódico que “lo que nos preocupa es que todavía no se haya hecho ninguna referencia a las competencias que tenemos los reguladores de ámbito territorial como el CAC, el de Andalucía o el recientemente constituido en la Comunidad Valenciana, en lo que hace referencia a los nuevos servicios. En concreto, a los servicios de petición (Netflix, etc), pero también a las plataformas de intercambio de vídeo (YouTube, Vimeo y otros), que son precisamente los medios que son consumidos de manera mayoritaria por el segmento más joven”. En el puñado de medidas anunciadas por ERC que se incluirán en la Ley Audiovisual no aparecía ninguna referencia a este tipo de organismos.

Sí figura, en cambio, entre esos logros que ERC se atribuye en el acuerdo, el de crear un fondo de promoción de la lengua para incluir en las plataformas el doblaje y subtitulación existente, y promover otros nuevos que estas tendrán que incorporar en sus catálogos. Además, "se incorpora la lengua de signos catalana", aunque no especifica cómo, y se garantiza que un mínimo del 15% de la producción de televisión lineal pública del Estado sea en en catalán, euskera o gallego. Añade también que "la ley prevé por primera vez destinar a la producción en lenguas cooficiales un 10% de los fondos que recaude el ICAA a través del impuesto del 5% que la ley fija para las plataformas privadas, y el 6% de las públicas".

Obligado cumplimiento

Desde el Gobierno se apunta que en la futura ley se considerará como infracción muy grave que las plataformas incumplan en más de un 10% las cuotas lingüísticas en su catálogo. A falta de aprobar el anteproyecto de ley definitivo, en el último borrador de la norma sometido a consulta pública se incluían para las infracciones muy graves un sistema de sanciones en función del volumen de facturación de cada compañía. 

Las multas por incumplir las cuotas lingüísticas serán de hasta 60.000 euros para empresas con ingresos de menos de 2 millones de euros; de hasta 300.000 euros para grupos con ventas de hasta 10 millones; sanciones de hasta 1,5 millones para plataformas con ingresos anuales de hasta 150 millones; y las multas serán del 3% de todos sus ingresos para las compañías de mayor tamaño.