Centenares de policías se han manifestado en Madrid en contra de la derogación de la ley mordaza, o por ser más preciso, en contra del texto que va a sustituir la 'ley mordaza'. El argumento más repetido ha sido el de "la desprotección de los agentes". Con los manifestantes han estado los líderes del PP y de Vox, Pablo Casado y Santiago Abascal, quien han coincidido en algunos mensajes, sobre todo en éste: si gobiernan, borrarán del BOE la nueva norma del Ejecutivo de Pedro Sánchez. También han estado los dirigentes de Cs, Edmundo Bal y Begoña Villacís, según publica este jueves El Periódico de España.
El PSOE ha desplegado una ofensiva argumental ambiciosa. Ha lanzado a las redes sociales una serie de explicaciones sobre el proyecto que, junto a Unidas Podemos y los aliados parlamentarios, prevé aprobar durante las próximas semanas, quizá meses, depende de cómo se cierre el calendario parlamentario del año y de cómo empiece el de 2022, el cual, cabe puntualizar, no se activará antes de febrero. También ha comparecido ante los medios el portavoz del partido, Felipe Sicilia, y el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha efectuado unas declaraciones para destacar que los agentes policiales no van a quedar desprotegidos.
Las calles de España avanzan hacia un estado de protesta permanente. En Cádiz, los trabajadores del metal, que exigen mejoras salariales porque el IPC está disparado y sus nóminas no. En Madrid, los policías, que piden detener la nueva ley de seguridad antes de su aprobación y, por consiguiente, de su desprotección. Volverán a manifestarse el próximo sábado. Está en duda la asistencia de Pablo Casado. Volverán los dirigentes de Vox; también los de Cs. El presidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero vio cómo la oposición de entonces, sólo el Partido Popular, promovía concentraciones en defensa de las víctimas de ETA. Pedro Sánchez ve cómo la oposición de ahora alienta protestas en defensa de los agentes policiales.
Sobre los argumentos de los que están en contra se ha discutido mucho este miércoles. El PSOE ha tildado algunos de ellos de "bulos". Sobre los argumentos de los que están a favor se ha debatido también mucho. La mayoría de los sindicatos policiales y de las asociaciones de la Guardia Civil estiman que todo lo que se propone el Gobierno es menoscabar su trabajo y su operatividad.
Varios ámbitos pueden servir para arrojar luz al debate, si es que es posible entre tanto ruido.
OBEDIENCIA AL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
Dos sentencias del alto tribunal avalan el encaje en la Carta Magna de la vigente ley de seguridad ciudadana. La que emitió en noviembre del año pasado es la más significativa porque se pronuncia sobre el conjunto de la norma. Otra, el pasado mes de enero, reforzó la tesis.
La mayoría de los magistrados, hace un año, defendieron el contenido de la ley menos un precepto, el 36.23, el que considera infracción grave "el uso no autorizado de imágenes o datos personales de autoridades o miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado" que "puedan poner en peligro la seguridad personal o familiar de los agentes, de las instalaciones protegidas o en riesgo el éxito de una operación, con respeto al derecho fundamental a la información".
En el inciso "no autorizado" está la inconstitucionalidad. El alto tribunal explica que ese término, "uso", para que encaje entre las sanciones graves, requiere de la publicación o difusión "ilícita" de las imágenes o datos, por lo que no bastaría la "mera captación". Asimismo, según establece el TC, la expresión "datos personales" conlleva una referencia a la vida privada, y por tanto, se tendrá en cuenta en todo caso para determinar si prevalece el derecho a la información.
Lo que han hecho PSOE y Unidas Podemos, en el pacto alcanzado hace un par de semanas, es atender a esta 'recomendación' y proponer una redacción que impide la sanción a la toma y difusión de imágenes de los agentes que "no afecten al derecho a la intimidad o a la seguridad de los policías o de sus familias". Por decirlo en otras palabras: si alguien graba a un agente en plena actuación para la contención de una protesta, difunde la imagen, y al hacerlo, genera un riesgo a su seguridad o una lesión a sui vida privada, sí habrá sanción.
En esta misma sentencia, el TC valida las devoluciones en caliente en frontera, pues estima que es conforme a la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Ahora bien, destaca que el rechazo a las personas extranjeras ha de llevarse a cabo con garantía de las normas y acuerdos internacionales ratificados por España. Los socios de la coalición, de acuerdo con esto, han decidido sacar de la nueva ley de seguridad ciudadana para enmarcarlas en la normativa de extranjería, y siempre dentro del marco de dichas normas internacionales.
Imitación de un acuerdo logrado en 2019
En las enmiendas conjuntas con las que la coalición pretende reemplazar la ley de seguridad ciudadana figuran otras muchas pretensiones que PSOE y Unidas Podemos han hechos suyas a pesar de que estaban todas, sin excepción, en el acuerdo político y parlamentario que una ponencia estuvo a punto de forjar a primeros de 2019. Ponencia en la que el PP participó y en la que hasta llegó a implicarse, cara a un hipotético pacto.
Acuerdo que quedó en nada porque a raíz de la devolución del proyecto presupuestario al que instó el Congreso, Pedro Sánchez convocó elecciones anticipadas. Dicen diputados y exdiputados que participaron en aquel proceso que si la ponencia de la Comisión de Interior se hubiera reunido una vez más, el pacto se habría producido.
Casi tres años después, PSOE y Unidas Podemos han pactado la obligación de comunicar sólo las manifestaciones sobre eventos previstos, como las concentraciones del 1 de mayo o incluso las que convocaron los sindicatos policiales y asociaciones de guardias civiles este miércoles en Madrid y otras ciudades españolas. También la prevista para el día 27.
Las manifestaciones que se organicen como consecuencia de hechos sobrevenidos o decisiones judiciales o políticas se podrán convocar y no serán sancionadas, aunque, si derivan en lances violentos, sí lo serán.
Los registros corporales y operaciones de identificación de ciudadanos conllevarán constancia escrita de su motivación por parte del agente y los desnudos que se lleven a cabo en comisaría quedarán sujetos a la garantía de intimidad de la persona. El tiempo de estancia en dependencias policiales se reduce (máximo de dos horas) y se añade la obligación de devolver al detenido al lugar en el que se le hubiera practicado la diligencia. Multas adecuadas a la capacidad económica del administrado y el requisito de que el testimonio del agente, en caso de juicio, sea lógico y coherente son otras modificaciones.
Por la red han circulado bulos. Uno de ellos hace alusión a la supresión de, precisamente, la presunción de veracidad del agente. No se elimina, sino que se le exigirá coherencia. Tampoco se prohibirá el uso de material antidisturbios que sea muy contundente, como las pelotas de goma, sino que se pedirá que no sea lesivo.
Cada uno de los cambios reseñados retocan la ley vigente. Si PP o Vox la recurrieran al Constitucional, como han dicho que harán, el alto tribunal deberá pronunciarse.
Pero son cambios que proceden del consenso parlamentario, al menos el que se registró hace tres años. El PNV se basó en él para presentar una proposición de ley ante el pleno del Congreso en octubre de 2020. Sobre ese texto trabajarán los grupos políticos. Aunque ERC y EH Bildu han eludido decantar su apoyo, e incluso, como el caso de la formación catalana, han registrado enmiendas que van mucho más allá del marco trazado por PSOE y Unidas Podemos, una mayoría amplia parece abrirse paso en la Cámara para aprobarla.
Promesa del acuerdo de Gobierno
El ministro de Interior Fernando Grande-Marlaska, ha defendido la proposición de ley registrada en el Congreso y los cambios a los que aspiran los socios de Gobierno. Ha dicho, según declaraciones recogidas por Efe, que el objetivo es perfilar una norma que respete los derechos de los ciudadanos y dé seguridad a las actuaciones policiales.
Interior fue el departamento que ralentizó el acuerdo sobre la derogación de la 'ley mordaza'. Desde que dos ministros le dijeron al portavoz del PNV, Aitor Esteban, que comenzarían a trabajar sobre el documento de su grupo hasta que efectivamente empezaron pasaron dos-tres semanas. Ese lapso lo provocó Interior, aseguran fuentes conocedoras de las negociaciones parlamentarias, debido a las reticencias de la Policía.
En cualquier caso, el camino que sigue la nueva ley de seguridad es el marcado por el compromiso del acuerdo programático PSOE-Unidas Podemos firmado en diciembre de 2019. Es cierto que decía que la nueva norma vería la luz "a la mayor brevedad", lo que no se ha cumplido, pues ha tardado dos años, media legislatura. De hecho, la vigente 'ley mordaza' ha amparado varias actuaciones policiales durante el estado de alarma motivado por la pandemia.
"Estará basada -suscribían los futuros socios de Gobierno- en una concepción progresista de la seguridad ciudadana y priorizará la garantía de derechos y la protección de la ciudadanía, y en particular regulará, entre otros, el derecho de reunión, la identificación y registro corporal, la identificación de los agentes y la derogación del artículo 315.3 del Código Penal". Ese precepto, sobre la penalización del ejercicio de la huelga, fue derogado en abril. Levantó polémica el preámbulo de la iniciativa al explicitar una crítica abrupta a la gestión del anterior Ejecutivo del PP, algo sin precedentes en el BOE.
