El Gobierno muestra su preocupación por la evolución de los datos económicos. En plena sexta ola, y ante la amenaza de la nueva variante ómicron que ha puesto en guardia a las autoridades políticas y sanitarias, se ve obligado a acelerar el calendario de las reformas ante las previsiones de recuperación mermadas por la pandemia.
Sólo una hora después de conocerse el último dato de la inflación, que indica un aumento del IPC hasta el 5,6%, su máximo en 29 años, Pedro Sánchez ha ordenado convocar dos Consejos de Ministros semanales hasta final de año -lo habitual es celebrar uno, los martes-, con el objetivo de agilizar algunas de las medidas de corte económico antes de 2022.
Así, fuentes del Ejecutivo han señalado que el presidente ha dado instrucciones de "acelerar la actividad del Ejecutivo", con el objetivo de "consolidar así la recuperación económica", en un cambio de guion que evidencia la preocupación que empieza a existir en Moncloa por una recuperación que se ha visto mermada en los últimas semanas ante la amenaza de una sexta ola y el atasco de los Fondos Europeos. De aquí a final de año, por tanto, se celebrarán diez Consejos de Ministros, que tendrán lugar martes y jueves de cada semana.
Este mismo martes, el Gobierno aprobará en Consejo de Ministros la Ley de Empleo, por la que se creará una agencia de empleo estatal, y esta misma semana se aprobará en el Congreso el Real Decreto que inyecta cinco millones de euros a la Seguridad Social y llega al Senado la Ley de la Cadena Alimentaria.
Desde el Ejecutivo, no obstante, tratan de transmitir confianza y adelantan que esta semana se publicarán "muy buenos datos de empleo y afiliación a la Seguridad Social", en referencia a los datos que se darán a conocer este jueves.
La solidez de la recuperación
La intención de Moncloa de volcarse en la actividad legislativa para ayudar a la recuperación es la prueba de que está costando dejar atrás los efectos económicos de la pandemia más de lo esperado, la recuperación no es tan sólida como parecía hace unos meses y, además, se han añadido circunstancias como la subida de la factura de la luz por el alto precio del gas, controlado por unos pocos países, y la crisis de suministros, que ha provocado la dificultad para volver a poner en marcha la producción mundial.
Además, se han añadido circunstancias como la subida de la factura de la luz, que sube este lunes un 6,74% y se sitúa en los 215 euros/MWh; un aumento que se viene produciendo en los últimos meses por el alto precio del gas, controlado por unos pocos países, y la crisis de suministros, lo que ha provocado la dificultad para volver a poner en marcha la producción mundial.
La consecuencia directa de incremento de la luz es que se ha disparado la inflación y esto tiene una repercusión no sólo en el gasto de las familias sino también en los costes de producción. Y esto último es lo que lastra la recuperación de las empresas, porque supone una dificultad añadida a la salida de la crisis.
Los primeros síntomas de esta incipiente crisis ya se han dejado ver: el viernes el Ibex español se desplomó más de 5%, con las empresas turísticas como principales perjudicadas, el peor dato desde junio de 2020. Aunque este lunes el Ibex 35 ha abierto en verde, se trata de un crecimiento muy ligero que no compensa el desplome de la pasada semana.
España cuenta con el colchón de los fondos europeos -140.000 millones de euros- y en los últimos meses el Ejecutivo de coalición se ha agarrado a ello para pensar que les permitirá afrontar con mayor solvencia las próximas elecciones generales, pero el problema, según distintas fuentes consultadas, es que para las empresas está suponiendo un arduo proceso poder concurrir a estas ayudas.
Rebaja general de las previsiones
Todos estos factores alimentan las dudas sobre cuán vigorosa será la recuperación económica en España, después del desplome histórico del 10,8% del PIB nacional en 2020. El retraso en la ejecución de los fondos europeos, el golpe de los enormes cuellos de botella en la cadena global de suministros o el alza desbocada de los precios energéticos son factores que han ido dejando solo al Gobierno en su optimismo sobre las previsiones de la evolución del PIB, y todas las instituciones nacionales e internacionales y los centros de análisis han ido rebajando sus estimaciones para este año y el próximo hasta colocarlas muy por debajo de las del Ejecutivo.
El Gobierno ha insistido en los últimos días en que sus previsiones económicas para este año y el siguiente son “realistas” y “prudentes”. Pero lo cierto es que el Ministerio de Asuntos Económicos se ha quedado solo en la defensa del optimismo sobre la intensidad de la recuperación.
El cuadro macroeconómico gubernamental -sobre el que se asientan los Presupuestos Generales del Estado de 2022 recién aprobados- contempla crecimientos del PIB del 6,5% este ejercicio y del 7% el próximo. Una estimación que el Ejecutivo mantiene inalterada contra viento y marea desde
La rebaja de previsiones en las últimas semanas ha sido generalizada. Las incertidumbres sobre la solidez y la rapidez de la recuperación en España ha llevado a todas las instituciones internacionales (Comisión Europea, Fondo Monetario Internacional…) y nacionales (Banco de España, Airef…), y también a las casas de análisis, a revisar de manera drástica sus cuadros de estimaciones económicas hasta dejarlos netamente por debajo de los deseos del Gobierno o anunciar que lo harán en breve.
La pandemia ha provocado vaivenes extremos en la economía, con desplomes históricos y crecimientos fortísimos con apenas meses de diferencia, lo que está suponiendo un reto para los servicios de estudios y estadísticos. La insólita revisión de la estimación de crecimiento del segundo trimestre de este año por parte del Instituto Nacional de Estadística (INE) -del 2,8% inicial a sólo un 1,1%- y el anuncio del organismo de que revisará esta vez al alza el dato anunciado para el tercer trimestre -del 2%- han venido a sembrar más dudas y más temores a que la reactivación se puede topar con choques de realidad a cada paso y hasta que se asiente una evolución normalizada de la economía.
El Banco de España ha anticipado “una revisión significativa a la baja” de sus previsiones de crecimiento de la economía española, que actualmente ya se sitúan por debajo de las del Gobierno con alzas del 6,3% este año y el 5,9% el próximo. “Las previsiones se han quedado obsoletas”, dijo el gobernador Pablo Hernández de Cos en el Congreso de los Diputados, tras la revisión inesperada de los datos del INE. La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) también ha mostrado su malestar por los vaivenes en las estimaciones del INE y por la dificultades que generan para valorar la idoneidad de las cuentas de los PGE de 2022.
Retraso de los fondos europeos
El temor a una infrautilización de los fondos europeos es otro factor clave que alimenta el renovado pesimismo sobre la fortaleza de la recuperación. España recibió el pasado agosto los primeros 9.000 millones de la Unión Europea y se esperan otros 10.000 millones a final de año, aunque la previsión de gasto del Gobierno era mayor con partidas presupuestarias contempladas en los PGE de este año.
El Ministerio de Hacienda sostiene que ya se ha autorizado un 67% de los fondos previstos para este año -a través del Consejo de Ministros y de las diferentes Conferencias Sectoriales-, que la ejecución del gasto comprometido es del 51,8% y que las obligaciones de gasto reconocidas son del 34,4%. Pero sin ofrecer datos sobre ejecución real.
Empresas, consultoras y analistas dan por hecho, no obstante, que este año sólo se conseguirá utilizar menos de la mitad de los 24.200 millones de euros del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) que se incluían en los PGE de 2021 (una cifra que incluso escala hasta 27.000 millones si se suma también la utilización de fondos del programa React UE).
El BBVA Research estimaba en un principio que sólo llegarían a ejecutarse entre 10.000 y 15.000 millones de euros de los 27.000 que estimaba el Gobierno. Sin embargo, en su último informe rebaja más aún las expectativas y establece que "será difícil siquiera alcanzar la cota inferior de la primera estimación”.
Según los cálculos de Funcas, de los 27.000 millones de fondos europeos presupuestados para este año hasta el momento sólo se habrían ejecutado o transferido 5.700 millones por parte del Gobierno. A esa cantidad, extraída del portal de convocatorias del Ejecutivo, habría que sumar los proyectos puestos en marcha por las comunidades autónomas; una suma que en todo caso no llegaría al 30% de lo presupuestado.
Las últimas estimaciones del Banco de España -que resulta previsible que también sean revisadas a la baja- apuntaban a que este año se absorberán 11.602 millones de euros de fondos europeos (sumando las inversiones del Plan de Recuperación y las del programa paralelo del React EU), muy lejos del máximo previsto por el Gobierno. Y la ejecución de los fondos, según el supervisor, se elevará hasta 31.185 millones el próximo ejercicio y a 24.458 millones en 2023.
La Airef estima que el Gobierno ha ejecutado únicamente el 20% de los fondos europeos presupuestados para este año
La Airef es más pesimista y prevé que en el conjunto del año sólo llegarán a su destinatario final gastos del Plan de Recuperación por unos 9.000 millones. La entidad alerta de que, según la contabilidad nacional, el Estado ejecutó hasta finales de agosto 4.902 millones, en torno al 20% del gasto presupuestado como créditos definitivos, pero la práctica totalidad de ese gasto fueron transferencias de fondos a organismos de la Administración central y de las CCAA, así que no puede considerarse gasto real. Al cierre de agosto, de hecho, sólo se habían ejecutado gastos por 104 millones de euros de manera finalista.
Empresarios y analistas coinciden en que las causas del retraso son múltiples: descoordinación administrativa, falta de personal para tramitar los expedientes, una excesiva concentración en las reformas -el Gobierno está dedicando toda su atención a la de pensiones y a la laboral, dicen, en detrimento de las inversiones- y la parálisis de los grandes proyectos (PERTE). El temor principal: que la falta de ambición de las iniciativas inversoras que finalmente se acometen hagan que la economía española no se beneficie de la inyección de millones para hacerse más competitiva.
