Tras dos horas y media de reunión este miércoles, Gobierno y ERC no ponen todavía fin a su última crisis como socios de legislatura. Ambas partes quedaron en seguir conversando, y coinciden en que deben acordar una ley audiovisual en la que se sientan las dos partes cómodas, pero no hay aún una redacción cerrada. Una fórmula que permita obligar a todas las plataformas, incluidas las extranjeras (como Netflix, HBO Max o Amazon Prime Video), incluir en su catálogo un 6% de producciones en catalán, gallego o euskera, como desean los independentistas, y que al mismo tiempo quede dentro del marco europeo, como advierten los socialistas, que obviamente no quieren que peligren sus Presupuestos para 2022, ahora en el Senado.
Al Ejecutivo y a ERC les interesaba reencauzar su crisis lo antes posible, y se pusieron manos a la obra. Se vieron las caras —telemáticamente— en una reunión por videoconferencia al máximo nivel programada para las 18 horas pero que finalmente arrancó poco después, unos 30 minutos más tarde. Los socialistas estaban representados por los ministros de la Presidencia y de Hacienda, Félix Bolaños y María Jesús Montero (expertos fajadores de acuerdos, en la vertiente política y económica), más la vicesecretaria general del PSOE, Adriana Lastra —que atesora una buena relación con los republicanos desde el arranque de legislatura—, y el portavoz parlamentario, Héctor Gómez. Por ERC, se sentaron sus portavoces en Barcelona y Madrid, Marta Vilalta y Gabriel Rufián, más el presidente del grupo en el Parlament y del consell nacional del partido, Josep Maria Jové (mano derecha del líder, Oriol Junqueras), y el secretario de Comunicación del Govern, Oriol Duran.
"Hemos mostrado el desacuerdo —señalaban fuentes republicanas a este diario tras concluir la cita virtual, pasadas las nueve de la noche— y que trabajaremos las enmiendas para blindar el catalán para que no haya equívocos. El PSOE ha mostrado compromiso por su parte de trabajar las enmiendas". "Hay acuerdo en que hay que acordar una ley en la que ambos estemos cómodos. No hemos cerrado el acuerdo porque no hemos ido al artículo concreto. Eso lo haremos estos días", complementaban desde Ferraz. Fuentes socialistas calificaron la cita como "constructiva", en la que se "constataron algunas diferencias de interpretación respecto al texto pactado por ambos en la ley", y tras la que ambos se emplazaron a seguir hablando "desde este jueves", con reuniones de carácter "técnico y político" para alcanzar una solución "pronto". "No hay intención de engañar, pero hay que dar cobertura legal a esa demanda, no es cuestión de voluntad política, que sí que la tenemos", insistía otra tercera fuente del PSOE. Desde el Gobierno recordaban que el pasaje relativo a las lenguas se consensuó en todo momento con ERC e indicaban que ese blindaje del catalán podría solventarse con un informe técnico-jurídico que salvase las “diferencias de interpretación" de la letra del proyecto o bien incorporándole modificaciones durante la tramitación parlamentaria.
Ambos socios se conjuraron para no entrar en detalles que puedan arruinar la negociación. Pero los dos se sienten compelidos, en efecto, a cerrar pronto su choque: la primera prueba material de que las armas se han enfundado vendrá el viernes: entonces concluirá, a mediodía, el plazo para presentar los vetos a los Presupuestos de 2022. ERC se guardaba esa carta por si no se reconducía la fractura. Pero ya este miércoles no reiteraba esa amenaza: "Hay muchas maneras [de protestar], no solo los vetos".
A vueltas con la directiva
Los contactos entre los socialistas y republicanos comenzaron en la noche del martes, una vez que Rufián lanzó la señal de alarma, al advertir de que no solo podía caer la ley audiovisual, sino que también peligraban los Presupuestos Generales del Estado y la agenda legislativa del Ejecutivo. El bipartito necesita los 13 votos de ERC para sacar adelante los decretos y reformas que tiene en cartera, ya que no tiene ya opción ninguna de mirar a la derecha. La relación con la formación de Junqueras es un capital que no puede perder.
El Ejecutivo siempre fue reacio a establecer cuotas en la ley audiovisual. Apostaba y apuesta más por los incentivos, pero al final, para cerrar el trato con ERC, aceptó integrar en el articulado que las plataformas oferten un 6% de su catálogo en lenguas cooficiales. Pero fue este martes, tras el Consejo de Ministros, cuando confirmó que esa obligación no podía concernir a las operadoras no radicadas en España, porque no lo permite, según su lectura, la directiva europea.
La normativa comunitaria, que data de 2018, y que todos los Estados miembros tenían que haber traspuesto en septiembre de 2020, establece, en su artículo 13, que los Estados miembros velarán por que las plataformas de 'streaming' sujetas a su jurisdicción "dispongan de un porcentaje de al menos el 30% de obras europeas en sus catálogos y garanticen la prominencia de dichas obras". ERC, sin embargo, interpreta que hay margen legal para obligar a todas las prestadoras de televisión a demanda, incluidas aquellas radicadas en el extranjero a ofrecer un porcentaje de su catálogo en catalán, gallego o euskera, y recuerdan que algunas, como la estadounidense Netflix, también tienen sede en España.
La vicepresidenta primera, Nadia Calviño, responsable del texto, aseguró este miércoles que el Gobierno está "muy abierto a la negociación". Pero añadió el aviso: "Todo el proyecto de ley tiene unas cuotas tremendamente complejas" y no se puede introducir nada que "contradiga la directiva" comunitaria.
Reunión este jueves con el PNV
Al PSOE se le abrió, al tiempo, una grieta interna, en el seno de la coalición: Jaume Asens, presidente de Unidas Podemos en el Congreso, protestó por que la ley no había sido negociada con ellos. Pero la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, fue más conciliadora, y a eso se aferró la Moncloa: “Estoy segura de que vamos a alcanzar un acuerdo. Dejemos trabajar a todo el mundo”.
Los socialistas intentan reconducir su relación con ERC pero a la vez buscan cuidar a otro socio preferente: el PNV. La semana pasada, como pudo saber este diario, el presidente, Pedro Sánchez, se entrevistó con el líder de la formación 'jeltzale', Andoni Ortuzar. Y este jueves, por la mañana, Santos Cerdán, secretario de Organización socialista —y muñidor de acuerdos con los nacionalistas—, y Héctor Gómez se verán con Ortuzar y con el portavoz vasco en la Cámara baja, Aitor Esteban.
En las últimas semanas, la interlocución se había tensado por el protagonismo de Bildu en la negociación de los Presupuestos. De hecho, las conversaciones con el PNV sobre las cuentas de 2022 no se hallan formalmente cerradas: Esteban ya advertía la semana pasada de que quedaban flecos y cuestiones por mejorar, de modo que el trámite en el Senado no estaba salvado al 100%. La ministra Montero subrayó que tenía al partido nacionalista como socio siempre "prioritario", aunque confiaba en que no tuviera que introducirse ningún cambio a los PGE a su paso por la Cámara alta. En las próximas horas se comprobará si la incomodidad del PNV se sutura o aún queda por aplicar más Betadine.
