El CGPJ cambia su dictamen para advertir del "olvido" de las competencias autonómicas en la Ley de Vivienda

Tras un intenso debate sobre su contenido, El Pleno del CGPJ ha acordado por 15 votos a 6, rechazar la del vocal y exdiputado del PSOE Álvaro Cuesta y designar nuevos ponentes, que serán los vocales José Antonio Ballestero y Enrique Lucas. El nuevo texto se debatirá en el Pleno del próximo día 27 de enero.

Según fuentes consultadas por EL PERIÓDICO DE ESPAÑA, diario que pertenece a este grupo, Prensa Ibérica, la mayoría de los vocales no comparte la conclusión del informe sobre el título competencial y ello impregna múltiples cuestiones que exigen reelaboración.

En el texto que ha presentado al Pleno, al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO DE ESPAÑA, Lucas discrepa del criterio expresado en el borrador de Cuesta al entender que "evidencia una atracción artificiosa a la esfera estatal de la ordenación completa y agotadora de una materia", la vivienda, que el artículo 148.1.3º de la Constitución dejó a disposición de las Comunidades ."Intensa intervención pública"Se impone, según este vocal, "un modelo de intensa intervención pública en la vivienda que hace irreconocible la configuración del derecho de propiedad que contiene la vigente legislación civil", añade que su "dificultosa articulación con las vigentes leyes autonómicas de vivienda será problemática en detrimento de la seguridad jurídica en tan sensible materia".

Antes de celebrarse el debate ya trascendieron las pegas al texto, que validaba en términos generales los planes del Gobierno, entre ellos la intervención del mercado del alquiler. Llegaron desde todos los ámbitos de este órgano, no solo del sector conservador. Se hablaba de su falta de calidad técnica y de su marcado sesgo ideológico, que pasa por alto factores de competencias de las comunidades autónomas en materia de vivienda que se olvidan en la ley y de ausencia de críticas al excesivo intervencionismo del proyecto del Ejecutivo de Pedro Sánchez.

Frente a estos planteamientos, el texto que se debatía este viernes en el CGPJ valida la intervención en el mercado del alquiler, y simplemente advierte de que en la norma se echa en falta una justificación suficiente de la necesidad de las medidas de contención de precios.

Según el texto de la propuesta, que supera las 97 páginas y al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO DE ESPAÑA, el diseño legal contenido en el anteproyecto para intervenir en el mercado de alquiler de viviendas es compatible con el derecho a la propiedad del artículo 33 de la Constitución. Añade Cuesta en su informe que la regulación adoptada no hace irreconocible dicho derecho ni niega la utilidad económica de la propiedad, por lo que se mueve dentro de los parámetros de control establecidos por el Tribunal Constitucional y por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

No obstante, el borrador del informe echa en falta una justificación suficiente de la necesidad de las medidas de contención de precios de alquiler de viviendas, basada en un análisis empírico del resultado de dichas medidas. 

Se sugiere, por ello, la conveniencia de establecer un periodo temporal de aplicación de las medidas restrictivas, de forma que se pueda evaluar su resultado e incidencia tanto en el mercado de alquiler residencial como desde el punto de vista social y económico.

El informe sometido a debate parte de unas consideraciones generales favorables por cuanto el Anteproyecto de ley constituye un instrumento normativo adecuado para consagrar y dotar de contenido el derecho a la vivienda, que la Constitución recoge en su artículo 47.1. 

Aspectos a mejorar

Entre otros aspectos, la propuesta de informe advierte de la inconcreción e imprecisión que afecta a algunos enunciados. Como ejemplo, y sin perjuicio de las competencias autonómicas en la materia, señala la ausencia de un mínimo grado de concreción en la definición de conceptos como infravivienda, vivienda digna y adecuada y condiciones asequibles conforme al esfuerzo financiero o en el establecimiento de los deberes del ciudadano en relación con las actuaciones de conservación, reparación o mejora de la vivienda.

Responsabilidad en los jueces

Esa falta de concreción se aprecia especialmente en los preceptos que determinan las reglas de intervención de precios del mercado de alquiler de viviendas. En ese punto, el prelegislador parece haber renunciado a regular mecanismos pre o extraprocesales específicos para asegurar el cumplimiento de las limitaciones que se introducen en la disposición final primera del texto, dejando en manos de los órganos judiciales su exigibilidad y cumplimiento.

Esta solución, advierte la propuesta de dictamen, tendrá una incidencia en la carga de trabajo que soportan los tribunales, ya de por sí elevada, advierte el análisis, cuyo texto definitivo, el que se remita al Gobierno, no tendrá en todo caso carácter vinculante.