El juez Alejandro Abascal y el fiscal Pedro Martínez Torrijos han abierto una causa en la Audiencia Nacional por crímenes contra la humanidad, esclavitud, delitos contra las personas en caso de conflicto armado y pertenencia a organización criminal contra el ciudadano español Manuel Terrén Parcerisas, afincado en Brasil. El magistrado ha admitido una querella que le sitúa como el "gran jefe" en África de un grupo empresarial radicado en Andorra que promovió entre 1999 y 2002 la venta ilegal en Europa de los conocidos como "diamantes de sangre" de Sierra Leona.
Como primera diligencia el instructor ha llamado a declarar a partir del 8 de febrero, en calidad de testigos, a varios de los exempleados de las empresas andorranas supuestamente implicadas en los hechos para tratar de confirmar los indicios delictivos que se desprenden de la querella, a la que ha tenido acceso El Periódico de España.
España entra así en la investigación de los diamantes de sangre. Así son conocidos internacionalmente las piedras preciosas obtenidas mediante el uso de esclavos para financiar guerras. El expresidente de Liberia Charles Taylor fue condenado en 2012 por crímenes contra la humanidad por usar diamantes de sangre para financiar la guerra civil en Sierra Leona.
Un papel "importante"
Terrén Parcerisas, quien todavía no ha sido llamado a declarar como investigado, desempeñó un papel "importante en el comercio de diamantes de sangre", según la querella. El texto sostiene que era accionista de la empresa andorrana Orfund Holding, a la que se le acusa de promover este comercio ilícito, y que fue un actor "clave" en la planificación y negociación de la creación de dos empresas pantalla -DiAndorra y Blue Stone, de la que tuvo acciones-, en Liberia. Y cuando el negocio estuvo en marcha, Terrén se convirtió en la "persona de confianza" de la red en África, supervisando la actividades de Blue Stone y DiAndorra.
La acusación sostiene que este empresario con nacionalidad española y andorrana jugó un papel importante en el conflicto de Sierra Leona mediante la firma andorrana Orfund Holding. Esta sociedad habría financiado "el esfuerzo bélico" con la venta de piedras preciosas al poner en marcha una fachada empresarial en Liberia para asegurar el contrabando de "diamantes de sangre" provenientes de los territorios controlados por el grupo armado del Frente Revolucionario Unido (FRU) que operaba en Sierra Leona. El objetivo era poder venderlos saltándose la prohibición de Naciones Unidas.
Este empresario controlaba el trabajo diario de las firmas andorranas que movían dinero entre España, Andorra y Liberia. Él aprobaba los gatos de salarios, hoteles, seguridad y transportes. Por ello, supervisaba los trabajos de extracción de las minas de Liberia, que en realidad eran improductivas. Eran la tapadera para hacer pasar como liberianas las piedras preciosas procedentes de las zonas en conflicto de Sierra Leona.
No eran rentables
Según la querella, Terrén Parcerisas recibía informes sobre el trabajo realizado en los 42 "marigots" (minas) de Liberia e incluso sobre cuántas personas faltaban para hacer guardia en las mismas y cuánto había que pagarles. Por eso, la querella considera que Terrén Parcerisas debía saber que esas minas "no eran un negocio rentable".
Las acciones legales contra esta supuesta organización criminal las ha emprendido en España el abogado Hernán Daniel Garcés Durán en nombre de su cliente, el ciudadano de Sierra Leona Ahia N., uno de los alrededor de 300 trabajadores que fueron esclavizados por militares del Frente Revolucionario Unido (FRU) en la mina de diamantes en la localidad de Tombodu. "Nacido en 1963, fue obligado a trabajar día y noche junto con otros 300 civiles, en condiciones inhumanas de vida, en las minas de Tombodu para extraer los diamantes". Esta víctima del trabajo esclavo presencia, según la querella, cómo tres de sus amigos fallecieron en las minas. Uno de ellos habría sido asesinado porque sus captores pensaron que quería escapar. Los otros dos habrían muerto de agotamiento por el trabajo.
El escrito que ha admitido a trámite la Audiencia Nacional especifica que empresarios andorranos y el español Terrén Parcerisas, mediante el abogado Jacques Pierre Levy, utilizaron empresas pantalla de Liberia para vender de contrabando los "diamantes de sangre" comprados al Frente Revolucionario Unido (FRU) de Sierra Leona, uno de los contendientes en la guerra civil que causó, según los organismos oficiales, más de 70.000 muertos y 2,6 millones de desplazados.
"Una tapadera"
El 5 de julio de 2000 el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas prohibió la importación de diamantes en bruto de Sierra Leona sin la certificación expedida por el Gobierno de este país, que sufría una guerra civil. Para que la exportación de la piedras preciosas no fuera paralizada, la firma andorrana llevó de contrabando las piedras preciosas de Sierra Leona a Liberia, según el relato del denunciante. En este país abrieron una explotación minera de diamantes de muy baja calidad. En realidad, según un exempleado de la firma andorrana, era "una tapadera" que se utilizaba para cambiar el origen de las gemas, y saltarse la prohibición que afectaba a las piedras de Sierra Leona.
La acusación sostiene que los querellados contaron con el apoyo de empresarios de Liberia, pero también del expresidente liberiano Charles Taylor, -que fue condenado en el Tribunal de La Haya a 50 años de cárcel por crímenes de guerra-. Este llegó a autorizar la apertura de la mina "fantasma" en su país y eximió de impuestos a las empresas implicadas en los hechos: DiAndorra y Blue Stone, filiales en Monrovia (Liberia) de la andorrana Orfund Group SA. Terrén Parcerisas tendría un 10% de las acciones.
"En las minas de Blue Stone no había diamantes de joyería, eran diamantes industriales sin valor", aseguró el exempleado, que en una declaración judicial llegó a reconocer que los auténticos diamantes que se exportaban a Amberes (Bélgica) se compraban en las oficinas de las empresas de Liberia.
Una empresa belga
La querella indica también que para entregar los diamantes en bruto en Europa, Orfund Group se habría asociado con la firma belga Cindam, que según el relato de los hechos pasó a llamarse B.C.B. International justo después de que el entonces secretario general de la ONU, Kofi Annan, identificara el tráfico de diamantes por parte del FRU en Sierra Leona y Liberia como objeto de sanciones internacionales.
También especifica que solo entre enero y julio de 1999 Cindam, a través de Societat General del Diamant, recibió al menos cuatro envíos de diamantes de Blue Stone y DiAndorra, con un valor estimado de 409.623 dólares. Para mover el dinero utilizaron cuentas bancarias de Crédit Andorra y Artesia Bank, aunque también se enviaron sumas de dinero con Western Union.
Según el acuerdo, cuyos documentos figuran adjuntos en la querella, las filiales de la andorrana Orfund debían exportar los diamantes en bruto directamente a la sede en Amberes de la empresa Cindam. A cambio esta pagaba a Orfund, a través de una transferencia bancaria, una suma equivalente al 80% del precio de venta estimado de las mercancías: "En Amberes, Henri Thieren y el personal de Cindam analizaban, clasificaban y realizaban una estimación de los precios de venta de los diamantes".
Intermediario en Liberia
El "intermediario" o "eslabón necesario" de la organización andorrana en Liberia fue, siempre según la querella, el empresario afincado en Monrovia, -la capital de este país-, Alhaji Sekou Fofana, con quien la organización ya había hecho negocios en Costa de Marfil. Se encargó de entrar en contacto con el jefe interino del grupo rebelde del FRU, Sam Bockarie, alias Mosquito, al mismo tiempo que era amigo del presidente liberiano, Charles Taylor. Por eso, la andorrana Orfund Group le nombró presidente de sus filiales en Liberia.
Fofana y el empresario español querellado eran los encargados de supervisar las minas de Liberia, que permitían a la empresa Orfund crear una "fachada ideal" para vender los diamantes de alta calidad que, de hecho, venían de Sierra Leona. Y para completar el engaño, este empresario liberiano empleó a personal de seguridad en cada mina para evitar el "saqueo" y dar la impresión de que las minas estaban siendo explotadas. También en la querella se informa de que el enlace africano de los empresarios andorranos habría viajado en varias ocasiones a España. Así lo confirmó en una declaración judicial Joan Samarra, uno de los socios fundadores de Orfund, que confesó que las minas de Liberia eran "improductivas". "También indicó que los diamantes eran de Sierra Leona, porque en Liberia no había". Un extrabajador completó que los de Liberia eran "diamantes industriales sin valor".
Un testigo protegido señaló a Terrén Parcerisas como la persona que se desplazó a Monrovia para encontrarse con Fofana y preparar los documentos necesarios para crear las empresas tapadera: "Por un lado, se explotaban las concesiones diamantíferas de Blue Stone, propiedad de Fofana en Liberia, pese a que solo producían diamantes de poca calidad. Por otro lado, DiAndorra compraba regularmente valiosos diamantes de Sierra Leona a los guerrilleros del FRU".
Soldados en Monrovia
Cindor Reeves, cuñado del expresidente liberiano Charles Taylor, confesó a la Fiscalía del Tribunal Especial de Sierra Leona que "los españoles", que hablaban inglés "con acento" salían de Liberia con diamantes comprados al FRU. Los dirigentes de este grupo armado acudían a Fofana para reclamar el dinero que los "españoles" debían de los diamantes. En el mismo sentido, un exempleado de Blue Stone confirmó en una declaración celebrada en el Juzgado de Instrucción número 20 de Barcelona que personas de Sierra Leona "vestidas de soldados" acudían a la sede de la empresa en Monrovia para vender diamantes.
Otros testimonios de los excombatientes del Frente Revolucionario Unido, recogidos en la querella, ponen de manifiesto que el jefe de la guerrilla viajó a Monrovia para reunirse con el intermediario Fofana "y dos hombres blancos" en busca de "municiones".
"De acuerdo con la información provista por los excombatientes los hombres blancos indicaron que ayudarían al FRU. [El líder guerrillero] Bockarie les entregó un pequeño lote de diamantes por el cual los hombres blancos pagaron 15.000 dólares. Se llegó a un acuerdo para que visitasen Kono. Luego de esta reunión, el FRU compró medicamentos y alimentos gracias al dinero percibido", completa el texto que ya investiga el juez Abascal.
En la querella se destaca que antes de junio de 1999 "un hombre blanco" de Blue Stone acudió a las minas de Sierra Leoana para confirmar que los guerrilleros del FRU controlaban las mismas de diamantes: "Pasó dos días en Koidu, donde visitó varias minas gestionadas por el FRU. También fue testigo de las condiciones de trabajo de los civiles de la mina. En aquel momento estaban siendo custodiadas por hombres armados", destaca el escrito del abogado Hernán Daniel Garcés Durán.
"En los calcetines"
Uno de los chóferes aseguró haber trasladado a hombres blancos de la empresa Blue Stone a Sierra Leona en más de una decena de ocasiones: "Había hombres armados del FRU operando en Kono puesto que la zona era considerada casi como línea de frente de combate. Los dos hombres blancos paseaban alrededor de los pozos diamantíferos junto con los agentes de la ATU para ver las minas. Hombres armados del FRU vigilaban toda la zona y entre ellos había niñas y niños soldados", completa el texto de la querella. Los dirigentes de la empresa andorrana examinaban los diamantes y se los llevaban a Liberia "en los calcetines".
El texto que investiga la Audiencia Nacional considera que la lucha por el control de los diamantes alimentó la guerra. En este sentido, varios exmiembros del FRU reconocieron haber recibido en julio de 1999 "vehículos cargados de municiones" de la empresa Blue Stone. También habrían comprado "un misil" o "bomba RPG" [una granada propulsada por un cohete] y municiones para fusiles AK 47. Los convoyes con las armas fueron escoltados hasta Sierra Leona por el hombre de confianza del expresidente Taylor, identificado como 'coronel Jungle' [Jungla].
"VIOLENCIA HORROROSA"
Según el Tribunal Especial para Sierra Leona desde noviembre de 1996 y hasta enero de 2002 el Frente Revolucionario Unido lanzó un ataque generalizado y a gran escala, con "maltrato" y "violencia horrorosa" contra la población civil, como parte de un plan común para adquirir y ejercer el control de las zonas de extracción de diamantes.
Esta guerrilla extrajo las piedras preciosas "a través del trabajo esclavo", según consta en la causa judicial contra las actividades del FRU, que considera probado que este grupo armado vendió diamantes para obtener armas, municiones, medicamentos y alimentos. El mencionado tribunal también consideró probado que numerosos civiles fueron capturados en Sierra Leona para ser enviados como esclavos al distrito de Kono para trabajar en las minas. En concreto, al menos 400 civiles fueron tomados como prisioneros en la ciudad de Makeni, en el corazón del país, para ser trasladado en camiones a Issa Sesay, en el distrito de Kono.
La sentencia que condenó al expresidente de Liberia a 50 años de cárcel el tribunal confirmó que Charles Taylor prestó asistencia al FRU en sus actividades mineras, al mismo tiempo que le suministró armamento y conectó a empresarios con el FRU con el propósito de establecer acuerdos para la compra de armas. Fue retribuido con diamantes.
Diamantes a cambio de armas
También suministró material de comunicación, apoyo logístico, financiero, técnico y operativo. El expresidente liberiano promovió que el grupo armado FRU reconquistara la provincia de Kono, donde están situadas las minas, "con el propósito de negociar con él diamantes a cambio de armas y municiones", según el fallo.
La querella presentada en la Audiencia Nacional también alude a las vinculaciones de la supuesta organización criminal querellada con otras dos causas delictivas en Liberia. El primero es el caso del ciudadano belga Michel Desaedeleer, quien estuvo involucrado con el comercio de diamantes con el FRU entre 1999 y 2000. El segundo es el del neerlandés Augustinus Petrus Kouwenhoven, quien en 2017 fue condenado en los Países Bajos por su participación en la comisión de crímenes de guerra y tráfico de armas en Liberia con el apoyo de Charles Taylor.
El escrito del abogado Hernán Daniel Garcés Durán también relaciona la empresa Orfund con la actuación de las compañías madereras utilizadas en Liberia para el tráfico de armas. En concreto, el exministro de Finanzas de Andorra Jordi Cinca, quien fue accionista de la empresa, envió dos fax a la maderera implicada en el comercio de armas Exotic Tropic Timber Enterprises en relación a su intención de sufragar facturas telefónicas por un montante de más de 152.000 dólares.
