El banco suizo Mirabaud, en el que Juan Carlos I depositó entre 2008 y 2010 un total de 102 millones de dólares procedentes de las monarquías de Arabia Saudí (100 millones) y de Bahréin (casi dos millones efectivo), evitó informar al organismo suizo que se encarga del control de las actividades de los mercados financieros (Finma) de que la empresaria Corinna Larsen no había justificado, de forma fehaciente, otros dos ingresos de 5 y 2 millones de dólares procedentes de Kuwait y Bahréin. Y no alertó de estos hechos, según las conclusiones incluidas en el escrito del fiscal Yves Bertossa en el que comunica a la entidad financiera una sanción de 50.000 euros, por "miedo" a que las autoridades de este país descubrieran la existencia de la cuenta bancaria que el monarca había abierto allí años antes, mediante la fundación panameña Lucum.

Por el contrario el fiscal de Ginebra considera, según consta en el documento de 13 de diciembre al que ha tenido acceso El Periódico de España, que el banco ocultó los movimientos de fondos -de al menos 7 millones de dólares- de Corinna Larsen para así evitar un "importante riesgo reputacional". Mirabaud trataba así, prosigue Bertossa, de impedir que se conocieran los movimientos de dinero de Juan Carlos I, que estaban conectados con los de su examante. En el mismo sentido, el posible impacto que tuviera este hecho en la imagen del banco fue uno de los motivos que dio la entidad en 2012 para cerrar la cuenta de la fundación panameña del emérito.

A lo largo de diez páginas el fiscal suizo relata que el banco ya disponía en 2018 de numerosas evidencias de que el dinero que había recibido Larsen de las monarquías del Golfo Pérsico podía tener un origen "criminal". Sin embargo, los empleados y directivos de Mirabaud defendieron que las explicaciones y justificaciones que recibieron había sido "suficientemente plausibles". Este fue el motivo, recuerda la Fiscalía, con el que los directivos justificaron que no hubieran alertado a las autoridades bancarias de las operaciones sospechosas.

Sin justificación

Según el relato de la sanción impuesta al banco en 2018, cuando aparecieron en la prensa española las primeras grabaciones del comisario José Manuel Villarejo en las que Corinna Larsen aludía a las cuentas de Juan Carlos I, Mirabaud determinó que el ingreso de 5 millones de dólares procedentes del Gobierno de Kuwait que tuvo lugar el 23 de noviembre de 2010 no necesitaba ninguna aclaración suplementaria.

Y los directivos del banco no pidieron más datos pese a que en ese momento no disponían de ninguna copia del contrato que justificara la importante cantidad de dinero recibida, que la Fiscalía suiza vincula a un viaje que realizó a Kuwait el entonces jefe de Estado español entre el 9 y el 14 de noviembre de 2010. Larsen explicó únicamente que la transacción se debía a una actividad de consultoría en el marco de las relaciones entre España y Kuwait.

Mirabaud tampoco informó a las autoridades financieras suizas de que Larsen no había justificado documentalmente un segundo ingreso, este de 5 de mayo de 2014, por un valor de dos millones de euros procedentes del Gobierno de Bahréin. La empresaria germano-danesa justificó este cobro en virtud de los servicios para el desarrollo de relaciones en Europa, Rusia y Sudamérica. Aquí sí aportó un "pequeño" contrato. La Fiscalía suiza asocia este cobro de dinero a las actividades de Juan Carlos I, quien habría viajado días antes a este país asiático en visita oficial.

Cinco sospechas

El fiscal Bertossa da cuenta por ello de hasta cinco hechos que obligaban al banco a informar a las autoridades suizas de los movimientos de dinero de Corinna Larsen. El primero por los artículos de prensa de 2018, en los que se situaba a la examante de Juan Carlos I como la testaferro del monarca, algo que ella ha negado en todo momento. Estas informaciones periodísticas eran un serio indicio de que los valores patrimoniales de la fundación Lucum eran susceptibles de tener un origen criminal.

En segundo lugar porque el cobro de 5 millones de euros por parte de Corinna Larsen estaba "insuficientemente documentado", ya que no se llegó a aportar ningún contrato al respecto de los supuestos trabajos llevados a cabo por la empresaria. Pero también por la relevancia del montante de la transferencia y la justificación del mismo, en virtud de honorarios de consultoría, por lo que el banco tendría que haber redoblado sus verificaciones.

En tercer lugar, otro indicio que debería haber levantado las sospechas del banco es que Larsen utilizara su cuenta personal para cobrar 7 millones de euros , pese a que para sus trabajos profesionales utilizaba la de su empresa, con la que percibía de forma habitual sus honorarios: "Por eso, la transacción tendría que haber sido considerada como extraña", destaca el fiscal.

Transferencias

También tendría que haber alertado a los directivos de Mirabaud el hecho de que entre las cuentas que tenían abiertas Corinna Larsen y la fundación del rey emérito hubiera transferencias cruzadas de importantes sumas de dinero. En concreto, una de las cinco cuentas bancarias que Larsen abrió en Mirabaud se benefició, poco después de haber sido abierta, de un ingreso por parte de Lucum de 1,8 millones de francos suizos. En 2011 y 2012 recibió otros tres abonos de la fundación del rey emérito, que sumaban 1,6 millones de libras. Con estos indicios la entidad suiza tendría que haber preguntado a los implicados sobre los lazos financieros entre la empresaria germanodanesa y Juan Carlos I, dice el fiscal.

Finalmente, Bertossa destaca como quinto elemento de sospecha que la entidad financiera radicada en Ginebra tuvo conocimiento de que la integridad del dinero que tenía Juan Carlos I en el banco, estimado en unos 65 millones de euros, fue transferida a una sociedad bahameña en el banco Gonet Bank Trust Ltd.

"Todos estos elementos constituían unos indicios de que Juan Carlos I escondía fondos de origen criminal recurriendo a testaferros", en concreto a Larsen, concluye el Ministerio Fiscal suizo. Y estos indicios tendrían que haber conducido a Mirabaud a alertar a las autoridades financieras suizas de las operaciones sospechosas de la examante del rey emérito, una actuación que no llevó a cabo, concluye Yves Bertossa.