El Memorándum que se entregó a las empresas españolas que fueron invitadas a participar en el Fondo Hispano-Saudí de Infraestructuras y Energía que impulsó el rey emérito, Juan Carlos I, advertía de que la Justicia y las autoridades fiscales podían llegar a calificarlo como opaco. Así consta en este documento de 90 páginas, de carácter confidencial, al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO DE ESPAÑA, diario del mismo grupo editorial, Prensa Ibérica, que este periódico, que advierte a las firmas invitadas españolas, entre las que figuraban Sacyr, Caja Madrid, OHL y Mutua Madrileña, de que no tenían la "certeza absoluta" de que el Fondo fuera "una entidad transparente" a efectos fiscales hasta que los tribunales o las autoridades fiscales españolas tomaran una decisión.

El Fondo fue promovido por el Gobierno de España, entonces encabezado por el socialista José Luis Rodríguez Zapatero, y el Ejecutivo de Arabia Saudí; y se constituyó en el paraíso fiscal de Guernsey, una de las islas británicas del Canal de La Mancha. Sin embargo, tanto en el Memorándum inicial, que tiene fecha de 7 de marzo de 2007, como en el documento anexo posterior de 55 páginas, de 27 de abril del mismo año, se advierte de que ambos Gobiernos solo participaban en calidad de "facilitadores". De esta forma, prosigue, la intervención de los dos Estados no debía interpretarse como "un respaldo directo o indirecto" de las inversiones o decisiones del Fondo.

De hecho, esta documentación pone de manifiesto que ni el Memorándum ni el propio Fondo habían sido registrados ante la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV): "Este documento solo se distribuirá entre inversionistas sofisticados seleccionados", especifica el texto, que resalta que nadie está autorizado a facilitar el acuerdo a cualquier otra persona o empresa.

Contrataron a Corinna Larsen

El Memorándum y su anexo ponen de manifiesto que el Fondo Hispano-Saudí de Infraestructuras y Energía operaba bajo la gestión de las firmas Cheyne (Bermuda), Arox Capital (Suiza y Guernsey) y Boreas, cuyos responsables, según publicó El Español, eran amigos personales de Corinna Larsen, entonces novia de Juan Carlos I. El diario El País informó de que Cheyne Capital contrató a Larsen para este proyecto financiero y que incluso la presentó como colaboradora en diferentes reuniones que tuvieron lugar en Madrid. Precisamente, este rotativo madrileño relató, basándose en unos documentos incluidos en los denominados papeles de Pandora, que Larsen llegó a planear que los gestores que administraban el fideicomiso Peregrine, radicado en Nueva Zelanda, entregaran a Juan Carlos I, en caso de que ella muriera, “el 30% de los ingresos provenientes del Fondo de Inversiones Hispano Saudí”. El abogado de Larsen asegura que esos documentos son falsos, completa la información.

El rey de Arabia Saudí, José Luis Rodríguez Zapatero y Juan Carlos I. Ángel Díaz

El Memorándum dedica gran parte de su contenido a explicar las ventajas que tendrían los inversores, ya que en el paraíso fiscal de Guernsey "no se aplican impuestos sobre sucesiones, ganancias de capital, donaciones, ingresos o ventas en relación con la adquisición, tenencia o transferencia" de activos. Tampoco abonarían impuestos por los movimientos de dinero que se realizaran, por lo que los inversores estarían exentos de abonar tasas si no residían en esta isla británica: "Actualmente, Guernsey no grava las herencias de capital, las ganancias de capital (con la excepción de un impuesto sobre las ganancias de las viviendas) donaciones, ventas o volumen de ventas, ni existen derechos de sucesión", dice el escrito, que destaca: "Una firma que pague una tasa de 600 libras está exenta de impuestos en Guernsey sobre los intereses de los depósitos bancarios y cualquier ingreso que no tenga su fuente en la isla".

El documento advierte, no obstante, de que el Gobierno de Guernsey había introducido en los últimos años medidas "similares" a las incluidas en la Directiva del Impuesto sobre el Ahorro de la Unión Europea. Sin embargo, los directivos suministraban la clave para saltarse esta normativa: "Pagando los agentes ubicados en Guernsey no están obligados a aplicar las medidas sobre los pagos realizados por los fondos de inversión", indica de forma literal el Memorándum, que concluye tranquilizando a los inversores españoles: "Los accionistas residentes fuera de Guernsey no estarán sujetos a ningún impuesto con respecto a las acciones de su propiedad".

Impulsado por Moratinos

El Fondo Hispano-Saudí de Infraestructuras y Energía, que por parte del Gobierno español fue impulsado por el entonces ministro de Asuntos Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, se presentó en España como si se tratara de una apuesta pública para promover la inversión privada española en Arabia Saudí; que pretendía reunir un capital de 1.000 millones de dólares para invertirlo en los sectores de la energía y las infraestructuras.

Juan Carlos I en una imagen tomada en Arabia Saudí. Agencias

Además, apuntaba la posibilidad de que se pudiera invertir hasta un 10% del total del dinero recibido en proyectos de interés para España y Arabia Saudí en países de Oriente Próximo y el Norte de África. Eso sí, tendría que tener una calificación de Standard and Poor's (u otras agencias calificadoras) de no menos de BB- o un riesgo clasificación de no más de cuatro (siendo cero el riesgo más bajo, y siete el más alto en una escala de calificación de cero a siete) en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). La inversión mínima era de 10 millones de dólares.

Las empresas españolas que se decidieron a entrar en la operación promovida por Juan Carlos I y en la que participó su entonces pareja Corinna Larsen perdieron al menos 21 millones de euros. Un correo electrónico remitido el 24 de febrero de 2009 por el director de Negocio de Caja Madrid, Matías Amat Roca, al presidente de la entidad financiera, Miguel Blesa, informaba de que los inversores españoles habían mostrado su descontento al Gobierno de España con las actividades del Fondo, a cuyos gestores se les acusaba de que solo se preocupaban de "cobrar", pues no habían promovido "proyectos" ni habían actuado con "transparencia". Los empresarios consideraban "sorprendente" que por parte de Arabia Saudí no hubiera interés, y apuntaban su intención de cancelar el Fondo, algo que ocurrió un año después, en 2010.

Liderazgo de Juan Carlos I

Juan Carlos I ejerció un evidente liderazgo en el proyecto, ya que presentó el 19 de junio de 2007 en un acto que tuvo lugar en el Palacio del Pardo y que contó con la participación del monarca Abdala Bin Adbelaziz, quien había acudido a Madrid para recibir las llaves de la Villa. En el encuentro intervinieron el ministro de Industria, Joan Clos; el ministro de Finanzas saudí, Ibrahim ben Abdul Aziz Al-Assaf; el presidente de la CEOE, Gerardo Díaz Ferrán; el secretario de Estado de Turismo y Comercio, Pedro Mejía, y su homólogo saudí, Amr Al-Dabbagh.

El exalcalde de Madrid Alberto Ruiz Gallardón, el rey Abdalá bin Abdulaziz al-Saúd (tercero por la izquierda) y Juan Carlos I en Madrid. Paco Campos

Precisamente, ese mismo 19 de junio de 2007 Moratinos y el ministro saudí Abdul Aziz Al-Assaf firmaron un convenio entre el Reino de España y el Reino de Arabia Saudí cuya finalidad era evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de impuestos sobre la renta y sobre el patrimonio. El acuerdo no se publicó en el Boletín Oficial del Estado (BOE) hasta el 14 de julio de 2008.

En declaraciones a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA, el presidente de la Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado, Julio Ransés Pérez Boga, ha asegurado que los convenios de doble imposición siempre benefician a las personas físicas o jurídicas que obtienen rentas procedentes de un país en el que no se reside, porque eliminan la doble imposición o la reducen mucho: "Por lo tanto, alguien con inversiones de las que obtiene rendimientos, le interesa que el país tenga un convenio", ha completado este inspector.

Dinero del Ministerio de Fianzas saudí

Tan solo unos días después de la publicación del convenio en el BOE, el 8 de agosto de 2008, la cuenta bancaria que abrió en Suiza la fundación panameña Lucum, propiedad de Juan Carlos I, recibía del Ministerio de Finanzas, encabezado por Abdul Aziz Al-Assaf, un abono de 100 millones de dólares (64.884.405 euros). Según informó Arturo Gianfranco Fasana, -uno de los gestores del dinero que escondía el rey emérito en Suiza-, el propio monarca se mostró "muy sorprendido" del montante recibido, ya que él solo esperaba "una quinta parte" de los fondos finalmente entregados, lo que suponía un máximo de 20 millones de dólares. Fasana aseguró que el abono de esta importante cantidad se trataba de un simple regalo "según la tradición saudí".

El banco suizo Mirabaud, en el que Juan Carlos I depositó un total de 102 millones de dólares procedentes de las monarquías de Arabia Saudí (100 millones) y de Bahréin (casi dos millones efectivo), fue multado por no alertar al organismo suizo que se encarga del control de las actividades de los mercados financieros (Finma) de estos sospechosos movimientos de dinero. Tampoco comunicó otros ingresos sospechosos, estos de Corinna Larsen, quien tampoco había justificado, de forma fehaciente, otros dos ingresos de 5 y 2 millones de dólares procedentes de Kuwait y Bahréin, que la Fiscalía suiza conectó con Juan Carlos I.