El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, ha ordenado a la Generalitat que ejerza la acusación en el 'caso Triacom' de presunta financiación ilegal de CDC, según la documentación a la que ha tenido acceso El Periódico. Esta investigación es una pieza separada del caso 3%, que investiga el supuesto pago de comisiones por parte de empresarios al extinto partido. Las fuentes jurídicas consultadas por este diario mostraron su sorpresa por la decisión del Govern, máxime cuando está compuesto por ERC y Junts, y algunos de cuyos dirigentes pertenecieron a Convergència.
La petición ha sido enviada por la abogacía de la Generalitat al juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, que se encarga de la investigación en la que está implicada la productora audiovisual Triacom, dirigida por el imputado Oriol Carbó. La sospecha es que a través de esta empresa se canalizaban aportaciones de distintas sociedades hacia CDC, o que servían para pagar servicios de dicho partido. En el escrito remitido al magistrado se especifica la solicitud de personación "en calidad de acusación particular" en la causa que "tiene como objeto la investigación relacionada con la presunta financiación irregular" de Convergència, a través de Triacom.
La carta que autoriza la personación
En este sentido, se acompaña un documento firmado por Aragonès y dirigido al director de su gabinete jurídico, Francesc Esteve Balagué, en el que autoriza la comparecencia de la abogacía de la Generalitat "en representación y defensa" de la institución catalana. En la misiva, el president concreta que ha tenido "conocimiento a través de distintos artículos" publicados en los medios de comunicación del caso Triacom y que, a su entender, "la investigación comprendería hechos que afectarían a los intereses y la esfera jurídica" de la Administración catalana.
De "ser acreditada", detalla, esta actuación podría ser calificada de fraude contra las administraciones públicas, malversación, tráfico de influencias o cohecho, resultando "perjudicadas" la Generalitat y la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA), de la que depende TV3. Una de las líneas de investigación se basa en los pagos de la televisión catalana a la productora que produjo, entre otros, el programa 'El Gran Dictat'. En total, 31,3 millones de euros entre 2008 y 2016. Tras recibir el escrito, el juez ha recabado la opinión del fiscal sobre si es preceptivo o no que la Generalitat ejerza la acusación.
En este proceso judicial se investiga, según el magistrado, "una singularidad dentro del patrón de comportamiento habitual" seguido para la financiación ilegal de CDC. Pero, en vez de hacerse a través de donaciones a sus fundaciones CatDem y Fòrum Barcelona, se recurrió a Triacom Audiovisual y, en particular, a su representante, Oriol Carbó, que también fue gerente de TV3. Así se pagó a Joan Manuel Parra la deuda que el partido contrajo con su empresa, Hispart, por la campaña electoral de 2010. Fueron 750.000 euros que Triacom abonó en beneficio de CDC a través de facturas falsas. Parra aportó una grabación de una conversación suya con el exgerente de CDC Germà Gordó en la que implicaba a este último en la operativa. También se están investigando pagos de otras empresas a Triacom.
