Las protestas por el indiscriminado acopio de cables en las fachadas de las viviendas o colgados del aire, en los cascos históricos de las ciudades o en los pueblos más bonitos de España, han ido en aumento durante los últimos años y el Gobierno y el Congreso han tomado nota. La nueva ley de telecomunicaciones, cuya aprobación en la Cámara está prevista para finales de mes, incluye un artículo destinado a atajar estos nudos gordísimos de cables y sus densas canalizaciones. Pese a ello, los grupos parlamentarios han acordado una enmienda para reforzar el propósito. Fuentes parlamentarias presentes en la negociación de los retoques finales de la norma informan a EL PERÍÓDICO DE ESPAÑA que la redacción final del artículo mencionado, el 49.8, incorporará diez palabras que son esenciales para precipitar la muerte de las marañas de cables en las paredes exteriores de los edificios o que se cruzan de lado a lado de las calles de los cascos históricos de ciudades como Córdoba o Granada, por poner dos ejemplos, aunque hay muchos más. Esas diez palabras son: "(...) debiendo adoptar las medidas oportunas para minimizar el impacto visual".
Asimismo, en el párrafo siguiente, la mayoría ha optado por destacar la necesidad de proteger el patrimonio artístico y cultural de los ataques de estas hordas aéreas de cables de fibra. Para armonizar el escudo en toda España, los legisladores han extendido el blindaje a los conjuntos que cuenten con la categoría de "bien de interés cultural declarada por las administraciones competentes". El blindaje de tales conjuntos arquitectónicos-artísticos-culturales ya era una petición de la UNESCO.
Del primer paso al acelerón final
El proyecto de ley de telecomunicaciones aterrizó en el Congreso en noviembre del año pasado. Se quedó un tiempo en la nevera porque los grupos, ya por entonces, soportaban una carga de trabajo extenuante. Además, se estaban tramitando los presupuestos generales del Estado, lo que en las Cortes Generales suele paralizar el resto de la actividad legislativa.
No obstante, a diferencia de las normas que semana tras semana se van convirtiendo en un vago recuerdo, pues se les acumulan 20 y hasta 30 prórrogas del plazo de enmiendas, la ley de telecomunicaciones cogió velocidad de crucero enseguida. Sufrió tan solo tres aplazamientos semanales. Se trata de un proyecto que conviene atender con esmero porque de cómo quede la redacción definitiva dependen los objetivos comerciales de empresas llamadas Telefónica, Orange o Vodafone. Casi nada.
Los grupos intuyen pronto, en cuanto reciben la notificación de la calificación de un nuevo proyecto, qué normas serán preferentes y cuáles no. Hay sorpresas, claro. Pero con la de telecomunicaciones coligieron que habría que trabajar y decidir con celeridad. El Gobierno transmitió que no cabrían dilaciones en la ley y los responsables de las formaciones políticas presentes en el Congreso se aprestaron con las enmiendas, que pidieron dejar escritas con rapidez. El 29 de diciembre de 2021, la Mesa comunicó el inicio de la tramitación y los grupos registraron sus propuestas de modificación unos días después, como plasmó el Boletín Oficial de las Cortes.
No fue fácil porque la de telecomunicaciones es una ley muy técnica y gigantesca, de más de 100 artículos, más de 20 disposiciones adicionales, casi una decena de disposiciones finales y una serie de anexos, por si todo el entramado normativo anterior hubiera sabido a poco.
La Comisión de Asuntos Económicos y Transformación Digital se puso manos a la obra y creó la ponencia. 15 diputados se encargaron de estudiar pormenorizadamente el vasto texto y las más de 200 enmiendas presentadas. Sí, 200. Cuentan las fuentes parlamentarias consultadas que esa tarea titánica previa ha servido para que las sesiones de la ponencia hayan ido como un cohete. No solo ha funcionado el diálogo parlamentario, sino también el intercambio de pareceres con representantes de las imponentes compañías de telecomunicaciones. Existen los lobbys en los aledaños del Congreso, sin duda. No es ilegal. Es generalmente productivo.
Si nada se tuerce, el próximo día 26 se reunirá la Comisión para debatir sobre el dictamen de los ponentes y las enmiendas que queden vivas, y para, justo después, votar todo. El informe recalará en el pleno, y si obtiene el visto bueno, lo que podría ocurrir el 28 de abril, según los cálculos hechos, pasará al Senado para la fase final.
Los cables, fuera de la vista
Señalan las fuentes que la ley no ha motivado enfurecidas peleas políticas ni tensiones entre grupos, más allá de la negociación de las transaccionales (los textos que se ofrecen como bases para eventuales pactos). Ha prevalecido la concordia, más allá de las susceptibilidades que sobre invasiones competenciales expresaron las formaciones nacionalistas e independentistas. De hecho, ninguna fuente teme por el futuro de la ley. Aseguran con más o menos vehemencia que será aprobada.
Entre los numerosos aspectos clave, reseñar dos. Uno no ha trascendido en exceso. El otro, algo más. El primero reside en el artículo 49.8, que obliga a los operadores a "hacer uso de las canalizaciones subterráneas" o del "interior de las edificaciones" para "la instalación y explotación de redes públicas de comunicaciones electrónicas".
Como en numerosísimas ocasiones es inviable el soterramiento, la ley prevé qué hacer, incluso si las razones que impiden el procedimiento son "técnicas o económicas". Deja la puerta abierta en ese caso a "efectuar despliegues aéreos siguiendo los previamente existentes". Ahora bien, he aquí la novedad introducida durante la negociación parlamentaria: los grupos han acordado que dicho despliegue se haga "con carácter excepcional" y respetando las categorías de protección de las edificaciones del "patrimonio histórico-artístico" que hayan promulgado las administraciones competentes.
Cables de fibra óptica / PIXABAY
Para cuando la operatividad aconseje la expansión y ramificación del cableado de fibra por la fachada, las empresas habrán de tener en cuenta que podrán usar "los despliegues, canalizaciones, instalaciones y equipos previamente instalados", pero entonces será obligatorio "adoptar las medidas oportunas para minimizar el impacto visual".
El refuerzo para hacer invisibles estas madejas de cables de fibra, fundamentales para que en nuestras casas internet vaya cada vez más rápido y con más capacidad, ha sido el resultado de una negociación entre varios grupos para acoger las propuestas de Cs y de ERC. Los liberales abogaron en un primer momento por dar preferencia a que los despliegues aéreos siguieran los ya existentes. Los independentistas fueron más ambiciosos y ciñeron cualquier tendido o despliegue a los criterios patrimoniales, artísticos y urbanísticos.
Sin resurrección de las cabinas
El otro aspecto que, sin embargo, no ha cuajado, según la versión de las fuentes, es el que intentó resucitar a las cabinas de teléfono del espacio público, que están ya abandonadas y que los ayuntamientos, en algunos casos, están apartando de las calles. El proyecto, tal y como lo envió el Gobierno, establecía su desaparición, su muerte. "Se determina el cese de la prestación del elemento de servicio universal relativo al suministro de una oferta suficiente de teléfonos públicos de pago", se decía. El PSOE, con todo, propuso quitar esta disposición adicional, la número 24, porque el plazo para la extirpación de las históricas cabinas caducó el 31 de diciembre de 2021.
Una cabina de teléfono, en una imagen de archivo. / DAVID GARCÍA FERNÁNDEZ
Cs se planteó darles una segunda vida, y así, pidió por medio de una enmienda la "reconversión de las infraestructuras de los teléfonos públicos de pago en puntos de conectividad de servicio público". Fijó incluso los servicios a dar, desde la conexión a internet a la recogida de paquetería. La resurrección de las cabinas, sin embargo, no se obrará al no haber suscitado el consenso preceptivo.
