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Investigación

Delgado usó montajes de la extrema derecha para apartar al fiscal del caso Tándem-Villarejo

La fiscal general del Estado se apoyó en el partido Vox y en la asociación Αcodap, que dirige un juez expulsado de la carrera, para simular una investigación sobre Ignacio Stampa durante nueve meses

Dolores Delgado. EP

El pasado martes, día 12 de abril, el portal Acodap (Asociación contra la Corrupción y en defensa de la Acción Pública) publicó una presunta noticia titulada así: '¡¡¡Bombazo!!! Zapatero y Dolores Delgado imputados por la Audiencia Nacional'. La falsedad pretendía sostenerse en un escrito de denuncia presentada por la citada entidad -regentada por el exjuez expulsado de la carrera judicial por el delito de prevaricación Fernando Presencia- admitido a trámite por el juzgado número 6 de la Audiencia Nacional y cursado a la Fiscalía para informar. El miércoles 13, el juez a cargo, Joaquín Gadea, tras recibir un escrito de la Fiscalía Anticorrupción, archivaba la denuncia "por carecer de un mínimo sustento y apoyo en elemento o principio de prueba" y por la "burda composición de unas cartas" en las cuales se hablaba de presuntas cuentas bancarias de la fiscal General del Estado en una entidad financiera panameña a las cuales, según el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, se realizarían transferencias de 150.000 euros hasta completar 3 millones. Según el juez, "no podía descartarse la posibilidad de una documentación creada 'ex profeso' para el hecho que se denuncia". Y cursaba al juzgado decano de Talavera de la Reina (Toledo), domicilio de la asociación, las actuaciones para una "ulterior actuación en orden a investigar el posible carácter espurio de las mismas”. 

A buenas horas mangas verdes. 

Mira por dónde, la fiscal General del Estado, Dolores Delgado, se sirvió de Acodap cuando interesó a su plan -concebido cuando era ministra de Justicia del gobierno de Pedro Sánchez- para apartar al fiscal Ignacio Stampa de la investigación del 'caso Tándem-Villarejo'.  

Precisamente, una denuncia de la citada asociación, sin fundamento alguno, fue invocada por el fiscal jefe de la secretaría técnica, Álvaro García, para prorrogar unas diligencias de investigación, después de que el fiscal instructor de las mismas, Carlos Ruiz de Alegría, propuso el 5 y 23 de octubre de 2020 el archivo por tratarse de un montaje sin pruebas. 

La denuncia de Acopad llovía sobre mojado. 

Porque la Fiscalía General del Estado cursó en julio de 2020 a la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Madrid una denuncia del partido ultraderechista Vox contra el fiscal del 'caso Tándem-Villarejo', Ignacio Stampa, apoyada en recortes de periódicos en los que el citado fiscal, y su compañero Miguel Serrano, aparecían como presuntos autores de filtraciones del sumario. En los recortes se recogían artículos de una periodista llamada María Montero. 

La Fiscalía dio instrucciones de investigar al fiscal Stampa porque los demás posibles autores, sostenía, ya estaban bajo investigación judicial, lo cual era inveraz.  

El interés de la FGE era mantener vivas las diligencias como mínimo hasta después del 27 de octubre de 2020, fecha en la que el Consejo Fiscal, órgano asesor de la fiscal general, resolvía la adjudicación de ocho plazas fijas en la Fiscalía Anticorrupción. A una de ellas aspiraba Stampa, que se encontraba en comisión de servicios después de tres años y medio. El fiscal, con una investigación a sus espaldas, acudía en condiciones claramente en desventaja respecto de los otros candidatos. 

El fiscal instructor de las diligencias en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, el teniente fiscal Carlos Ruiz de Alegría, propuso el 5 de octubre de 2020 -tras investigar cuatro meses- archivar las diligencias al descubrir el montaje contra Stampa. Pero Álvaro García, mano derecha de Delgado, solicitó al fiscal Alegría hacer más diligencias. El 23 de octubre, después de realizarlas, volvió a proponer el archivo contundente de las actuaciones. 

El registro

El 24 de octubre de 2020, el fiscal Stampa y un equipo de policías hicieron una entrada y registro en la celda del excomisario José Villarejo, en la prisión de Estremera. Tenían datos, procedentes de escuchas de que Villarejo, un socio suyo en prisión, el abogado Alfonso Pazos, en segundo grado penitenciario, y la periodista María Montero, denunciante de Stampa, según los cuales mantenían una conexión para difundir información del sumario y endosar la responsabilidad de ello a los fiscales.  

Los fiscales Stampa y Serrano, tras varias diligencias, pidieron al juez Manuel García Castellón citar a declarar a María Montero en calidad de imputada por colaborar con la organización criminal de Villarejo,  

Dieciocho meses después dicha citación está pendiente del juez. 

Pero la entrada en la celda de Villarejo tuvo consecuencias. He aquí que antes de la celebración del Consejo Fiscal que debía pronunciarse, el 27 de octubre, sobre las plazas fijas en la Fiscalía Anticorrupción, Acodap envió el 26 de octubre de 2020 a las 20:14 horas (sello del Registro General de la Fiscalía General del Estado de las 10:19 horas del 27 de octubre de 2020) un nuevo escrito. 

“Acodap, liderada por el exjuez decano de Talavera de la Reina Fernando Presencia, actuando en su propio nombre y en defensa de su asociada, la periodista María Montero Clemente, formula denuncia contra el fiscal Ignacio Stampa Fuente por considerar que los hechos que nos ha puesto en conocimiento mediante una misiva podrían ser constitutivos de un acto de represalia relativa a la protección de personas que informen sobre infracciones del Derecho de la Unión…”. El 28 octubre, Presencia cursaba la denuncia también a la Inspección Fiscal. 

A su vez, el 29 de octubre María Montero escribía a la FGE ampliando su denuncia “a nivel individual, amparada días previos [26 de octubre] por la Asociación Acodap”. 

Al corriente

Aunque la fiscal general del Estado ha asegurado al Consejo Fiscal no haber tenido intervención alguna en las diligencias contra Stampa, el 1 de noviembre de 2020 demostró estar al corriente de la nueva denuncia sobre la cual el fiscal jefe de la secretaría técnica, Álvaro García, todavía no había solicitado -sin autoridad alguna para requerirlas- diligencias al fiscal instructor Carlos Ruiz de Alegría. 

Al preguntársele por qué la FGE no comunicó al Consejo Fiscal del 27 de octubre de 2020 -que resolvió no adjudicar la plaza fija a Stampa- que había propuestas de archivo, Dolores Delgado respondió: “Las diligencias abiertas contra el señor Stampa siguen vigentes hasta que se agote la investigación, que podría estar pendiente de nuevas actuaciones”.

Delgado, pues, advertía sobre “nuevas actuaciones” un mes antes de que dichas actuaciones fueran solicitadas por Álvaro García al fiscal Ruiz de Alegría. Esa petición tuvo lugar el 2 de diciembre de 2020. 

La Fiscalía General del Estado, el fiscal jefe de la Inspección Fiscal, Fausto Cartagena, y el fiscal instructor Ruiz de Alegría tenían constancia de que tanto María Montero como Apocad iban de la mano y se retroalimentaban.  

El 10 de noviembre de 2020, Álvaro García bendecía la decisión de acumular en la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Madrid la nueva denuncia “formulada por Apocad en defensa de su asociada María Montero contra el fiscal Ignacio Stampa”.  

El 20 de noviembre de 2020, Ruiz de Alegría daba por “recibidas las dos últimas denuncias presentadas por Apocad en nombre de María Montero y la segunda, de la misma directamente”. Y advertía después de leer el contenido: “Incorpórense a las presentes diligencias de investigación, sin perjuicio de la nula relevancia que tienen a efectos de modificar la valoración que ya explicitamos en los los dos informes de archivo [5 y 23 de octubre] de las actuaciones que constan en las diligencias”.  

Porque el instructor, según manifestó a El Periódico de Catalunya, diario del mismo grupo, Prensa Ibérica, que este periódico, consideró completamente inconsistentes esos escritos en los que se refritaban todas las denuncias anteriores. 

Reacción de la Asociación de Fiscales

La presidenta de la Asociación de Fiscales, Cristina Dexeus, explicó que "más allá de la profesionalidad de Stampa había una presión mediática que hemos considerado que había que cortar". Apoyó la denegación de la plaza a Stampa por "el hecho de que hubiera ruido mediático, en parte impulsado por las partes, pensamos que podía perjudicar a la apariencia de imparcialidad y a la propia causa".

Un año más tarde, en noviembre de 2021, la Asociación de Fiscales dijo sentirse engañada y pidió la dimisión de Dolores Delgado.

En cuanto a Vox, después de provocar el montaje contra Stampa usado por la fiscal general del Estado, Macarena Olona la acusó, en noviembre de 2021, de realizar "maniobras torticeras" para apartar al citado fiscal del caso Tándem-Villarejo.

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