El Gobierno quiere evitar que el descubrimiento del espionaje masivo a más de 60 líderes independentistas catalanes a través de un virus que se colaba en sus móviles enturbie las relaciones con la Generalitat y, en concreto, con el 'president' Pere Aragonès, víctima de esas intrusiones y referente de ERC, principal socio de legislatura. El Ejecutivo subraya que no tiene "nada que ocultar" y recuerda que España es un Estado democrático y de derecho, en el que por tanto toda limitación de derechos fundamentales requiere de la autorización del juez. La duda que persiste es si esos seguimientos pudieron hacerse, aun con el plácet de la Justicia, y si el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) pudo hacer uso de esa herramienta, el programa espía de teléfonos móviles que la firma israelí NSO vende, en principio, solo a organismos públicos y cuerpos de seguridad para investigar delitos como el crimen organizado y el terrorismo. El escudo del Ejecutivo es que le impide dar detalles la Ley de Seguridad Nacional (LSN). No obstante, comparecerá próximamente en el Congreso, para debatir de este asunto, la jefa de los Ejércitos, Margarita Robles.

Ya Interior y Defensa habían negado cualquier uso ilegal de la tecnología israelí, pero este martes la Moncloa confirió a ese desmentido una mayor rotundidad también como gesto explícito hacia el Govern. La información que se conoció ayer lunes, a través de 'The New Yorker', "no es nueva y ha habido pronunciamientos judiciales abiertos", sostuvo la portavoz del Ejecutivo, Isabel Rodríguez, tras la reunión del Consejo de Ministros. El medio estadounidense daba cuenta, en un largo reportaje, de que Aragonès y otros tres expresidentes catalanes (Artur Mas, Carles Puigdemont y Quim Torra), figuran en la lista de más de 60 víctimas de Pegasus acreditadas por Citizen Lab, un grupo de expertos con base en la Universidad de Toronto que investiga los abusos a los derechos humanos infligidos por la firma israelí. Decenas de políticos y activistas (también de EH Bildu) fueron espiados en sus móviles entre 2017 y 2020, al menos 63 con Pegasus y otros cuatro con otro malware, Candiru. Al menos dos fueron infectados con ambas herramientas, según Citizen Lab.

"El Gobierno no tiene nada que ocultar, absolutamente nada", señaló tajante la portavoz, quien recalcó que el Ejecutivo colaborará "al máximo" con la Justicia si los tribunales le requieren información. Rodríguez enfatizó, para "tranquilidad" de la ciudadanía, que España es "un país democrático y de derecho", y por tanto, "aquí no se espía, no se intervienen conversaciones si no es al amparo de la ley", es decir, a través de una "decisión judicial motivada". "El Gobierno no acepta que se ponga en cuestión la calidad democrática del país", afirmó.

Con sus palabras, estaba marcando claramente una divisoria, sin citarlo, con el Ejecutivo de Mariano Rajoy y, en concreto, con la actuación del ministro del Interior Jorge Fernández Díaz, a cuyo resguardo trabajó la llamada policía política o brigada patriótica, que presuntamente espió a adversarios políticos del PP. Ese seguimiento a partidos por parte de un grupo parapolicial solo se ha considerado probado en los dos dictámenes del Congreso, pero no aún por un tribunal.

No en la comisión de gastos reservados

Además de garantizar la colaboración con la Justicia, el Gobierno dice estar dispuesto a dar explicaciones en sede parlamentaria. No lo hará el presidente, Pedro Sánchez, como quiere EH Bildu, sino la ministra de Defensa, Margarita Robles, quien ya ha solicitado comparecer a petición propia. Lo tendrá que hacer en la Comisión de Defensa, pero no en la de gastos reservados porque no se ha podido constituir en esta legislatura por los vetos cruzados de los partidos.

Precisamente de Robles depende orgánicamente el Centro Nacional de Inteligencia (CNI). ¿Puede descartar el Ejecutivo que el organismo no ha usado el programa Pegasus? Rodríguez no lo hizo. "Hay asuntos que porque tratan de la seguridad nacional están protegidos por ley y son materias clasificadas, asuntos secretos, sobre los cuales no puedo darles cuenta, porque me lo prohíbe la ley", justificó la portavoz. La ministra se escudó en la norma ante la pregunta de cómo explica el Ejecutivo que se produjera ese espionaje a líderes independentistas con una tecnología que, 'a priori', solo pueden comprar gobiernos y cuerpos de seguridad. "Por ley" hay "asuntos que tienen que ser tratados de forma secreta", y el Gobierno se atiene a esa regulación.

En el equipo del presidente recordaban, a este respecto, que el artículo 5 de la ley que regula el CNI indica que las actividades del centro, "así como su organización y estructura interna, medios y procedimientos, personal, instalaciones, bases y centros de datos, fuentes de información y las informaciones o datos que puedan conducir al conocimiento de las anteriores materias, constituyen información clasificada, con el grado de secreto". El mismo precepto señala que el CNI puede llevar a cabo "investigaciones de seguridad sobre personas o entidades en la forma prevista en esta ley y en la ley orgánica reguladora del control judicial previo del CNI".

Fuentes de la Moncloa informaron posteriormente de que sí ha habido contactos con la Generalitat, aunque no entre Sánchez y Aragonès. En las conversaciones, el Ejecutivo ha insistido al Govern que no tiene nada que ver con este asunto y que si alguien cree vulnerados sus derechos se resolverá en la Justicia y el Gobierno prestará "máxima colaboración". En la Moncloa enmarcaban la llamada no dentro de un contexto de petición de explicaciones, sino dentro del "contacto permanente" y "habitual" que mantienen las dos instituciones, "no expresamente" por esta cuestión, y que al equipo de Aragonès le bastó la argumentación del Ejecutivo.

Podría haber fecha para la mesa de diálogo

En el Gobierno consideran que las noticias sobre el espionaje no tienen por qué afectar a la convocatoria de la mesa de diálogo, que podría producirse "próximamente" dado que hay "avances", que no detallaron en la Moncloa. Es más, creen que incluso este capítulo podría ayudar a que se limen asperezas. Este martes, se evidenció otra vez la diferente estrategia de los socios del Govern: mientras Puigdemont apuesta por romper el diálogo con Madrid, Oriol Junqueras, jefe de ERC, lo defiende, aunque exige explicaciones a Sánchez.

Rodríguez fue muy enfática a la hora de pintar una coyuntura muy distinta a la del otoño caliente del 'procés' de 2017 o la publicación de la sentencia condenatoria del Supremo en 2019. La situación hoy en Catalunya "en nada se parece", dijo, a la de hace no tanto, gracias al "empeño" de la sociedad catalana, pero también a los "esfuerzos" del Gobierno por "superar el conflicto" y promover su desjudicialización, por sacarlo del ámbito de los tribunales y conducirlo a la esfera de la política.

Aragonès reúne este martes por la tarde a su Govern de manera extraordinaria tras exigir al Gobierno unas explicaciones que también le han demandado el lendakari, Iñigo Urkullu, el PNV o Bildu. También Unidas Podemos. Los morados, de hecho, piden a los ministros de Interior y Defensa, Fernando Grande-Marlaska y Margarita Robles, que investiguen el espionaje con Pegasus y que "rueden cabezas". En la Moncloa recalcaban que los grupos pueden activar los resortes que estimen convenientes, pero que la opinión colegiada del Ejecutivo era la manifestada por Rodríguez.