La línea de comunicación entre el Gobierno y el nuevo PP de Alberto Núñez Feijóo continua operativa y la vía de negociación para alcanzar un acuerdo sobre la renovación del Consejo General del Poder Judicial, abierta. Las conversaciones se producen entre el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, y el vicesecretario de Institucional del PP, Esteban González Pons, los interlocutores designados en Moncloa y Génova.

No fue posible pactar ninguna medida económica del decreto anticrisis -Moncloa tampoco lo buscó- pero ni ese desencuentro ni el escándalo del espionaje que ha terminado con el cese fulminante de la directora del CNI ha hecho saltar por los aires el futuro pacto. El Ejecutivo ha encontrado en el dirigente gallego un interlocutor sólido y receptivo, a diferencia de su antecesor, Pablo Casado.

A Feijóo no le afecta ni el sonido ambiente ni la reacción a sus decisiones que tenga Vox. Hay "asuntos de Estado" en los que entiende que el principal partido de la oposición se debe implicar. Otra cosa es que quiera imponer también su calendario o que trate de evitar que sean otros los que le marquen la agenda. Y lo que parece claro, según confirman fuentes de ambas formaciones, es que el acuerdo no llegará antes de las elecciones andaluzas del 19 de junio. Pero sí después.

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo. EP

En el PP siempre han defendido que se hacen cargo de sus obligaciones constitucionales y que "la oposición responsable" que pretenden ejercer conlleva no solo tender la mano al Gobierno en determinados asuntos, sino cumplir con la renovación de los órganos constitucionales que necesita del concurso los dos grandes partidos. Lo que no vieron bien desde el primer momento fue la fecha límite que Moncloa lanzó. Y eso, sumado al contexto preelectoral andaluz, hace que el acuerdo mire a comienzos de verano, pero no antes.

Al Gobierno le urge alumbrar un nuevo CGPJ tras tres años caducado. No sólo por el retraso que acumula, sino porque el próximo 12 de junio cuatro magistrados del Tribunal Constitucional cumplen mandato. A dos de ellos los elige el propio Ejecutivo. Y los otros dos, el Consejo. Pero tras el cambio en la ley que impulsaron el PSOE y Unidas Podemos, el CGPJ no puede hacer nombramientos estando en funciones. Por eso Sánchez urgió a Feijóo a renovarlo antes de esa fecha en su primer encuentro en la Moncloa: para que un CGPJ actualizado escoja la cuota correspondiente en el TC y propiciar así un cambio hacia una mayoría progresista en este órgano.

Acuerdo tras el 19-J

A diferencia de lo que ocurría en la anterior dirección popular, muy permeable al contexto político (varios acuerdos parlamentarios entre el Gobierno con EH Bildu o la posición de Unidas Podemos sobre la marcha de rey emérito a Abu Dabi volaron los puentes entre Casado y Sánchez), el nuevo PP es partidario de separar las estrategias y posturas políticas de los grandes pactos institucionales.

Cuca Gamarra a la salida de la comisión de secretos oficiales. Bal y Espinosa de los Monteros, detrás. EFE

Por eso, varios dirigentes reconocen que la crisis desatada por el espionaje (que Feijóo tilda como un punto de inflexión en esta legislatura) no impedirá que las conversaciones continúen. “Son dos planos distintos”, aclaran. La interlocución sigue a pesar de que el líder conservador ha elevado el tono con total claridad en las últimas horas. Lo hizo en una durísima comparecencia en la que acusó al presidente de debilitar a la Nación y "convertir un problema con sus socios en una crisis de Estado".

La elección de González Pons como responsable del área institucional y su designación como interlocutor con el Gobierno en todos los asuntos de Justicia no es un detalle menor. El eurodiputado, igual que el presidente popular actual, fue crítico en momentos del pasado con la posición que mantenía Génova, en manos de Casado y Teodoro García Egea, y su negativa constante a llegar a acuerdos de Estado en los que el PP tenía un rol fundamental. Sí es cierto que González Pons, con influencia en Bruselas, es partidario de forzar al Gobierno a avanzar en un nuevo sistema de elección que cumpla con los estándares de independencia impuestos desde Europa.

El vicesecretario de acción institucional del PP, Esteban González Pons, atendiendo a los medios. EP

No se trata de "una línea roja o una excusa", admiten dirigentes, como sucedía en el viejo PP. Pero sí una negociación en la que los populares, además de cumplir con sus obligaciones, aspiran a dejar una impronta propia. Esta reclamación, y el pacto sobre cuándo se hará público el acuerdo, son cuestiones claves en las conversaciones.

El Gobierno y el PSOE asumen que, pese a sus pretensiones, no habrá nuevo CGPJ hasta después de las andaluzas. Esta decisión rompe con su idea de culminar en tiempo y forma el cambio en el TC, pero no les queda más remedio que esperar. Moncloa quiere llevar con total "discreción" el diálogo con el PP y preservarlo de sus réplicas a su labor de oposición. La vicesecretaria del PSOE, Adriana Lastra, salió este jueves en Ferraz a criticar la andanada de Feijóo horas antes y a defender que "la responsabilidad política y el sentido de Estado" que prometió son "palabras vacías". Pero, a la vez, hay confianza en cerrar con el PP el pacto tras el 19-J.