Ciudadanos ha presentado una nueva denuncia ante la fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña para que investigue si el conseller de Educació, Josep Gonzàlez Cambray, y a otros altos cargos del Departament han cometido un delito de prevaricación continuado “al anteponer mediante sus actos y resoluciones administrativas o la ausencia de las mismas cuando son debidas, la exclusión o cancelación injustificada del derecho de los ciudadanos a recibir enseñanza en castellano en todos los centros educativos sostenidos con fondos públicos en Cataluña".

La líder nacional del partido, Inés Arrimadas, y el jefe de las filas en Cataluña, Carlos Carrizosa, han oficiado el registro del escrito este miércoles, a las puertas del inicio de la campaña de las elecciones en Andalucía y con el fin de liderar la batalla por el 25% de castellano en las aulas en una disputa abierta con PP y Vox.

La dirigente de Cs considera que emana directamente de la Constitución “el derecho a recibir la enseñanza en castellano en, al menos, el 25% de las asignaturas no lingüísticas”, por lo que “no es modificable, alterable ni incumplible” a través de una nueva ley como pactaron PSC, ERC, Junys y comunes y de un decreto ley como el que aprobó el lunes el Consell Executiu.

¿Delito desde 2020?

Para justificar un presunto delito de prevaricación, los naranjas hurgan en su escrito en que "las autoridades públicas de la Generalitat de Cataluña son plenamente conscientes, sin ningún lugar a duda, de su deber por imperativo constitucional de adoptar las medidas (actos y resoluciones administrativas necesarias) que garanticen la vehicularidad mínima del 25% del castellano en los centros públicos autonómicos desde al menos la fecha de notificación de la mencionada sentencia del TSJC de 16 de diciembre de 2020”.

Así, Cs valora que “lejos de garantizar” el cumplimiento de los retirados fallos, el decreto del Govern “no deja de ser la elevación a la norma legal de las prevaricadoras instrucciones remitidas a los centros educativos” con el fin, argumentan, de que tampoco cumplan las directrices de los tribunales.

El 28 de marzo, el partido ya presentó una denuncia, que fue archivada el 4 de mayo, sobre el mismo asunto, por lo que la formación se esfuerza ahora en justificar que se trata de prevaricación continuada: “La preparación y proposición de adopción del decreto ley son nuevas actuaciones criminales que demostrarían la comisión de un delito continuado de prevaricación en sus dos modalidades", deslizan, porque "por un lado, evita adoptar las instrucciones administrativas necesarias para garantizar la enseñanza en castellano en la proposición mínima, a sabiendas de la obligatoriedad de adoptarlas, y, por otro, deliberadamente se adoptan actos y resoluciones en el ámbito de sus respectivas competencias para imponer en actos incluso normativas un criterio estrictamente ideológico que viola patente y arbitrariamente la actuación legalmente debida”, zanjan.

Arrimadas ha cargado contra el "arrodillamiento" del PSC por pactar la nueva ley que flexibiliza la inmersión lingüística y ha celebrado la "rectificación" de Vox que finalmente sí acudirá al Consell de Garanties Estatutàries, ya que Cs con tan sólo 6 diputados no podía hacerlo. "No vamos a dejar ni una infamia por combatir", ha insistido, apostando por el uso de todas las vías legales a su alcance para tumbar tanto la ley del catalán como el decreto. Carrizosa ha espetado que se ha vivido “una crónica de una desobediencia anunciada y en directo” porque la Conselleria ha empujado el decreto y ha dado instrucciones a las direcciones de los centros educativos para que "incumplan".