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Proceso judicial

Caso Cursach: la hora de la verdad

Nueve años después, el caso Cursach, la investigación de una trama de corrupción empresarial, policial y política abierta en 2013, llega a juicio con 24 personas en el banquillo - Incertidumbre | La fiscalía recorta in extremis sus imputaciones y deja muchas acusaciones en el aire - 150 sesiones | El tribunal ha reservado nueve meses para la vista oral

Bartolomé Cursach, pieza clave de la causa judicial. B. RAMON

El primer folio del sumario está fechado el 25 de octubre de 2013. El juzgado de instrucción número 12 de Palma, entonces en manos de la magistrada Carmen González, empezó a investigar las corruptelas de un grupo de agentes de la Policía Local de Palma. El avance de las pesquisas dibujó un laberíntico entramado de corrupción empresarial, política y policial con decenas de implicados y una figura central: Bartolomé Cursach. Con la llegada del juez Manuel Penalva -ahora investigado por cometer diversas irregularidades junto al fiscal del caso, Miguel Ángel Subirán-el caso entró una vertiginosa espiral y se desgajó en varias causas con decenas de personas encarceladas e imputadas por servir a cualquier precio al ‘Rey de la Noche’ y sus negocios. Nueve años después, tras un tormentoso camino, la pieza principal del procedimiento desemboca en un juicio plagado de incertidumbres.

A partir del próximo día 13, en el banquillo de los acusados de la Audiencia Provincial se sentarán 24 personas por un rosario de delitos: grupo criminal, prevaricación, cohecho, coacciones, tráfico de drogas, omisión del deber de perseguir delitos, falsedad documental, revelación de secretos, amenazas y usurpación de funciones. Por un lado están el propio Bartolomé Cursach y su núcleo duro en los negocios: Bartolomé Sbert, Jaime Lladó, Arturo Segade y Antoni Bergas. Por otro, 14 miembros de la Policía Local de Palma acusados de cometer todo tipo de ilegalidades para beneficiar al Grupo Cursach. La implicación de estos agentes, varios de los cuales pasaron largas temporadas en prisión provisional y fueron suspendidos de empleo y sueldo, abrió una herida en el cuartel de Sant Ferran todavía por cicatrizar. El tribunal debe dirimir si estos policías, entre ellos el que fuera jefe del cuerpo Joan Miquel Mut y varios oficiales de la Patrulla Verda y Grup d’Actuació Preventiva (GAP), hostigaron sistemáticamente a una veintena de locales nocturnos cercanos a las discotecas de Cursach con redadas e inspecciones injustificadas y desproporcionadas. El objetivo era ahuyentar a los clientes para que se fueran a los negocios del magnate. Este, a cambio, los habría sobornado con orgías, drogas y regalos de toda índole. Algunos de los agentes están acusados de actuar también en beneficio propio, exigiendo mordidas y favores sexuales a los perjudicados a cambio de no actuar contra ellos. Además, las pocas sanciones que imponían a los establecimientos del Grupo Cursach se perdían por el camino y los agentes que alzaban la voz contra esta corrupción sufrían represalias.

En la trama habría una tercera pata, la de la administración pública. En el banquillo estará también la ex directora general de Turismo del Govern, Pilar Carbonell -que dimitió al ser imputada en la causa-, uno de sus subordinados y dos funcionarios de los Ayuntamientos de Palma y Calvià por beneficiar ilegalmente a Cursach.

A solo unos días del inicio del juicio, la fiscalía ha mutilado buena parte de su escrito de acusación, firmado en diciembre de 2018 por Miguel Ángel Subirán y Juan Carrau. El propio Carrau y su compañero Tomás Herranz, basándose en las presuntas ilegalidades de Penalva y Subirán y concluyendo que muchos testigos mintieron, han tachado decenas de páginas del documento por considerar ahora «inverosímiles» algunos relatos, como las fiestas sexuales en Tito’s, y no apreciar actos delictivos en otros. El resultado es una tesis que desvincula a Cursach y los suyos de las actuaciones policiales corruptas -salvo en un solo episodio- y niega que el empresario sobornara jamás a los agentes.

De este modo, rebaja su petición de condena para Cursach de 8,5 años de cárcel a 1,5 años y exculpa a Lladó, Segade y Bergas. Olvidado el cohecho, la fiscalía rebaja también las penas para buena parte de los policías, aunque algunos siguen enfrentándose a más de nueve años de prisión. Y para Carbonell y el resto de funcionarios también reclama la absolución. Contra todos ellos, sin embargo, siguen actuando el resto de acusaciones.

La Audiencia ha reservado nueve meses y casi 150 sesiones para el juicio. Es la hora de la verdad. Aunque solo sea la judicial.

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