El abogado del empresario Bartolomé Cursach, Enrique Molina, ha pedido este martes al tribunal una sentencia absolutoria por "vulneración de derechos" del magnate. En la segunda sesión del juicio por la trama de presunta corrupción policial, empresarial y política. El letrado Enrique Molina ha afirmado que "no ha habido instrucción con un juez independiente, por lo que resulta manifiestamente nula". El abogado ha cargado contra los exjueces Manuel Penalva y Miquel Florit por la manera en la que llevaron a cabo la investigación, asegurando que Cursach no ha tenido posibilidad de prestar declaración ante un juez imparcial durante todo el procedimiento.

En su alegato, ha criticado también el remiendo del escrito de acusación llevado a cabo por la fiscalía. Molina ha mostrado el documento repleto de tachones presentado por el ministerio público diez días antes del juicio, que a su entender es "una retirada de acusación tácita" sobre Bartolomé Cursach, pese a que reclama para él una condena de un año y medio de cárcel. "Ninguno de los escritos de acusación atribuye comportamientos concretos a Cursach", ha incidido. Esto supone una "vulneración de derechos fundamentales" del empresario.

Molina ha cargado también con dureza contra Penalva y el exfiscal Miguel Ángel Subirán: "La instrucción estaba completamente viciada por los intereses espurios del juez y el fiscal", ha sentenciado.

El letrado ha planteado además otras cuestiones previas para pedir la nulidad del procedimiento, sobre las que a lo largo de esta mañana deben pronunciarse el resto de abogados defensores, los fiscales y las acusaciones particulares.

En el banquillo se sientan hoy 17 acusados, tras la absolución de facto por la retirada de cargos contra seis imputados que tuvo lugar ayer, en la primera sesión de la vista oral. La exdirectora general de Turismo, Pilar Carbonell, un funcionario de esa conselleria, tres hombres fuertes del grupo Cursach -el exdirector de Tito's, Jaime Lladó; el responsable de la zona VIP, Arturo Segade; y expolicía Antoni Bergas- y un funcionario del Ayuntamiento de Palma, quedaron exculpados al retirarse todos los cargos contra ellos.