La Moncloa, antes de las elecciones andaluzas, ya advertía de que estaba analizando “todas las opciones” para lograr la renovación del Tribunal Constitucional en caso de que el PP mantuviese el bloqueo en el Consejo General del Poder Judicial. Ahora, tras las urnas, ya ha decidido qué fórmula es la que usará. Y la activará de manera inminente, este mismo viernes: será una reforma legal, para que el órgano de gobierno de los jueces pueda nombrar a los dos magistrados del TC que le corresponde designar aunque siga en funciones. De este modo, se podrá proceder al relevo íntegro del tercio del Alto Tribunal cuyo mandato venció el 12 de junio sin que quepan dudas de la legalidad del procedimiento ni bloqueos por parte de los actuales miembros del TC.

El Grupo Socialista registra este viernes, 24 de junio, una proposición de ley en el Congreso de los Diputados muy simple: reforma del artículo 570 bis de la Ley Orgánica del Poder Judicial de 1985, tal y como adelantó elDiario.es y confirmaron fuentes de la dirección del PSOE a este periódico. Lo que permite la nueva redacción es que si el CGPJ tiene el mandato caducado podrá seguir nombrando a los candidatos de las dos plazas al TC que le corresponden. Con ello, revierte parcialmente la última modificación que impulsó el Ejecutivo en marzo de 2021: justo para forzar la renovación del CGPJ, PSOE y Unidas Podemos impulsaron que, una vez que este entra en funciones, tuviera prohibido hacer nombramientos de la cúpula judicial. Ese cambio, por cierto impugnado por la oposición, es el que ahora ha atado de pies y manos al Ejecutivo para lograr la actualización del TC.

Ahora, por tanto, deshace la modificación de marzo de 2021 vía proposición de ley, una vía distinta y más rápida. Al ser una reforma lanzada desde un grupo parlamentario, no hacen falta informes de los órganos consultivos, que es lo que sería necesario en caso de que el autor del texto fuera el Gobierno. Además, la intención del PSOE, según apuntaban desde Ferraz y desde la cúpula parlamentaria, es que la tramitación sea urgente y en lectura única (sin posibilidad de introducir enmiendas), así que su cálculo es que pueda ser aprobada en julio. De la iniciativa informaron los socialistas previamente a sus socios de Unidas Podemos. Al tener carácter orgánico, necesitará de mayoría absoluta en Congreso y Senado, lo que exigirá al Ejecutivo negociar con los grupos.

Mensaje al PP

De este modo, se podría dar cumplimiento al artículo 159.3 de la Constitución, que exige que la renovación del TC se haga por tercios. El que toca ahora, correspondiente al cupo de cuatro magistrados cuyo mandato venció el 12 de junio, implica que el Gobierno ha de nombrar a sus dos candidatos y el CGPJ, a los otros dos. Así, se revertiría el signo político del Alto Tribunal: de una mayoría conservadora de siete a cinco se pasaría a una mayoría progresista también de siete a cinco.

De esta renovación, saldrían tres magistrados conservadores (el actual presidente del tribunal, Pedro González-Trevijano, Antonio Narváez y Santiago Martínez-Vares) y un progresista (el vicepresidente de la institución, Juan Antonio Xiol). Serán reemplazados por tres progresistas y uno conservador, ya que el CGPJ siempre designa a uno de cada orientación.

El Ejecutivo ya había dejado claro en las últimas semanas que no iba a aceptar más demoras por parte del PP, porque ya son más de tres años y medio los que lleva el CGPJ con el mandato vencido. El último movimiento de Génova irritó más aún a la Moncloa: el interlocutor designado por Alberto Núñez Feijóo, Esteban González Pons, anunció el pasado 13 de junio que su partido elevaría en un mes su propuesta de ”regeneración” de la Justicia a la par que su idea de renovación del Poder Judicial. Pedro Sánchez ha optado por acelerar el relevo en el TC sin esperar a que el PP se decida. El temor era que la cúpula popular optara por una nueva maniobra dilatoria.