El Govern ha conseguido convalidar en el Parlament -con 71 votos a favor y 60 en contra- el decreto por el que se rechaza aplicar un 25% de castellano en las aulas como exige el TSJC, si bien sin el grado de apoyo que logró la ley que actualiza la política lingüística en las aulas. En esta ocasión el PSC se ha descolgado de ese acuerdo, que sólo han apoyado los 'comuns'. El texto del decreto se muestra contrario a parámetros numéricos, proporciones y porcentajes de uso de las lenguas, dado que se defiende que cada centro decida su proyecto lingüístico y que el Departament de Educació asumirá la responsabilidad final. Los socialistas y los partidos de derecha han rechazado que no se sitúe al castellano como lengua de aprendizaje. Y la CUP, por motivos opuestos, también ha votando en contra. Junts y la CUP han propuesto, sin éxito, tramitar el decreto como proyecto de ley, en contra del criterio de ERC.

El 'conseller' de Educació, Josep González Cambray ha defendido que "ante las injerencias judiciales, ponemos el aprendizaje en manos de quien sabe, dejamos la pedagogía en manos de los maestros, no aplicamos porcentajes numéricos en los aprendizajes”. El 'conseller' ha asegurado que las instrucciones a cada centro para que aplique su propio proyecto lingüístico, pese a las críticas de algunos directores, son "claras y de forma sencilla". Y en respuesta a tesis como las de la CUP que exige mantener un solo proyecto lingüístico en defensa del catalán en todas las aulas ha argumentado que "se hace imposible redactar proyectos lingüísticos únicos, no creemos en la regulación monolítica; no una solución única y uniforme ante realidades lingüísticas diferentes".

Los 'Comuns' han aplaudido el paso dado con el decreto a favor del "blindaje" en favor del catalán en las aulas. "La inmersión no se toca", ah defendido la parlamentaria Jessica González, felicitándose porque el decreto respeta la diversidad de las "las realidades sociolingüísticas" de cada centro.

El PSC echa en falta el castellano

El PSC, en palabras de la diputada Esther Niubó, ha mostrado su rechazo respecto al decreto por no reservar el "espíritu" del acuerdo mayoritario de la nueva ley lingüística del 8 de junio con el apoyo de los grupos del Govern junto a los socialistas y los 'comuns'. "Tanto costaba recoger el uso curricular del castellano cuando ha sido una pieza clave del acuerdo" al que se llegó recientemente, ha lamentado Niubó. La parlamentaria socialista ha recordado que la ley pactada recientemente preserva, por vez primera, el "uso curricular" del castellano como lengua de aprendizaje .El PSC ha mostrado su desacuerdo con el rechazo a los porcentajes mientras las universidades consideran fantástico el 80% de catalán. También el PP y Ciudadanos -que ya votaron contra el pacto de la nueva ley lingüística- se han mostrado rotundamente en contra del decreto por motivos similares y en defensa del castellano. Vox habla de "fraude de ley".

La CUP, tampoco

La CUP también ha rechazado, por motivos opuestos, el decreto -como ya rechazó la ley- por ser un "decreto de despachos sin contar con la comunidad educativa y con el apoyo de sólo unos cuantos partidos". "La responsabilidad vuelve a recaer en las direcciones" de los centros, según la parlamentaria Nogay Ndiaye.