La futura ley de Garzón contempla sanciones de hasta tres millones de euros contra los videojuegos con 'cajas botín'

Las 'cajas botín' son aquellos cofres, tarjetas o elementos varios a través de los cuales los creadores de un juego pretenden convencer al consumidor para que pague un extra para obtener un beneficio determinado, como un traje especial o armas más precisas, por ejemplo.

Estas loot boxes llevan un tiempo generando polémica por su capacidad de inducir a cierta adicción a los jugadores, que normalmente son chicos jóvenes. De hecho, según evidenció el Plan Nacional sobre Drogas, tres de cada diez estudiantes gastaron el año pasado algo de dinero dentro de los videojuegos para mejorar algún aspecto de su avatar o de su equipo, y son ellos, por encima de ellas, los que más utilizan estos 'cebos' de compra.

En la inauguración del seminario Loot Boxes. Nuevos retos de la industria del videojuego, Garzón señaló que en estos espacios digitales se habían introducido "características muy similares a las de los juegos de azar tradicionales".

Estas declaraciones van en la línea de lo que manifestó ya en 2020 Tim Sweeney, consejero delegado y fundador de Epic Games, cuando planteó que la industria del videojuego tenía que plantearse qué quería ser cuando creciese. "¿Deseamos convertirnos en Las Vegas, con máquinas tragaperras, o preferimos optar por respetar a los creadores de los productos en los que los clientes confían?", cuestionó.

Por ello, el ministro de Consumo anunció en este seminario que iba a lanzar una ley específica para regular esta materia. De esta manera, se vigilarían los "dispositivos que tengan un valor económico en un mercado real o ficticio y cuyo premio aleatorio se pueda revender o intercambiar, incluidos los famosos NFT o las criptomonedas". 

Según la información a la que ha tenido acceso EL PERIÓDICO DE ESPAÑA, este viernes comienza el proceso de audiencia pública y los interesados en añadir aportaciones deberán hacerlo hasta el 23 de julio. Cuando el Ministerio valore esos apuntes, el texto irá al Consejo de Ministros y, tras su aprobación, empezará su tramitación en las Cortes como proyecto de ley.

En caso de no cumplir los requisitos que finalmente se acuerden, el Ministerio propone un régimen sancionador de las infracciones de los operadores de la industria. Habrá faltas leves, que se penalizarán con multas de hasta 25.000 euros; faltas graves, de 25.000 a 200.000 euros; y un último tramo de faltas muy graves, que podrán conllevar un correctivo de hasta tres millones de euros y la posible clausura de los medios por los que se presten los servicios o permitan la activación de los MAR.

El departamento de Garzón quiere prohibir el acceso a los menores exclusivamente a los loot boxes en los que los premios sean intercambiables. Es decir, cuando la activación de los mecanismos de recompensa suponga que el jugador efectúe un pago directo con dinero o indirecto, con NFT o criptomonedas.

Los dos modelos a vigilar que tendrá en consideración el área que dirige Alberto Garzón son las sajas botín que están dentro de las propias pantallas de juego y las webs o plataformas de intercambio ajenas al espacio de los videojuegos.

Los jugadores deberán demostrar su mayoría de edad a través de una verificación documental de DNI u otras formas de reconocimiento de datos.

No obstante, para mayores de 18 años, el Ministerio establecerá dos opciones para limitar el gasto: una parcial, en la que el jugador podrá seleccionar el tiempo máximo o el importe que quiere abonar, y otra total, basada en un sistema de autoexclusión.

Los operadores estarán obligados a dar información veraz sobre las probabilidades reales de obtener el premio al que optan los jugadores.

Asimismo, la publicidad de estas 'cajas botín' estará prohibida en los entornos físicos (cartelería o medios de comunicación) y en los online no relacionados con los videojuegos, incluidas las redes sociales. En la televisión y la radio sólo se podrán emitir anuncios de este tipo en la franja horaria que va de la 1 a las 5 de la madrugada.