El abogado general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, Jean Richard de la Tour, tiene previsto dar respuesta este jueves a la pregunta de la que depende en gran medida el futuro judicial del expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont y del resto de huidos por el 'procés, o al menos, de los intentos del Tribunal Supremo para tratar otra vez de ponerles a disposición de la justicia española mediante nuevas euroórdenes cursadas en su contra. Para ello resulta clave saber si un país de la Unión Europea puede negar la entrega de un reclamado a otro Estado miembro, porque considera que se vulneraron sus derechos fundamentales al solicitar su entrega quien entiende que no es el tribunal competente para actuar contra ese investigado.
Esa fue la respuesta que Bélgica dio a España para rechazar la entrega del que era conseller de Cultura Lluís Puig y fue el detonante para que el juez que instruyó la causa abierta en el Supremo por el 'procés', Pablo Llarena, dirigiera varias preguntas al tribunal de justicia con sede en Luxemburgo para aclarar qué puede justificar rechazar una euroorden cursada por otro país miembro.
Las conclusiones de De la Tour obedecerán a su análisis de las alegaciones realizadas por la defensa de Puigdemont, que ejerció Gonzalo Boye, que fue quien llevó el mayor peso a la hora de exponer los argumentos de sus compañeros de estrados, y la del resto de huidos. Y también a las contrarias, expuestas tanto la fiscalía y la Abogacía del Estado españolas como la Comisión Europea en la vista que se celebró el pasado 5 de abril en la sede del tribunal en Luxemburgo.
A final de año
Esas conclusiones no son la sentencia definitiva del tribunal, pero no suelen ir desencaminadas respecto al criterio final, que normalmente se dicta un mes después, aunque el presidente del TJUE, Koen Lenaerts, afirmó en una visita posterior al Tribunal Constitucional español que el dictamen definitivo no se conocerá hasta final de año. Ese será el momento en que se pondrá fin definitivamente al contencioso mantenido entre España y Bélgica a cuenta de las euroórdenes, pero el criterio que marque el abogado general en sus conclusiones será una pista de gran importancia para poder augurar hacia dónde se decantará la balanza.
Durante la vista celebrada en Luxemburgo, el fiscal del Tribunal Supremo Fidel Cadena argumentó que el alto tribunal español es el competente para investigar a los líderes del 'procés', porque según lo establecido por la ley orgánica del poder judicial, la de enjuiciamiento criminal y el propio Estatut, es ante el que responden los diputados del Parlament por delitos cometidos fuera de Catalunya. De ahí que negara cualquier tipo de arbitrariedad en la reclamación de los huidos ni, por tanto, vulneración alguna de sus derechos fundamentales, argumento principal utilizado por Bélgica para negar la entrega de Puig.
Tanto la Abogacía del Estado española como la Comisión Europea defendieron que solo se puede negar una entrega ante una vulneración sistémica de derechos, lo que motivó que una de las magistradas que forman la Sala se interesara, durante la fase final de la vista, en si eso impediría intervenir ante las que ocurrieran de forma puntual y quedarían impunes.
Por su parte, Lenaerts centró sus preguntas al abogado de Puigdemont en las resoluciones del Tribunal Constitucional que todas sus resoluciones sobre el 'procés' han negado cualquier vulneración de derechos fundamentales. La defensa, en cambio, sostuvo que el alto tribunal español nunca se pronunció sobre el caso concreto de Puig e insistió en la falta de competencia del Supremo para poder reclamarle a él y al resto de huidos.
