El fiscal Álvaro García aprovechó su comparecencia ante la comisión de Justicia del Congreso para ser elegido fiscal general del Estado para dar respuesta a las críticas que había ido acumulando desde que su antecesora, Dolores Delgado, renunció al cargo por motivos de salud. Entre ellos estaba la polémica suscitada en relación con la reapertura de la causa por el asesinato de Miguel Ángel Blanco para que responda por él la entonces cúpula de ETA.

Y para zanjarla definitivamente ha anunciado que se pronunciará sobre el criterio de prescripción que aplicará el ministerio público al respecto tras escuchar a la Junta de Fiscales de Sala, compuesta por los de la máxima categoría dentro de la carrera.

Previamente había negado que hubiera un "caso Miguel Ángel Blanco", porque "ETA ha sido derrotada gracias a la encomiable labor de la Fiscalía de la Audiencia Nacional", y pidió respeto a las víctimas. Insistió en que nunca se había dado ninguna directriz política y calificó de "grave" la filtración de correos internos entre el fiscal jefe y sus subordinados por el daño que causaban a las víctimas, dijo.

"La prescripción, y algo de derecho penal sé, se declara en un momento procesal oportuno, no en el momento en el que está el caso que nos ocupa. La Fiscalía de la Audiencia Nacional nunca ha obstaculizado las investigaciones abiertas en los distintos juzgados, cuya reapertura siempre contará con el apoyo del ministerio público", aseguró.

A continuación entró en el tecnicismo. Explicó que el criterio que mantenía el fiscal del caso, Vicente González Mota, de empezar a contar el cómputo de prescripción a partir del arresto del presunto autor y no cuando se produjeron los hechos, no ha sido nunca avalada por la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ni por el Supremo, pero en cualquier caso, se adoptará un criterio definitivo tras escuchar a la Junta de Fiscales de Sala.