El anteproyecto de ley de información clasificada que este lunes aprueba el Consejo de Ministros en sustitución de la de secretos oficiales de 1968 levanta suspicacias dentro del PP. No tanto por la filosofía de la nueva norma (fija por primera vez la caducidad temporal de los secretos de Estado, desde 4 a 50 años prorrogables), sino por el hecho de que el Gobierno no se haya puesto en contacto con el principal partido de la oposición a pesar de que se trata de un tema “muy sensible” que “afecta a la seguridad del Estado”. Unidas Podemos considera que el plazo de los 50 años es demasiado amplio.

“Lo idóneo habría sido un acuerdo que contara con el partido que significa la alternativa”, explicó el vicesecretario económico, Juan Bravo, en la sede nacional de Génova. Además, los populares reprochan que las competencias de los altos secretos del Estado dejen de estar en manos del CNI, dependiente del Ministerio de Defensa. “Robles ya sufrió que se le restara protagonismo eliminando sus competencias y trasladándolas al Ministerio de Presidencia”, criticó Bravo.

Sin fijar posición sobre el anteproyecto, “sólo conocemos algunos datos”, explicó el responsable económico del PP, “vemos que pone en duda el trabajo del CNI”. Y, por eso, en Génova también reprochan el origen de la nueva ley. En el trasfondo de las críticas siguen estando los pactos parlamentarios, especialmente Bildu. “Para hablar de los secretos oficiales el Gobierno prefiere hablar con Bildu. Esa es la circunstancia. Y por eso cometeremos errores si el Gobierno no llama al PP”, zanjó Bravo en la sede de Génova sin mencionar al PNV, que es el principal impulsor de la nueva norma.

“Faltan medidas efectivas”

Según El Periódico de España, el otro gran asunto encima de la mesa fue el decreto que también aprueba el Consejo de Ministros este lunes con medidas de ahorro energético para dar cumplimiento al recorte del 7% en el consumo energético. El PP insiste en que el Gobierno debe pensar en “cuestiones más productivas que quitarse la corbata y poner el aire acondicionado a 27 grados”, máxime después de que la presidenta de la Comisión Europea insista en que el continente debe prepararse para más cortes de gas ruso.

Bravo recalcó que otros países como Francia o Alemania están poniendo medidas de calado en marcha (los primeros planteándose la construcción de mini centrales nucleares y la segunda reactivando centrales térmicas) y pidió al Ejecutivo tomar nota lo antes posible. Aún así, los populares no se oponen a la limitación de grados en aires acondicionados y calefacción para el invierno. “Todo lo que sea ahorro energético está bien”, reconoció, insistiendo en que “lo que se necesita es un plan fuerte y potente, que además de quitar las corbatas pase por acelerar las inversiones a través de las empresas”. El PP vuelve a insistir en que “el ahorro llegaría antes” si se redujeran, entre otras cosas, varios ministerios.