"La palabra precede a la acción, la creación de un clima de hostilidad hacia determinados colectivos favorece la ejecución de acciones violentas". Con esta frase, la teniente fiscal del Tribunal Supremo, María Ángeles Sánchez Conde, resumió la experiencia acumulada por los fiscales en materia de delitos de odio y advierte del incremento de los procedimientos judiciales por este tipo de delitos, que fue del 27,1 por ciento a lo largo de 2021.
Los datos los ha destacado Sánchez Conde en sustitución del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, que tras dar positivo en covid no pudo asistir a su primera Apertura del Año Judicial, un acto formal presidido por el rey Felipe VI donde tradicionalmente la Fiscalía da a conocer su última Memoria de actividades. La intervención se ha alejado de razonamientos políticos y se ha centrado en la actividad de las diferentes fiscalías especializadas para atender a las víctimas de diferentes delitos.
Sánchez Conde ha reconocido que "no son tiempos fáciles" debido a la situación internacional, aludiendo a la guerra en Ucrania, y ha reclamado compromiso de las instituciones frente a "los efectos de una crisis humanitaria, económica y energética".
Atentan contra el modelo democrático
Sobre los delitos de odio, ha destacado que "no solo atentan contra los bienes jurídicos individuales de las personas y contra su propia dignidad, sino que también ponen en cuestión los principios y valores constitucionales y nuestro modelo democrático de convivencia pacífica". Frente a ello, considera que "la sociedad nos reclama una respuesta penal firme, al tiempo que una eficaz protección y reparación de las víctimas".
La velocidad con la que la información se difunde, la facilidad para viralizar y la perdurabilidad del entorno en línea entrañan situaciones de riesgo que en ocasiones resultan difíciles de combatir, aumentando el daño a las víctimas, a juicio de Sánchez Conde, y en esta realidad se enmarca la próxima creación de una Unidad Especializada de la Fiscalía General contra los delitos de odio y discriminación. Para ocupar su jefatura se especuló a finales del verano con la posibilidad de que la elegida sea la exministra y fiscal general Dolores Delgado.
Motivos de odio
Por lo que se refiere a las cifras, en 2021, los procedimientos por delitos de odio aumentaron en un 27,1 por ciento. En las diligencias de investigación tramitadas por la Fiscalía los motivos discriminatorios más comunes fueron el racismo y la xenofobia, con un 38,5 por ciento; la orientación e identidad sexual y de género, con un 25 por ciento: y en tercer lugar la ideología, con un 19,2 por ciento, como consecuencia de la polarización y radicalización del debate político de la que ya se alertaba en Memorias anteriores.
Se consolida también la tendencia alcista de los delitos de odio cometidos a través de las nuevas tecnologías, que están presentes ya en el 20 por ciento de los procedimientos tramitados por estos tipos penales.
Con respecto a esta conducta, y aunque no ha sido mencionado por la teniente fiscal, la Memoria reclama una nueva reforma del Código Penal que culmine de manera definitiva la unificación de los distintos motivos discriminatorios que se contemplan actualmente en la agravante genérica del Código Penal.
Así, los fiscales proponen introducir la edad y la aporofobia o exclusión social como nuevos motivos de discriminación e incorporar una cláusula final que posibilite la aplicación de la agravante con independencia de que las condiciones o circunstancias que recoge concurran efectivamente en la persona sobre la que recae la conducta delictiva.
En cuanto al número total de diligencias fiscales en España durante el pasado año, Sánchez Conde ha reconocido que, pese al esfuerzo y voluntad de recuperar la normalidad en la actividad judicial, los 2.613 fiscales que hay actualmente en España han seguido conviviendo en 2021 con las consecuencias del COVID-19, por lo que los datos expuestos no alcanzan aún los niveles de 2019.
En todo caso, 2021 se incoaron un total de 1.465.024 procedimientos de diligencias previas, lo que supone un crecimiento del 6,76 por ciento respecto del año anterior. Por lo que se refiere a la más genuina actividad del Ministerio Fiscal, en 2021 se iniciaron 13.869 diligencias de investigación, lo que constituye un notable ascenso respecto de 2020.
La Memoria hace también referencia a los efectos de la modificación introducida en el sistema de plazos del art. 324, y que obligó a los fiscales a solicitar un 78 por ciento menos de prórrogas que en 2020, año en que ya se había observado un descenso del 44 por ciento respecto del ejercicio anterior.
Además de los delitos de odio, el fiscal se ha referido de forma muy especial a la figura de la víctima, señalando que "cuestiones como la reparación integral, la evitación de la victimización secundaria -mediante mecanismos como la preconstitución probatoria-, la toma en consideración de la interseccionalidad de las situaciones de vulnerabilidad o la facilitación del acceso al procedimiento y a las medidas de apoyo y acompañamiento".
Violencia de género
En cuanto al la violencia de género, Sánchez Conde ha destacado que esta la Memoria diferencia, por primera vez, el feminicidio familiar o íntimo, el no íntimo y el feminicidio por contexto. También ha recordado Durante el año 2021 fueron asesinadas 50 mujeres, tres más que el año anterior, de las que tan solo 11 habían presentado previamente denuncia.
La violencia de género dejó 31 niñas y niños huérfanos, y cuatro menores fueron asesinados por sus padres. "No son cifras, no son estadísticas, son vidas humanas", ha apuntado, para subrayar que, del mismo modo que el año anterior, el 76 por ciento de los asesinatos se produjeron fuera de las capitales de provincia".
Tras referirse destacar las especialidades de Terrorismo, Corrupción, Drogas, y destacar la labor social de los fiscales de Mayores y Discapacidad o los de Siniestralidad Laboral, la teniente fiscal del Supremo ha concluido reclamando ya una reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim) que otorgue la instrucción penal al ministerio público.
"El ministerio fiscal tiene la obligación de demostrar, al igual que ha hecho durante más de dos décadas en la jurisdicción de menores, que somos plenamente capaces de asumir la investigación criminal en las mejores condiciones", en tanto esta reforma integral no sea una realidad, la Fiscalía General se compromete a impulsar "las modificaciones parciales que sean pertinentes para conquistar mayores parcelas de autonomía y transparencia" de su departamento.
