El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha decidido permitir que siga adelante la comisión rogatoria cursada por las autoridades andorranas para comunicar al expresidente del Gobierno Mariano Rajoy y los que eran sus ministros de Hacienda y del Interior, Cristóbal Montoro y Jorge Fernández Díaz, su imputación por supuestamente haber presionada a la Banca Privada d'Andorra (BPA) para obtener información sobre políticos catalanes, como la familia Pujol, el expresidente catalán Artur Mas y el presidente de ERC, Oriol Junqueras, en lo que podría ser un episodio de la "operación Cataluña".
Los últimos imputados en el procedimiento seguido por la Justicia andorrana, que ya investigaba a varios policías, algunos imputados en el caso Tándem -que se sigue la Audiencia Nacional contra las cloacas policiales y cuyo principal investigado es el excomisario José Manuel Villarejo-, recurrieron por la vía penal sin éxito, lo que les llevó a intentarlo también en la contenciosa-administrativa.
En este caso la impugnación se dirige contra la resolución de la Dirección General de Cooperación Internacional que dio curso a la petición de ayuda internacional para comunicar la admisión a trámite en 2019 de la querella interpuesta contra los miembros del último gobierno del PP.
La decisión del TSJM, que rechaza la suspensión solicitada de forma cautelar, tras oír a las partes, coincide con el criterio de la fiscalía y de la Abogacía del Estado que vieron en el recurso de los tres querellados una fórmula para tratar de sortear la negativa de la vía penal para oponerse a que se les pudiera comunicar siquiera la imputación en el principado.
En sus impugnaciones los dirigentes del PP alegaban que dar trámite a la querella, presentada "con fines políticos" y sin la más mínima consistencia, causaba un daño irreparable a su imagen. En su auto, de 13 páginas, el TSJ considera que Rajoy "se limita a aducir invocaciones genéricas e inconsistentes", que no sirven para justificar su intento de bloquear la petición de ayuda internacional.
