Si hoy mismo va usted a repostar combustible recibirá de forma automática un descuento de veinte céntimos por litro. No tendrá que hacer nada: ya se encarga la gasolinera de ajustar cuentas con Hacienda y recibir una compensación.

Si, en cambio, decide pedir el bono social eléctrico —una ayuda que da el Gobierno a familias con rentas bajas para pagar la electricidad— deberá: saber que existe, pasarse a la tarifa eléctrica regulada (la PVPC, que implica llamar a alguna de las compañías energéticas que la ofrecen), calcular si la renta de su unidad de convivencia es igual o inferior a 1,5 veces el IPREM en catorce pagas (e incrementar esta cantidad en un 0,3 por cada miembro adicional mayor de edad y un 0,5 por cada menor), decírselo a la eléctrica y esperar a que esta coteje sus datos con la Administración. A no ser que su familia sea numerosa: en ese caso, independientemente de su renta, le basta con certificarlo.

Si todo sale bien, el suyo se convertirá en uno de los 1,2 millones de hogares beneficiarios. Pese a que el Gobierno amplió los criterios en marzo y Pedro Sánchez dijo que esperaba llegar a 600.000 nuevas familias, el dato apenas se ha movido en los últimos meses. En aquel momento había 1.221.225 hogares receptores. En mayo, la última cifra disponible, eran 1.227.715: solo 6.490 más. ¿Dónde están el resto? ¿Es posible que ni siquiera se hayan enterado?

"¿Cuántos lo han pedido? ¿Por qué no están esos 600.000 nuevos? Ahí está el problema: en la burocracia y la complejidad para el usuario. No verás un solo anuncio institucional explicando a los consumidores que tienen derecho a esa factura de la luz", dice el secretario general de FACUA, Rubén Sánchez, a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA, del grupo Prensa Ibérica.

"¿No sería más fácil si todo fuera automático? Autorizas a la eléctrica a comprobar si cumples los requisitos y, si es que sí, te lo dan. Con las gasolineras se ha establecido un protocolo y aquí se podría hacer lo mismo". La parte positiva es que a los hogares que eran beneficiarios a fecha de 31 de diciembre de 2021 la Administración les ingresa automáticamente el bono social térmico, destinado a los gastos de calefacción y agua caliente. La parte negativa, que el bono eléctrico ha de renovarse cada dos años, complicando todo un poco más.

Más ayudas (y más fáciles) para ricos

La comparativa entre ambas ayudas viene a cuento por el reciente toque de atención de la autoridad fiscal independiente (AIREF) al Gobierno. En su informe sobre los presupuestos para 2023, el organismo detecta que la mayoría de medidas desplegadas contra la inflación se concentran en las rentas altas, que absorben "una parte importante" del coste total. Concretamente, el 20% más rico de la población se lleva el 21,3% del gasto, mientras que el 20% más pobre recibe solo el 19,2% cuando objetivamente es quien más lo necesita.

Además, según los datos del informe, la inflación afecta más a los pobres que a los ricos porque en los gastos de estos hogares tienen mayor peso los alimentos y la energía, los dos productos que más han subido de precio.

Ejemplos evidentes de medidas que absorben las rentas altas son la rebaja del IVA del gas, el descuento a la gasolina y las bonificaciones al transporte metropolitano. Por distintos motivos —porque consumen más gas, porque usan más el coche y compran más gasolina y porque las redes de transporte metropolitano se encuentran en ciudades con mayor nivel económico—, estas medidas benefician en mayor medida a los ricos. Pero es que además son medidas universales, no focalizadas y, por tanto, mucho más fáciles de pedir: tanto que no hace falta nada.

El IVA rebajado del gas se aplica automáticamente en la factura, como el descuento a la gasolina y a los abonos transporte. Para viajar gratis en Cercanías solo hace falta sacarse una tarjeta en las máquinas de cualquier estación y no perderla. El abono gratuito para trenes de media distancia tiene la pequeña complicación de que hay que usar la web de Renfe, pero basta con introducir un origen, un destino, el nombre, el DNI y el número de tarjeta bancaria para conseguirlo.

"Cuanto más genérica es la ayuda, más termina beneficiando en número y cantidad a rentas medias y altas", sostiene Carlos Susías, presidente de la Red Europea de lucha contra la pobreza y la exclusión social (EAPN). "Si mañana decidimos dar un dinero a todos los ciudadanos será muy sencillo, rápido y eficaz: simplemente les llegará. El problema surge cuando las ayudas están vinculadas a determinadas condiciones. Esta condicionalidad afecta casi siempre a las personas vulnerables y en situación de pobreza. Hay un problema endémico. Da la sensación de que, cuando las ayudas se dan a quienes más las necesitan, la Administración quiere asegurarse mucho más. Parece que parten de la idea de que no son solo pobres, sino también delincuentes. Eso es muy grave. A veces se piden trámites administrativos similares para recibir una ayuda de 200 euros que una de dos millones".

Susías sabe bien de lo que habla. Una de las prestaciones a las que más seguimiento han hecho en la EAPN ha sido el Ingreso Mínimo Vital (IMV), que, como los bonos sociales eléctrico y térmico y el bono de 200 euros, sí está focalizado en las rentas bajas.

Desplegado durante la pandemia para "prevenir el riesgo de pobreza y exclusión social", el IMV solo ha llegado al 40% de los hogares que tienen derecho a ella según otro reciente cálculo de la autoridad fiscal. Un elevado porcentaje de potenciales beneficiarios no lo pide porque no sabe que existe o porque cree que no tienen derecho a él. Para intentar llegar a ellos, el Ministerio de Inclusión ha puesto en marcha un autobús que desde el pasado 17 de octubre recorre España publicitando la ayuda.

"Para pedir el Ingreso Mínimo Vital hay que hacerlo online, que con carácter general es el primer problema porque muchas familias están alejadas de la vida digital. Parece que el autobús está funcionando bien. Una de las soluciones sería la apertura presencial de las oficinas de la Seguridad Social y que hubiera suficiente personal funcionario para atender las peticiones", continúa.

"Aunque a veces parece que se hacen muchas prevenciones a priori, que es preferible que no se cuele uno a que se queden miles sin recibirlo, se han hecho modificaciones desde el primer decreto y va en la buena dirección". Según datos de la AEPN, actualmente hay cerca de medio millón de hogares receptores y el objetivo es llegar a 800.000.

De la ayuda de 200 euros —un pago único para hogares de bajos ingresos cuyo plazo de solicitud terminó el 30 de septiembre— no hay aún datos. Esta redacción solicitó el número de beneficiarios potenciales y beneficiarios finales al Ministerio de Hacienda, encargado de gestionarlo, pero al cierre de este artículo no había recibido respuesta. Aunque la ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, destacó al anunciar la ayuda que "para evitar complicaciones" solo haría falta el DNI, la cuenta bancaria y rellenar un formulario, era necesario darse de alta en el sistema Clave-PIN e incluir datos como la referencia catastral de la vivienda.

"La digitalización es la primera barrera", añade Susías. "Hay que montar sistemas de apoyo, porque los trámites no son sencillos y quienes más se pierden son los vulnerables".

¿Por qué la administración no actúa de oficio en estos casos? Para el secretario general de FACUA, en el caso de los bonos eléctrico y térmico —creados en la época de Zapatero, modificados después y ampliados recientemente para paliar la inflación— "no hay interés político en que triunfe".

"El sistema se financia desde dentro: parte de los ingresos de las eléctricas se destinan a la gente que tiene menos recursos. Pero nuestra experiencia es que es una pantomima. Llevamos años pidiendo sin éxito que se dé a conocer y que la población se entere", dice.

El economista Juan Luis Jiménez, profesor en la Universidad de las Palmas de Gran Canaria y muy crítico con el malgasto de dinero público, considera que "la ausencia de datos administrativos de calidad impide establecer medidas específicas para rentas bajas" como recomienda la AIREF al Gobierno.

"En cambio", concluye, "las medidas generalistas, muchas veces populistas como la del combustible, son sencillas de aplicar y difícilmente criticables ('¿cómo va a ser malo si me regalan dinero?')".