El presidente esperará a más reacciones de los tribunales antes de decidir si cambia la ley del sí es sí

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no se da aún por aludido tras el goteo de resoluciones judiciales que rebajan sensiblemente las condenas impuestas a violadores o abusadores por la entrada en vigor de la Ley de garantía integral de la libertad sexual, uno de los proyectos estrella del Ministerio de Igualdad, que dirige Irene Montero. Hay que esperar, defendió, en una comparecencia de prensa en Bali (Indonesia) donde ha asistido a la cumbre del G-20.

 "Vamos a ver qué dicen los tribunales", defendió, apuntando a que dispongan de más margen para "unificar criterio y doctrina". A partir de ahí, señaló, "tendremos que ver qué pasos dar". Una postura muy cercana a la que sostiene Igualdad, que responsabiliza a los jueces por una errónea aplicación de la norma, que introdujo cambios técnicos en las horquillas de penas. Con la salvedad de que desde este Ministerio se descarta modificar el texto.

A pesar de que el propio Consejo General del Poder Judicial alertó de que estas modificaciones podrían acarrear una reducción de los años de cárcel para algunos delincuentes sexuales y de que el Gobierno hizo caso omiso, la posición ahora es "dejar trabajar a tribunales " porque son los que "unifican doctrina y crean jurisprudencia", reiteró el presidente.

Montero más contundente

"La voluntad del Ejecutivo y del Legislativo fue reforzar la seguridad de las mujeres", destacó. Y lo que se ha hecho es "identificar cualquier delito como agresión sexual para que haya penas más agravadas. Es "una gran conquista del movimiento feminista de nuestro país". "Esperemos a que los tribunales unifiquen doctrina para extraer conclusiones", insistió.

Las manifestaciones de Sánchez contrastan con las que este martes hizo la vicesecretaria general del PSOE y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que se mostró más contundente sobre la necesidad de "estudiar las sentencias con detenimiento y estudiar el texto legal" porque el objeto de esta ley no era que se pudieran rebajar las penas por abuso a menores sino "todo lo contrario". "Por lo tanto habría que estudiar tanto las sentencias, para ver en qué cuestiones se ampara y el propio texto legal", declaró.