El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado que el Consejo de Ministros aprobará este martes el anteproyecto de ley integral contra la trata de seres humanos, con la que asegura que España "da un paso más para avanzar en dignidad" y para "combatir una realidad insoportable en pleno siglo XXI".
Sánchez ha hecho este anuncio durante el acto celebrado en el Ateneo de Madrid en homenaje a la escritora Almudena Grandes, fallecida hace un año, junto a su viudo, el poeta Luis García Montero; personalidades de la cultura como Pedro Almodóvar y Ana Belén; y varios ministros socialistas del Gobierno.
"Es una ley para avanzar en la lucha contra las mafias que trabajan con mujeres, con hombres, sobre todo con niñas y niños, y por lo tanto un paso más para avanzar en la dignidad de nuestro país, de sus gentes, combatiendo una realidad insoportable en pleno siglo XXI", ha dicho.
La aprobación en Consejo de Ministros del anteproyecto de la ley de trata, en el que han trabajado los ministerios de Justicia, Igualdad, Interior e Inclusión, se ha retrasado en las dos anteriores semanas, primero por el positivo en Covid de la titular de Justicia, Pilar Llop, y luego por el debate en el Congreso de los presupuestos de Justicia para 2023.
La negociación no ha estado exenta de polémicas, ya que en un principio la idea de Igualdad era aprobar un proyecto centrado en la trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual.
Fue Llop quien defendió la necesidad de aprobar una ley integral y encargó su diseño a la Comisión General de Codificación.
La secretaria de Estado de Igualdad, Ángela Rodríguez, aseguró recientemente que se había despejado uno de los últimos escollos y que las víctimas de trata no estarán obligadas a denunciar para ser "titulares de derechos".
Según explicó, se creará un "mecanismo nacional de derivación" de las víctimas, que en un primer momento serán identificadas por las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, pero que luego pasarán a otros "mecanismos territorializados y multidisciplinarios" de los que formarán parte la Fiscalía y las unidades de violencia contra las mujeres.
Esa identificación, añadió, "dará acceso a permisos temporales y definitivos, en los distintos momentos procesales, de trabajo y residencia".
