Pese a que la nueva Ley de Memoria Democrática entró en vigor el pasado 21 de octubre, una de sus más importantes novedades, la puesta en marcha de una Fiscalía especializada en los asuntos que aborda esta ley tendrá que esperar previsiblemente hasta la próxima primavera.
La plaza, denominada formalmente de Fiscal de Sala de Memoria Democrática y Derechos Humanos, se ha incluido en el proyecto de Real Decreto de ampliación de la plantilla orgánica del Ministerio Fiscal que se está elaborando por el Ministerio de Justicia en colaboración con la Fiscalía General del Estado. Es una de las 70 plazas que está previsto incluir en esta norma, han señalado a El Periódico de España, del grupo Prensa Ibérica, fuentes gubernamentales.
La oferta está dentro de los plazos administrativos establecidos para casos de similar índole, añaden. Se espera que el Real Decreto esté aprobado en el primer trimestre del próximo año y, a partir de su publicación, en el BOE se podrá convocar el procedimiento para la cobertura de esa plaza.
Tras la finalización de este plazo, que se extenderá durante varias semanas, el fiscal general designará entre los aspirantes al fiscal elegido o elegida para el puesto, no sin antes escuchar al Consejo Fiscal. Este órgano consultivo, a no ser que se convoque de forma extraordinaria, suele reunirse una vez al mes.
La Ley de Memoria Democrática crea esta Fiscalía para la investigación de los hechos que constituyan violaciones de los Derechos Humanos y del Derecho Internacional Humanitario, y también se le atribuirán funciones de impulso de los procesos de búsqueda de las víctimas de los hechos investigados, en coordinación con los órganos de las distintas administraciones con competencias sobre esta materia.
Según valoró en su día el Consejo Fiscal, supone una novedad y "una oportunidad de mejora en la especialización de la carrera", abordando la inaplazable necesidad de proporcionar una respuesta eficaz a las conductas delictivas previstas en la Ley de Memoria.
En su día, se especuló con que la exfiscal general Dolores Delgado podría estar interesada en el puesto, y que esta posibilidad podía encontrarse en el origen de la decisión que adoptó el pasado 19 de julio, cuando renunció al cargo alegando motivos de salud. Sin embargo, finalmente el fiscal general del estado, Álvaro García Ortiz, optó el pasado mes de septiembre por ascenderla para ocupar la plaza de fiscal jefe de la Sala Togada (de lo militar) del Tribunal Supremo, y lo hizo sin el apoyo del Consejo Fiscal.
Expedientes 20N
El pasado 21 de noviembre, con ocasión de la entrada en vigor de la Ley de Memoria, se conoció que el Gobierno tramitará posibles sanciones -dentro del ámbito administrativo- contra las personas u organizaciones que pudieron tener que ver en acciones de enaltecimiento del golpe militar de Francisco Franco durante diversas manifestaciones por el 20N. Sin embargo, en fuentes fiscales se ha informado a este diario que la Fiscalía de Madrid no ha incoado ninguna diligencia por estos hechos.
Según fuentes del Ministerio de Presidencia, en el marco de los expedientes sancionadores, se ha solicitado a todas las delegaciones de gobierno los vídeos, atestados y pruebas que puedan acreditar el enaltecimiento de la dictadura y los responsables de esas conductas contrarias a la Ley de Memoria Democrática. La sanción máxima a la que se enfrentan los autores del homenaje al golpe de estado del 1936, la dictadura o sus protagonistas es de 150.000 euros, sin perjuicio de otras responsabilidades que pudieran concurrir, han precisado estas fuentes del departamento que dirige Félix Bolaños.
