La Xunta avanza en la ley para asumir el mando sobre toda la actividad en la costa

La Xunta de Galicia ha dado un paso más en su desafío al Gobierno central por la gestión del litoral. Pese a la negativa expresa y rotunda de Moncloa a transferir a Galicia estas competencias, el Consello aprobó en su reunión de este jueves el anteproyecto de ley por el que quiere arrogarse las atribuciones para regular la franja costera y autorizar toda actividad económica, incluyendo las concesiones de ocupación y uso –con las pertinentes prórrogas si fuera el caso– del dominio público marítimo terrestre que ahora están bajo el mando del Estado y no exento de polémica. Las funciones que pretende asumir la Xunta también alcanzarían a la zona de servidumbre –100 metros tierra adentro en suelo rústico y 20 en urbano– y, aunque de forma muy limitada, a las 12 primeras millas de mar.

Esta demanda del Ejecutivo autonómico no es nueva, pero ahora se pasa de las declaraciones de intenciones al primer paso formal con la aprobación del anteproyecto legal. El Gobierno negó reiteradas veces su disposición a transferir estas competencias a Galicia alegando que para ello se necesita reformar el Estatuto de Autonomía. Pero la Xunta insiste en que no es indispensable, amparándose en sendos informes de la Asesoría Xurídica y del Consello Consultivo.

El presidente gallego, Alfonso Rueda, trasladó estos informes en julio a Pedro Sánchez en la reunión en Moncloa junto con la reivindicación verbal y aunque esperó una respuesta positiva, esta nunca llegó. En todo caso, como dijo este jueves, no espera que el Gobierno central recurra la ley gallega. “No debería haber ningún conflicto porque la ley no va contra nadie”, comentó tras el Consello, tras advertir que estas competencias fueron traspasadas s Andalucía, Cataluña y Canarias.

Quiso dejar claro Rueda que su norma Galicia, que se aprobará en 2023, busca garantizar la seguridad jurídica a las empresas del litoral y evitar desinversiones y “poner en riesgo actividades económicas claves” cuyo futuro estaría en duda con la gestión del litoral que hace el Gobierno.

De trasfondo está también el conflicto por la revisión de las concesiones en la costa gallega. La Xunta denuncia que por una interpretación muy restrictiva por parte del Estado peligran los “derechos” de 232 empresas de la cadena mar-industria y los propietarios de 3.797 edificaciones afectadas, de las cuales, 2.690 son viviendas.

Primera línea de mar

Tal como está previsto en la Lei de Ordenación del Litoral de Galicia (Lolga), la parte más golosa del litoral, la primera línea de mar –el dominio público marítimo terrestre (DPMT)– pasaría a ser responsabilidad exclusiva de la Xunta, de la consellería competente en materia de ordenación del litoral, que tendría de “forma clara y expresa” las atribuciones para autorizar todas las concesiones de ocupación y uso de suelo, así como las prórrogas cuando fuera necesario.

Por tanto, dependerían de la Xunta la concesión de los títulos destinados a autorizar piscifactorías, papeleras, astilleros, conserveras o cualquier otra actividad asentada junto al mar. Eso sí, cumpliendo los criterios y condiciones que establece la legislación estatal para el funcionamiento de estas instalaciones, entre los que se encuentra la duración de los periodos de concesión.

Usos permitidos

Ya que la legislación estatal no lo detalla, la Lolga sí concreta las actividades que se permitirán en el DPMT, según avanzó la conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez. Serán los establecimientos de la cadena mar-industria, las actividades e instalaciones que relacionan los puertos con sus núcleos urbanos, las dotaciones de saneamiento, abastecimiento o depuración, las instalaciones eléctricas o de gas que suministran energía a las actividades del DPMT así como también las destinadas a complementar la eólica marina, además de infraestructuras de servicio público que no tengan otra ubicación.

Zona de servidumbre

Recuperar edificaciones

Si la Xunta consigue aplicar su ley –si no la recurre el Gobierno–, se abre la posibilidad de una segunda vida para 301 edificaciones preexistentes catalogadas que están abandonadas, como naves de salazón, conserveras, molinos, monasterios... El Estado no permite que se destinen a nuevos usos, pero la Xunta sí lo autorizaría para rehabilitarlos como centros de ocio, museos y, sobre todo, hoteles y restaurantes, dando así un impulso al turismo.

Áreas de protección

Eólica marina

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