El Senado da el aval definitivo a la derogación de la sedición y la rebaja de la malversación

El 23 de enero dejará de existir en el Código Penal español el delito de sedición. Tras el freno del Tribunal Constitucional a parte de la norma, el Senado ha dado este jueves el aval definitivo a la reforma penal impulsada por PSOE y Unidas Podemos que elimina el delito por el que están condenados los líderes del 'procés' y lo sustituye por un nuevo delito de desórdenes públicos agravados que conlleva penas de entre 3 y 5 años de cárcel. También queda modificada la malversación, con una rebaja de las penas para quienes no se lucren personalmente.

Tras una tramitación exprés -41 días desde que se registró la proposición de ley- y un final tormentoso bajo la amenaza constante de que el TC paralizara la norma al completo, la reforma del Código Penal ha superado ya su última votación en el Senado con un debate mucho menos tenso que los que se han vivido en el Congreso. Los 'síes' de PSOE, ERC, PNVEH Bildu y otros partidos minoritarios han permitido que salga adelante el proyecto de ley. En frente, el rechazo de 118 senadores, como los de PP, Vox, Cs, y tres abstenciones.

La aprobación por parte del Senado sella el entendimiento entre el Gobierno y ERC para terminar de rebajar las tensiones en la relación con la Generalitat de Catalunya. El acuerdo inicial incluía la derogación de la sedición y la introducción de un nuevo delito de desórdenes públicos agravados en el Código Penal. Después, a través de enmiendas, los republicanos catalanes y los socialistas acordaron reformar el delito de malversación -por el que también están condenados los líderes del procés- para diferenciar entre cuando hay lucro personal y cuando no. En este último caso, las penas se reducen.

También se creará otro nuevo delito en el Código Penal, el 438 bis, para perseguir a aquellas personas que han ocupado un cargo público y hayan tenido un "enriquecimiento ilícito" superior a los 250.000 euros, y otro tipo penal que conllevará penas de cárcel de hasta 6 años para quienes impongan "condiciones ilegales a sus trabajadores mediante su contratación bajo fórmulas ajenas al contrato de trabajo, o las mantenga en contra de requerimiento o sanción administrativa".

Parte de la norma paralizada

La proposición de ley aprobada ha traído de cabeza al Senado en los últimos días. El texto llegó a la Cámara Baja a finales de la pasada semana y ya bajo la sombra del TC. Este lunes, a última hora de la noche, el alto tribunal adoptó la decisión de paralizar dos disposiciones de la norma, introducidas a través de dos enmiendas en el Congreso, para desbloquear la renovación de este mismo órgano. El argumento esgrimido fue la falta de coherencia entre estas dos iniciativas y el resto del texto legislativo.

El martes, a las 9 de la mañana, la Mesa del Senado, con una mayoría del PSOE y PNV, decidió extraer estos apartados y continuar con la tramitación del resto de la iniciativa. La Cámara Alta registró un recurso ante el Constitucional, pero este mismo miércoles fue desestimado. Así, la norma sale adelante sin estos apartados, aunque el Gobierno ya ha dejado claro que presentará otra proposición de ley con estas mismas enmiendas. Este ha sido uno de los asuntos que ha centrado del debate este jueves.

El portavoz del PP en el Senado, Javier Maroto, ha asegurado que este movimiento de los dos partidos del Gobierno busca situar al magistrado Cándido Conde-Pumpido al frente del Constitucional para que cuando llegue una consulta independentista el tribunal de garantías "no sea obstáculo". El dirigente conservador ha hecho esta aseveración después de tildar a Sánchez de "mentiroso cobarde" y acusarle de haber incumplido todas sus promesas electorales. En este sentido, ha subrayado que, tras la derogación de la sedición, el siguiente paso será permitir un referéndum, como plantea ERC.

Le ha replicado el portavoz de Justicia del PSOE en el Senado, José María Oleaga, que ha reprochado a los conservadores que "su único interés es bloquear las instituciones e impedir el legítimo derecho de los parlamentarios a debatir".