La ley de protección a periodistas irá en febrero al Pleno del Congreso envuelta en polémica

El Gobierno pisa el acelerador con la ley que protege el secreto profesional de los periodistas. Los partidos de la coalición prevén llevarla a votación en Pleno este mismo febrero para asegurar que salga adelante antes de que decaiga la legislatura, aunque el texto amenaza con sufrir turbulencias en el trámite parlamentario. 

El consenso entre partidos es amplio en torno a la redacción del texto, que fue negociada con asociaciones y sindicatos periodísticos, pero su aprobación peligra por dos factores: el primero es la fórmula elegida por el Ejecutivo para acelerar su puesta en marcha, al introducirla vía enmienda de otra norma, saltándose los plazos e informes preceptivos que hubiera requerido la vía ordinaria. PP y Vox han manifestado su oposición a que se siga tramitando y los populares han presentado una solicitud de reconsideración a la Mesa del Congreso para pedir su paralización, tal como informó este viernes El País. 

El segundo problema al que se enfrenta la ley es de pura aritmética, puesto que al regular un derecho fundamental, el texto requiere ser aprobado por una mayoría absoluta de al menos 176 diputados, frente la mayoría simple de las leyes convencionales. Un objetivo que amenaza con llevar al Gobierno a una negociación contrarreloj con los grupos minoritarios y aliados del Gobierno para sacar adelante la norma, ante la oposición de PP y Vox a que continúe su trámite.

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Fuentes parlamentarias del Gobierno son optimistas en este punto, teniendo en cuenta que los Presupuestos se aprobaron con más de 187 votos -13 grupos parlamentarios- y en vista del apoyo que recaba el texto, que contó con el visto bueno de la FAPE -Federación de Asociaciones de Periodistas de España- y las secciones profesionales de CCOO y UGT. 

Polémica tramitación

La ley ha estado envuelta en polémica desde su llegada al Congreso por las formas en que el Gobierno inició su trámite. El Ejecutivo, que en noviembre anunció que presentaría una iniciativa para regular este derecho contemplado en la Constitución, decidió optar por la vía rápida, en el marco del acelerón legislativo que está impulsando en la recta final de legislatura.

Y es por eso que el PSOE decidió introducir esta ley a través de una enmienda in voce, de viva voz, en un proyecto de ley que el Consejo de Ministros aprobó en septiembre, por el que se transpone una directiva europea de protección a los denunciantes de corrupción -whistleblowers-. Con la particularidad de que, al regular derechos fundamentales como es el derecho a la información o la libertad de expresión, la norma sobre el secreto profesional de los periodistas no podía seguir el trámite ordinario. La Mesa del Congreso acordó de forma exprés desgajar la norma para que iniciar una tramitación separada como proyecto de ley, pese a la oposición de PP y Vox. 

Esto ocurrió a mediados de diciembre, coincidiendo con otra polémica de cariz parlamentario, por la inclusión de una modificación en el sistema de elección de los jueces del TC, a través de otra enmienda en la ley de sedición. El Tribunal Constitucional finalmente paralizó el trámite, tras aceptar las medidas cautelarísimas que pedía el PP en su recurso.

El hecho que se cuestionaba en este recurso no era tanto de fondo -no se entraba en el fondo de la reforma- sino de forma, puesto se trataba de una de las llamadas enmiendas ‘incongruentes’, en la que no existe conexión alguna entre la ley principal y las enmiendas derivadas.

Y es precisamente este mismo argumento el que podría comprometer la ley que protege el secreto oficial de los periodistas [consultar aquí en PDF]. Una circunstancia que podría comprometer la viabilidad de la norma en caso de que PP o Vox presentaran un recurso de amparo, aunque en este asunto, en caso de darse dicho recurso, el TC se pronunciaría a posteriori y en ningún caso se paralizaría el trámite parlamentario, al no provocar la norma consecuencias inmediatas que requieran de especial urgencia. La cuestión podría solventarse introduciendo el texto por las vías ordinarias como una iniciativa propia, pero los plazos no garantizan que fiera tiempo a su aprobación definitiva.

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"Trámites acelerados"

Fuentes parlamentarias de Unidas Podemos admiten que "lo mejor hubiera sido hacerlo mediante una ley orgánica salida del Gobierno", pero admiten que esta fórmula supone un "trámite muy largo en el tiempo" que no aseguraría su aprobación antes de que se disuelvan las cortes. En este sentido, destacan que "nos hemos pasado 40 años sin regular este derecho" y que para lograr un avance en esta materia han tenido que introducir "trámites acelerados".

La propia Constitución, en su artículo 20, que regula la libertad de expresión y derecho de información, prevé que la “ley regulará el derecho a la cláusula de conciencia y al secreto profesional” en el ejercicio de la profesión periodística. Pero 44 años después del texto constitucional, no hay a día de hoy ninguna ley que permita a los informadores proteger a sus fuentes, y cada situación particular queda al criterio de los jueces.

En más de una ocasión las investigaciones en marcha sobre casos de corrupción han llevado a requisar ordenadores y móviles de periodistas, a raíz de las informaciones publicadas al respecto. Una práctica contra la que se ha pronunciado el Tribunal Constitucional y que queda prohibida en el texto registrado en el Congreso, para evitar que las fuentes de los periodistas puedan quedar expuestas.