El Gobierno amenaza a Castilla y León con acudir a la Justicia si sigue adelante con el plan antiabortista

El Gobierno ha pedido este domingo a la Consejería de Sanidad de Castilla y León, a través de un requerimiento oficial, “que se abstenga de aprobar y aplicar ninguna medida que vulnere o menoscabe” el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo después de que el pasado jueves el vicepresidente de esta comunidad autónoma, Juan García-Gallardo, de Vox, anunciase la intención de instaurar medidas anti abortistas.

Ahora, Moncloa amenaza al Gobierno regional con llevar a los tribunales cualquier tipo de plan en esta línea. "El Gobierno de España utilizará todos los mecanismos que el ordenamiento jurídico pone a su disposición para defender la libertad de las mujeres y su derecho a interrupción del embarazo en los términos establecidos en la normativa vigente", apunta el Ejecutivo central en un comunicado.

Plan anunciado por Vox

El Gobierno de Castilla y León, formado por PP y Vox, tiene la intención de implantar medidas provida en la región tales como un refuerzo de la atención psicológica a las madres embarazadas, un protocolo que permita a los padres la escucha del latido fetal, ofrecer una ecografía 4D que complemente las tres convencionales que se realizan en la actualidad y proteger la objeción de conciencia de los profesionales sanitarios.

El plan orquestado por la ultraderecha ha creado una gran polémica en los últimos días y los médicos de Castilla y León no han querido dejarlo pasar desapercibido. “Solo estamos sujetos a nuestro código deontológico, a la buena praxis y a las necesidades del paciente. Tenemos libertad de actuación, somos una profesión que se autorregula. No estamos sujetos a órdenes”, señala Tomás Toranzo, presidente de la Confederación Estatal y de la autonómica de Sindicatos Médicos (CESM).