Tribunal Constitucional

Una abstención, recusaciones y el posible cambio de ponente complican el debate del recurso del aborto

El órgano enterará a resolver las cuestiones preliminares el martes, antes de entrar en la deliberación del recurso presentado hace casi 13 años contra la vigente ley de plazos

Sólo 3 comunidades practican más abortos en la sanidad pública que en privada.

Sólo 3 comunidades practican más abortos en la sanidad pública que en privada.

Cristina Gallardo

Cristina Gallardo

El esperado debate sobre adecuación o no la Constitución de la vigente ley del aborto, que permite a las mujeres interrumpir el embarazo durante las primeras 14 semanas de gestación, comenzará la próxima semana en el Tribunal Constitucional, casi 13 años después de que 71 diputados del Partido Popular impugnaran el texto aprobado por el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.

Sin embargo, no parece probable que el asunto se resuelva rápidamente, pues antes hay que resolver la recusación presentada por cinco de los diputados que recurrieron en su día contra cuatro de los magistrados que componen hoy el órgano, a lo que se suma la probabilidad (muy alta) de que la propuesta del magistrado ponente, Enrique Arnaldo, no consiga el apoyo mayoritario en su conjunto y deba plantearse un cambio de ponente, señalan a este diario fuentes del órgano. Si esto ocurre así, la decisión sobre la ley del aborto vigente en España durante más de una década deberá esperar como mínimo unas semanas más.

Fuentes del tribunal de garantías señalan a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA que, antes de entrar en el debate en sí, debe ”quitarse la broza”, es decir, resolver mediante providencia los obstáculos planteados por un grupo de cinco exdiputados del PP que, presididos por Federico Trillo, solicitan que hasta cuatro magistrados se abstengan de resolver sobre este asunto, entre ellos su presidente, Cándido Conde-Pumpido.

La mayoría progresista (de siete magistrados frente a cuatro) que existe actualmente en el Tribunal Constitucional vaticinan poco recorrido a esta pretensión, ya que se considera que esos cinco exdiputados no ostentan la representación de todos los que recurrieron en su día la actual ley de plazos.

LA ABASTENCIÓN DE ESPEJEL

Además de contra el presidente Conde-Pumpido -por votar cando era fiscal general el informe del Consejo Fiscal sobre la norma- la recusación se ha presentado contra el que fuera exministro de Justicia, Juan Carlos Campo, y contra las también magistradas Inmaculada Montalbán y Concepción Espejel. Esta última, perteneciente al sector conservador del órgano, ha presentado un escrito señalando que quiere abstenerse del asunto, una decisión que, para que surta efecto, debe ser aprobada en el próximo Pleno por la mayoría de sus compañeros.

En cuanto a esa magistrada, y lo mismo respecto a Montalbán, los recurrentes esgrimen que eran vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) cuando se tramitó la ley del aborto y, en consecuencia, "participaron en la elaboración y votación del informe de ese órgano sobre el citado anteproyecto". Por esta razón, la decisión sobre Espejel condicionará la posición de la magistrada progresista Montalbán.

En cuanto a Campo, el escrito, aduce que "fue secretario de Estado de Justicia durante los años 2009 a 2011 y, por lo tanto, miembro de la estructura de Gobierno de la que partió la iniciativa del anteproyecto que dio lugar a la Ley Orgánica 2/2010 hoy recurrida".

Frente a la decisión de Espejel, tanto el presidente como Campo y Montalbán han rechazado apartarse, lo que parece adelantar el fracaso de la recusación.

Pérdida de 'quórum'

La cuestión es que si estos cuatro magistrados fueran apartados --voluntariamente o por decisión del Pleno-- el Constitucional se quedaría sin el mínimo de 8 magistrados que se necesitan para resolver válidamente, ya que ahora mismo el tribunal está integrado por 11 magistrados.

Por su parte, Campo ya se ha abstenido de participar en la deliberación de varios recursos dirigidos contra decisiones adoptadas por la Mesa del Congreso de los Diputados, tales como el relativo a la retirada del escaño del ex diputado 'morado' Alberto Rodríguez, y también respecto de la reforma que situó en el Tribunal Supremo la resolución de las restricciones de movilidad por la pandemia de covid, un asunto que también se ha incluido en el Pleno de la semana que viene.

Todas estas cuestiones harán que, previsiblemente, la discusión sobre el recurso no comience hasta como muy pronto el próximo miércoles, ya que el día anterior, el primero del Pleno, se destinará a solventar todas las cuestiones previas y a dictar providencias y autos relativos a otros temas que responden a cuestiones de procedimiento más que a contenido. Después comenzará el debate, que se adivina largo, ya que en un tema de esta trascendencia querrán participar activamente los once magistrados que componen el Pleno del órgano.

En cuanto a la discusión en sí, existe una gran probabilidad de que la ponencia, que ha correspondido al magistrado conservador Enrique Arnaldo, no satisfaga al sector mayoritario, por lo que, de no aceptar la propuesta de la mayoría, tendrá que nombrarse a un nuevo ponente y eso demorará aún más la decisión final.

La ponencia de Arnaldo

El contenido de la ponencia que se someterá a debate la próxima semana ya ha sido adelantado a los medios de comunicación durante la pasada semana. Arnaldo avala en su propuesta la constitucionalidad del aspecto central de la ley vigente, una norma que nos igualó a los países de nuestro entorno al sustituir el sistema de supuestos de 1985 por el de plazos y permitir la interrupción del embarazo dentro de las 14 primeras de gestación.

No ocurre lo mismo con otro punto de la norma que también fue recurrido por el PP, relativo a la entrega de un sobre cerrado a la gestante que pretende abortar. A juicio del ponente, esta circunstancia no garantiza la prestación del consentimiento informado porque no permite garantizar que la mujer haya leído los documentos, y por ello no se asegura la protección de los derechos fundamentales en conflicto.

Otros puntos de la ponencia disconformes con la ley pasan por ampliar la objeción de conciencia a los profesionales sanitarios que intervengan antes y después de la intervención, además de señalar el que el aborto por malformaciones del feto no debe apoyarse en el concepto de "salud social".

Lo único claro hasta el momento es que el tribunal de garantías eludirá el debate sobre la ausencia de permiso paterno para las jóvenes de 16 y 17 años que deciden abortar, al considerar que como este aspecto de la ley fue eliminado en 2015 por el Gobierno de Mariano Rajoy, se debe declarar la pérdida sobrevenida de objeto y no formará parte del debate.

Los magistrados son conscientes de que, en todo caso, es probable que el asunto acabe de nuevo sobre la mesa del tribunal si se tiene en cuenta el proyecto de nueva ley del aborto que impulsa el Ministerio de Igualdad, que actualmente cumplimenta las últimas fases del trámite parlamentario y se espera su aprobación para finales de febrero.

El proyecto busca modificar la ley vigente para permitir que las chicas de 16 y 17 años puedan abortar sin necesidad de consentimiento paterno -precisamente el extremo que se modificó de la norma original tras la llegada al poder del PP de Mariano Rajoy-, y es más que probable que desde espectro político de la derecha este aspecto vuelva a ser objeto de un recurso de inconstitucionalidad.

Otro punto candente de la nueva ley, y que podría incidir en lo que decida el tribunal respecto del consentimiento informado, es la supresión del periodo actual de reflexión de tres días que se da a las mujeres que quieren interrumpir su embarazo. Se da la circunstancia de que, tras más de una década de vigencia de la actual normativa, el debate en el Tribunal Constitucional coincidirá esta semana con la discusión de su reforma en el Senado.