Tribunales

La Audiencia de Sevilla ordena el ingreso en prisión del expresidente de Invercaria

Tomás Pérez Sauquillo está condenado por un delito de prevaricación en concurso medial con otro de malversación de caudales públicos por la "arbitrariedad" y el "ejercicio de poder injustificado y abusivo" en la concesión de un crédito a la empresa Aceitunas Tatis

El expresidentes de Invercaria, Tomás Pérez-Sauquillo.

El expresidentes de Invercaria, Tomás Pérez-Sauquillo. / Archivo

EFE

La Audiencia de Sevilla ha acordado la entrada en prisión del expresidente de Invercaria Tomás Pérez-Sauquillo, condenado a tres años y medio de cárcel por el préstamo de 100.000 euros concedido por esta sociedad pública a la empresa Aceitunas Tatis para un proyecto que finalmente no fue devuelto.

Según el auto de ejecutoria facilitado por el TSJA, la Sección Primera de la Audiencia ordena ejecutar la sentencia firme dictada el 17 de febrero de 2020 y le requiere a Pérez-Sauquillo el "inmediato ingreso voluntario en prisión y cumplimiento de la pena" en el plazo de diez días y la advertencia de que se decretará "busca y captura" en caso de no hacerlo.

Pérez Sauquillo está condenado por un delito de prevaricación en concurso medial con otro de malversación de caudales públicos por la "arbitrariedad" y el "ejercicio de poder injustificado y abusivo" en la concesión de un crédito a la empresa Aceitunas Tatis, de La Carolina (Jaén), que causó un "perjuicio económico irreparable" a la Administración andaluza.

La ayuda fue concedida de forma "contraria a Derecho, ya que la misma fue adoptada con total y absoluta ausencia del más mínimo o escueto procedimiento, y sin soporte documental alguno".

Como el auto es del 23 de enero, el plazo de los diez días otorgados para la entrada voluntaria en la cárcel ya ha expirado, aunque de momento no lo hará debido a un recurso de súplica presentado por su abogado en el que se pide la suspensión de la pena privativa de libertad porque informa que padece "una enfermedad grave e incurable", según han informado fuentes judiciales.

La macrocausa que afecta a Invercaria, la sociedad de capital riesgo de la Junta de Andalucía investigada por repartir supuestamente sin control fondos públicos entre empresas, muchas de las cuales terminaron cerrando, está compuesta por una treintena de juicios, de los que ya se han celebrado o se están celebrando cinco.

En el de las ayudas a Aceitunas Tatis, el único juicio con sentencia firme, su administradora única, Gracia Rodríguez Cortés, está condenada a dos años de prisión como inductora de dichos delitos y se le insta, junto a Pérez-Sauquillo, a indemnizar de forma conjunta y solidaria con 108.732 euros a Inverseed, sociedad heredera de la ya extinta Invercaria.

La empresa pidió una ayuda a Invercaria para lanzar una denominada 'línea erótica' en las aceitunas y los encurtidos que pretendía "hacerse pasar por una innovación tecnológica o comercial", con la idea de promocionar la industria agroalimentaria andaluza, según explica la sentencia del Tribunal Supremo.

En el segundo juicio de esta macrocausa, la Sección Primera de la Audiencia de Sevilla absolvió a la diseñadora Juana Martín y a tres directivos de Invercaria, entre ellos al propio Pérez-Sauquillo por las ayudas de 850.000 euros que le concedió la empresa pública a su negocio de moda flamenca.

La tercera sentencia fue de la Sección Cuarta de la Audiencia, que condenó al expresidente de Invercaria a dos años y tres meses de prisión en la conocida como pieza de “personal”, por los “llamativos excesos de retribuciones” que se fijaron para algunos trabajadores de la sociedad de capital riesgo, entre ellos el propio presidente, y el ex director financiero Antonio Nieto, quien ha sido condenado a un año, un mes y 15 días de prisión.

El cuarto proceso, en el que se juzga el préstamo que por importe de 359.581 euros se otorgó a la empresa jienense Fumapa, la Sección Primera condenó a Pérez-Sauquillo a tres años y un día de cárcel por delitos de prevaricación y malversación por el préstamo de 359.581,6 euros.

El pasado 3 de febrero comenzó en la Audiencia de Sevilla el quinto juicio de la macrocausa, concretamente el que juzga el millón y medio de euros que se le concedió a Cedes Electria, una empresa que, según la denuncia de la Fiscalía, tenía sede en Madrid y desarrolló los proyectos en Valladolid y Zaragoza a pesar de que eran fondos públicos de la Junta para promover el tejido productivo andaluz.