Francisco González ve "innecesario e inútil" que el juez pida a BBVA que informe sobre su salida

La defensa del expresidente de BBVA Francisco González ha calificado de "innecesario e inútil" que el juez que investiga los presuntos encargos ilegales que BBVA habría hecho al ahora comisario jubilado José Manuel Villarejo pida al banco "toda la documentación" relativa al "proceso de salida" de los exdirectivos investigados -excepto los que fueron despedidos antes del 1 de marzo de 2018-.

En un escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, González ha recurrido la decisión del magistrado Manuel García Castellón con la intención de que deje sin efecto la orden que emitió el pasado enero. El ex jefe jurídico de BBVA Eduardo Arbizu también ha presentado un recurso, recogido por esta agencia de noticias, en el que efectúa la misma petición.

El equipo jurídico del que fuera número uno de BBVA ha remitido dicho escrito al Juzgado Central de Instrucción Número 6 de la Audiencia Nacional después de que el juez pidiera a BBVA "toda la documentación relativa al proceso de 'salida' de la entidad de todos los antiguos directivos que actualmente figuran como investigados" en la pieza 9 del caso Tándem, "con excepción a aquellos que lo hubiesen sido con anterioridad al 1 de marzo de 2018".

El juez precisó que dicha documentación debía "incluir todo lo referente al despido, jubilación, prejubilación, etc. y, en aquellos casos en que se hubiere pactado algún tipo de indemnización, la referencia al clausulado del contrato en que se preveía dicha indemnización".

Según la defensa de González, "del tenor literal" de lo redactado por el magistrado instructor "debe concluirse" que no se ha requerido al banco la información relativa a su salida porque él "ni se jubiló, ni se prejubiló, ni fue despedido, sino que dimitió".

Así las cosas, ha incidido en que "en el improbable caso" de que el instructor incluyese a González, tal pronunciamiento "no se ajustaría a Derecho y resultaría lesivo". Para el exdirectivo, la información requerida "carece de relación alguna con el objeto de este procedimiento y es irrelevante a los fines perseguidos". La defensa de Arbizu ha desarrollado el mismo argumento.

En esta pieza separada del caso Villarejo, el titular del juzgado examina los contratos de BBVA con el grupo empresarial del comisario jubilado, CENYT, para distintos proyectos -presuntamente ilegales- al menos entre 2004 y 2017, unos trabajos por los que la entidad habría pagado al policía retirado más de 10 millones de euros.

Un correo electrónico anónimo

García Castellón indicó en su auto que su petición partía de un correo electrónico remitido de forma anónima a la Fiscalía el pasado 21 de diciembre, titulado 'BBVA-Corrochano', en alusión al ex jefe de Seguridad de BBVA Julio Corrochano, donde "se señalaba que se estaba obviando un 'factor importante', concretado en 'quién y por qué decidió pactar una salida amistosa con Corrochano a comienzos de 2018'".

"En 2017 Villarejo entra en prisión, el SEPBLAC pregunta y, sin abrir investigación, se echa a Corrochano con 900.000 euros de finiquito. ¿Cuál fue el criterio para hacerlo y luego despedir a otros directivos unos meses después? ¿Influye todo esto en la actitud procesal de Corrochano?", añadía el 'email', de acuerdo con la resolución judicial.

La defensa de González ha considerado que "dar verosimilitud a un correo electrónico anónimo por coincidir su contenido con el de una noticia periodística carece de sentido alguno". A su juicio, no contiene "entidad suficiente" para que el juez acuerde la práctica de diligencias.

Según ha subrayado, "lo contrario supondría investir, de facto, a cualquier ciudadano de las facultades necesarias para interesar la práctica de diligencias de investigación en cualquier procedimiento penal, por lejana que fuera su relación con el objeto del proceso".

"Intromisión en el derecho a la intimidad"

El equipo jurídico de González ha asegurado que la información requerida por el juez "supone una intromisión en el derecho a la intimidad" por "carecer de justificación alguna".

Aun así, ha precisado que "los extremos relevantes de las remuneraciones y de las condiciones de desvinculación de BBVA de mi mandante son de dominio público, por una cuestión de transparencia de la entidad" y constan, entre otros, en las "Cuentas Anuales, Informe de Gestión e Informe de Auditoría del ejercicio 2018" y en el "Informe Anual sobre Remuneraciones de los Consejeros del ejercicio 2018".

"De este modo, cualquier aportación de información adicional implicaría proporcionar información privada delicada y sensible de mi mandante, totalmente desvinculada del objeto de este procedimiento y absolutamente irrelevante a los fines perseguidos por estas diligencias previas", ha añadido.

La defensa de Arbizu también se ha amparado en el derecho a la intimidad para pedir al juez que deje sin efecto la petición que hizo a BBVA. "El pedir una documentación adicional e incluir en la petición de solicitud de datos personales que afectan al derecho a la intimidad y al derecho a la protección de datos de nuestro representado, con el solo fundamento de un cuestionable anónimo que se refiere a otro investigado, es en este caso una diligencia de carácter prospectivo que resulta absolutamente desproporcionada en los términos de sacrificio de su derecho fundamental", ha recalcado.

Para el exjefe jurídico del banco, la decisión de García Castellón "no es pertinente, resulta excesiva y lesiona innecesariamente gravemente su derecho fundamental a la intimidad y a la protección de datos".

"No existe ningún motivo para dudar, sospechar o recelar sobre la procedencia del proceso de salida recibido por mi representado", ha dicho.