Justicia

Los letrados encaran su cuarta semana de huelga, que va camino de paralizar 175.000 asuntos en juzgados de toda España

Justicia convoca al comité de huelga el próximo jueves, cuando se cumplirán 18 días de paros en demanda de una una subida salarial derivada del aumento de sus funciones

Imagen de los manifestantes en huelga.

Imagen de los manifestantes en huelga. / Alberto Ortega

Cristina Gallardo

La huelga que de forma indefinida mantienen en toda España los letrados de la Administración de Justicia -antiguamente conocidos como secretarios judiciales-, y que comenzó el pasado 24 de febrero, encara su cuarta semana de paros sin que parezca encontrarse una solución del conflicto, que va camino de afectar en los próximos días a cerca de 175.000 señalamientos en los órganos judiciales. La gestión de este cuerpo, que integran 4.200 funcionarios responsables de la tramitación de las causas y de la disposición de fondos de los juzgados, corresponde al Ministerio comandado por Pilar Llop.

Los letrados, depositarios de la fe judicial y sin cuya intervención multitud de trámites no pueden salir adelante -entre ellos la notificación de las sentencias- reclaman una adecuación salarial que según este colectivo acumula casi 14 años de retraso desde que en 2009 una reforma legal incrementó las tareas de las que son responsables. 

Hasta el momento, desde el departamento presidido por Pilar Llop se ha rechazado atender a sus reclamaciones y se ha calificado su protesta de "política", si bien el conflicto podría entrar en una nueva etapa a partir del próximo 16 de febrero, fecha en la que se ha convocado un una reunión con el Comité de Huelga en representación de las organizaciones convocantes, que son el Colegio Nacional de Letrados de Administración de Justicia, la Unión Progresista de letrados y la Asociación Independiente.

La paralización en los juzgados afecta directamente a los ciudadanos y también ha tenido consecuencias en algunos asuntos de interés mediático como la instrucción en la Audiencia Nacional del caso Acuamed, que investiga una presunta trama corrupta dentro de la empresa estatal de aguas, obligando al juez Manuel García Castellón a suspender la declaración de tres imputados prevista la pasada semana. En Alicante, el pasado miércoles se tuvo que suspender el sorteo para la elección del jurado popular por el asesinato de la viuda de la CAM Vicente Sala.

Pagos judiciales

El pasado viernes los convocantes aseguraban que los paros habían llegado a afectar ya a 125.00 procedimientos (lo que según los cálculos de los letrados supone una reducción de su actividad de un 60 por ciento), y calculaban que desde ese momento y hasta el próximo jueves, fecha de la reunión, podrían llegar a suspenderse 55.000 juicios más.

También afirman que se bloquearán otros 150 millones de euros en las cuentas judiciales, que se sumarán a los 432 ya pendientes de entregar. El manejo de estos depósitos es esencial, pues desde ellos se realizan los pagos judiciales a particulares (alimentos, deudas, indemnizaciones, etc.) y al Tesoro Público (multas, depósitos, etc.)

Los convocantes lamentan que ante la actual situación, y cuando "los perjuicios ya son irreversibles", el Ministerio haya decidido dejar pasar casi una semana más para ese primer contacto, "con el claro propósito de prolongar el conflicto a la espera de que el seguimiento decaiga, lo que no va a suceder", según señalaron los concocantes en un comunicado tras conocer la fecha del encuentro. Añaden que son conscientes de que tras las cifras que llevan semanas haciendo públicas "hay un ciudadano que se está viendo perjudicado por la negligencia de los directivos de éste Ministerio de Justicia".

Según los últimos datos, un 76 por ciento de las letradas y los letrados de la Administración de Justicia respaldaron los paros el pasado viernes, un porcentaje que Justicia rebaja por debajo del 30 por ciento.

Afectación abogados

La protesta afecta sin duda a los ciudadanos, pero también tiene una especial incidencia en el colectivo de abogados, que durante los últimos 15 días han visto suspenderse, en muchas ocasiones a última hora, miles de señalamientos.

De hecho, desde el Consejo General de la Abogacía Española (CGAE), que es el órgano que reúne a todos los colegios de abogados de España, se demanda a los huelguistas que notifiquen con suficiente anticipación a las partes la suspensión de los señalamientos, para evitar traslados innecesarios de los abogados a los juzgados, en muchas ocasiones a provincias muy alejadas de sus despachos en cuestión.

Según la Abogacía, la materialización de este ejercicio no debe menoscabar otros como el derecho de defensa y el derecho de acceso a la justicia, especialmente en los casos de mayor urgencia o en los que se vean involucradas personas en situación de vulnerabilidad. Los abogados consideran que tanto el Ministerio de Justicia como los propios convocantes tienen la obligación de continuar las conversaciones para alcanzar lo antes posible un acuerdo.

"Suspender los actos judiciales ya supone en sí mismo un daño severo al funcionamiento de la Justicia, pero obligar a los profesionales y a los justiciables a malgastar miles de horas en acudir a señalamientos que en ocasiones los convocantes saben con anticipación que no se celebrarán supone un injusto castigo adicional a quienes ya antes de que comenzase la huelga eran los principales perjudicados del colapso de los juzgados y tribunales", señaló este organismo recientemente en una declaración oficial.

Esta semana, Justicia convocó a los 21 secretarios de Gobierno a una reunión presencial. Se trata de los superiores jerárquicos de los letrados en cada territorio, pero los huelguistas advirtieron que estos profesionales que ocupan puestos de libre designación son la cúspide de la jerarquía, nombrados discrecionalmente por el Gobierno, por lo que no les representan.

Los letrados mantienen este conflicto con el Ministerio de Justicia desde hace meses, lo que les había llevado hasta este momento a a protagonizar huelgas puntuales que ya obligaron a suspender juicios y declaraciones, incluidas algunas del conocido como 'caso Villarejo' en la Audiencia Nacional.

Reprochan al Gobierno que hasta ahora no se haya introducido una enmienda a la Ley de Eficiencia Organizativa para que "las retribuciones del cuerpo de Letrados de la Administración de Justicia se referencien a las correspondientes a la carrera judicial, en la proporción de mejora que se considere adecuada a las responsabilidades inherentes a este colectivo", una disposición que el Ejecutivo de Pedro Sánchez no está dispuesto, por el momento, a asumir.