INICIATIVA DEL PP Y VOX

El Gobierno exigió a la Junta de Andalucía que frenara el indulto al regadío en Doñana y amenaza con llevarlo al TC

El PP, con Vox, sigue adelante a tres meses de las elecciones con una proposición de ley por la vía de urgencia que insiste ha “negociado” con el Ejecutivo central y Bruselas, pese a que todos desmienten el consenso | El PSOE intentó un texto pactado pero a la vista de que era imposible deja claro que esta vez sí de desmarca totalmente del nuevo intento de dar agua a 1.600 hectáreas del área del Parque Nacional

El PSOE intentó un texto pactado pero a la vista de que era imposible deja claro que esta vez sí de desmarca totalmente del nuevo intento de dar agua a 1.600 hectáreas del área del Parque Nacional.

El PSOE intentó un texto pactado pero a la vista de que era imposible deja claro que esta vez sí de desmarca totalmente del nuevo intento de dar agua a 1.600 hectáreas del área del Parque Nacional. / EFE

Isabel Morillo

El PP, con el apoyo de Vox, ha registrado de nuevo una proposición de ley, por la vía de urgencia y a tres meses de las elecciones municipales, para dar una salida a los agricultores del entorno de Doñana, un asunto enquistado desde hace tres décadas que choca con una realidad: no hay agua y el parque está amenazado, en un momento crítico. El PP asegura que este nuevo texto, ya hubo uno que decayó con las elecciones autonómicas, ha estado negociado con el Gobierno de la nación y que incluso se ha presentado a Bruselas.

Es el Gobierno de Andalucía y en concreto el consejero de Medio Ambiente, inciden, quien ha llevado a cabo ese diálogo. Desde la Junta informan de que el viceconsejero de Medio Ambiente se reunió con el director general de Biodiversidad el pasado 8 de febrero en Bruselas. La iniciativa de nuevo se registra por el PP, con Vox, por lo que eluden que el Gobierno tenga que rendir cuentas o informar sobre el mismo ante posibles sanciones o apercibimientos desde la Comisión Europea.

Desde el Ministerio de Transición Ecológica desmienten categóricamente que haya ninguna negociación. Al parecer hubo una primera reunión con el consejero andaluz Ramón Fernández-Pacheco el pasado 28 de diciembre de 2022, donde se produjo una primera toma de contacto con el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, sin ningún tipo de concreción de ningún asunto.

Lo siguiente que supieron es que el PP iba de nuevo a registrar esa proposición de ley por lo que se citó a una reunión al consejero el pasado lunes 27 de febrero. En esa cita, según admiten ambas partes, el Gobierno ordenó parar cualquier tipo de iniciativa que diera más permisos de regadío en el entorno de Doñana. La Junta alegó, aseguran fuentes del Ministerio, que ya Vox había registrado en solitario una iniciativa similar sobre la que se tenían que pronunciar y tenían que elevar su propio texto. Ese ha sido el instrumento de presión de la extrema derecha, mientras el Gobierno andaluz jugaba al despiste sobre si iba o no a volver a registrar esta polémica iniciativa. El PP retrasó una semana la presentación de la iniciativa para ir a hablar con el Ministerio.

Ahora, el Ejecutivo de Pedro Sánchez amenaza con llevar al Tribunal Constitucional todo lo que ponga en riesgo al Parque Nacional. La ministra Teresa Ribera ha afirmado que "vuelven los tambores de guerra contra Doñana y la legalidad", reafirmando su oposición a "cualquier ataque" al espacio natural.

"Un atropello"

“Esta proposición de ley es un atropello. Desprecia el papel del Consejo de Participación de Doñana. Debería ser tramitada por la Junta de Andalucía como proyecto de ley para que las administraciones y órganos competentes puedan entregar informes”, advierten desde el Gobierno, que acusan directamente a la Junta de Andalucía de mentir.

El texto registrado “para la mejora de la ordenación de las zonas agrícolas del Condado de Huelva, en los términos municipales de Almonte, Bonares, Lucena del Puerto, Moguer y Rociana del Condado (Huelva)”, se tramita por la vía de urgencia, lo que permite acortar justo a la mitad todos los plazos que deben darse en el Parlamento. Las elecciones municipales de mayo condicionan todo el proceso. De nuevo los votos determinan los pasos de los grupos políticos sobre Doñana. Tampoco el PSOE escapa a esa presión. Los socialistas andaluces han tratado de que esta iniciativa estuviera consensuada y tienden la mano siempre que se cuente con el visto bueno del Ministerio de Teresa Ribera, algo que está totalmente descartado. Huelva es una zona muy sensible en el mapa político andaluz. El PP sueña con ganar la alcaldía de la capital al PSOE y hacerse con la Diputación onubense. Todo lo que ocurra en los pueblos de alrededor de Doñana, que tienen una difícil convivencia con el Parque Natural, es fundamental ante las municipales del próximo mayo.

El texto registrado en esta ocasión por el PP es mucho más cauteloso que el que llegó en diciembre de 2021 y cuya toma en consideración se votó en febrero de 2022, con la abstención del PSOE, que se enfrentó a la vicepresidenta Teresa Ribera. Ahora no se fija un número de hectáreas susceptibles de ser autorizadas como de regadío. En el anterior sí se hablaba de 1.600 hectáreas. Como novedades, la proposición de ley señala que se habilitará una Oficina Técnica que deberá ver caso a caso cuáles son los terrenos que dejarán de ser forestales para volver a ser agrícolas. El texto admite que en ningún momento habla de los derecho del agua, puesto que es un mero plan de ordenación territorial, poniendo la pelota en la administración competente, es decir en la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, que depende del Gobierno central y es la que debe dar los permisos y autorizaciones de riego. El PP admite que en estos momentos “no hay agua” e incluye también una relación de obras prioritarias que serán ejecutadas con carácter urgente por la Junta de Andalucía. Sostienen además desde el grupo popular que se han contemplado y tenido en cuenta todas las alegaciones del Gobierno al anterior texto registrado y las observaciones respecto al cumplimiento de la ley forestal. Incluso aluden a la sentencia europea que condenó la sobrexplotación del acuífero de Doñana para garantizar su cumplimiento y blindarse ante posible sanciones desde Bruselas.