Malversación y desobediencia

Puigdemont vuelve a pedir que Llarena revoque su procesamiento y apela a su condición de europarlamentario

La Abogacía del Estado sigue el criterio de la fiscalía y renuncia a recurrir ante la Sala de lo Penal del alto tribunal

Los eurodiputados de Junts, Toni Comín, Clara Ponsatí y Carles Puigdemont, en el Parlamento Europeo.

Los eurodiputados de Junts, Toni Comín, Clara Ponsatí y Carles Puigdemont, en el Parlamento Europeo. / EFE

Ángeles Vázquez

El expresidente de la Generalitat de Cataluña Carles Puigdemont, el 'exconseller' Toni Comín y su compañera en la huida hasta este martes, Clara Ponsatí, no han perdido oportunidad de recurrir toda resolución dictada por los tribunales españoles. Su última impugnación ha sido formalizada este jueves ante la Sala de Apelación del Tribunal Supremo contra el auto del juez Pablo Llarena que confirmó el procesamiento de los dos primeros por desobediencia y malversación en su modalidad más grave; la 'exconsellera' de Educación solo lo está por desobediencia.

La que ha renunciado a que la resolución sea revisada ha sido la Abogacía del Estado, informaron a El Periódico de Catalunya, del grupo Prensa Ibérica, fuentes jurídicas. Los Servicios Jurídicos del Estado han seguido el criterio de la fiscalía y consideran inútil volver a impugnar el procesamiento, al entender que su pretensión de que el procesamiento por desobediencia se transforme en el nuevo delito de desórdenes agravados no será acogida.

Al revisar la sentencia

Ambas acusaciones públicas consideran que la Sala de lo Penal ya se ha pronunciado al revisar la sentencia que ella misma dictó en octubre de 2019 y condenar a los líderes del 'procés' por desobediencia y malversación, lo que supuso mantenerles intactas las penas de inhabilitación que aún les restan por cumplir.

El recurso de los europarlamentarios que defiende el abogado Gonzalo Boye, de 61 páginas, será resuelto por los magistrados Eduardo de Porres, Vicente Magro y Miguel Colmenero, si es antes del próximo 13 de abril, día en que este último se jubilará al cumplir 72 años. Le sustituirá en el tribunal de apelación otro magistrado de la Sala Segunda que tampoco haya tenido relación alguna con el 'procés'.

Inmunidad y arresto

La impugnación pide que se consulte al Tribunal de Justicia de la Unión Europea los términos de la inmunidad que alegan e insiste en que los tres deben quedar liberados de procesamiento alguno, porque su conducta en 2017 no fue delictiva. El escrito niega la malversación, puesto que no hubo perjuicio alguno a la Generalitat, ya que no se pagaron las facturas libradas a la empresa Unipost para las tarjetas censales y los cargos de los que ocupaban las mesas. El tribunal que juzgó el 1-O determinó que ese gasto en cualquier caso quedó comprometido por la Administración y fue motivo de condena para el que era vicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras, y los 'consellers' cuyos departamentos asumieron hacer frente a los gastos.

La defensa, que solicita la celebración de una vista para defender sus argumentos ante el tribunal de apelación, insiste en que el Supremo no es competente para procesarles, porque, como eurodiputados gozan de inmunidad, y que, por tanto, cualquier actuación contra ellos necesita un nuevo suplicatorio ante el Parlamento Europeo. El juez Llarena niega en el auto impugnado tener que hacerlo, porque los tres fueron procesados el 21 de marzo de 2018 y no adquirieron la condición de eurodiputados hasta junio de 2019, en el caso de Puigdemont y Comín, y enero de 2020, en el de Ponsatí.

Los procesados también cuestionan la imparcialidad del juez Llarena y las órdenes de detención nacional que aún pendiente en su contra Puigdemont y Comín, lo que significa que serán detenidos, si tienen la tentación de imitar a Ponsatí y regresar a España. En su caso, además, sí se podría decretar la prisión cautelar, porque la malversación que también se les imputa puede ser penada con hasta 12 años de cárcel. Con la desobediencia era imposible, al estar solo castigada con multa e inhabilitación hasta dos años.

La orden de detención nacional contra Ponsatí fue retirada este martes, después de ser detenida y conducida a los juzgados de guardia de Barcelona, donde el magistrado de guardia, en nombre del instructor del 'procés' en el Supremo, le comunicó el auto de libertad que este había dictado, regularizaba su situación y dejaba sin efecto la orden de detención nacional que también pesaba en su contra. También la citó a declarar para el próximo 24 de abril. Ponsatí ya ha anunciado que no lo hará, aunque la resolución se confirme, porque también la recurrirá.