La Eurocámara afea la "limitada" información aportada por España a la investigación sobre Pegasus

La comisión del Parlamento Europeo que investiga el espionaje con el programa Pegasus reclama a España una investigación “plena, justa y eficaz” sobre todos los supuestos casos de espionaje denunciados, incluidos los 47 casos de los 65 independentistas catalanes en los que sigue sin estar claro si fueron objetivo del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), que garantice un “acceso adecuado” a las órdenes judiciales a los 18 espiados confirmados, que implique en las investigaciones a la agencia europea de policía (Europol) y aborde la reforma del CNI. Son algunas de las recomendaciones incluidas en el informe final que afea la “limitada información” aportada por España, muestra preocupación por la situación en Grecia y denuncia las graves violaciones sistémicas en Polonia y Hungría donde los gobiernos han desmantelado los mecanismos de supervisión independientes.

El texto de recomendaciones, aprobado con 30 votos a favor de los grandes grupos de la cámara, 5 en contra y 2 abstenciones, sostiene que el marco regulatorio español, “en general”, está en línea con los requisitos de los Tratados aunque pide a España que conduzca una investigación “plena, justa y eficaz” que aporte “plena claridad” sobre todos los supuestos casos de espionaje destapados así como sobre la utilización de Pegasus “contra el primer ministro (Pedro Sánchez) y miembros del Gobierno” y a “presentar los resultados de la forma más amplia posible dentro de los márgenes de la ley”. 

El documento, que votará en junio en el pleno del Parlamento Europeo y que pone el colofón a 14 meses de trabajo en el que se han celebrado 23 audiencias y se ha escuchado a 215 personas, también reclama a España que proporcione a los 18 independentistas catalanes espiados bajo orden judicial un acceso adecuado a la autorización expedida por el Tribunal Supremo al CNI y coopere con los tribunales para garantizar que estas personas tengan acceso a un “recurso legal real y significativo”. 

Reforma del CNI

También recomiendan que las investigaciones judiciales concluyan sin retrasos, de forma imparcial y exhaustiva” y asignar “recursos suficientes” para ello. Además, urgen a España a iniciar la reforma del marco legal del CNI, tal y como anunció el gobierno a finales de mayo de 2022, aunque todavía no ha presentado ninguna propuesta, y plantean la implicación de la agencia Europol en la investigación para que aporte sus conocimientos “técnicos”.

En todo caso, el informe señala que “España tiene un sistema judicial independiente con suficientes garantías” aunque "tras el descubrimiento de las dos categorías de objetivos en España, aún quedan algunos interrogantes, que podrían resolverse con reformas rápidas y profundas y una aplicación efectiva”, señala el informe adoptado en paralelo por la comisión y que, al contrario que las recomendaciones, no será votado en la sesión plenaria.

Dos grupos de espiados

Los dos documentos aprobados se hacen eco de dos categorías de supuestos objetivos en España. En primer lugar, la que afecta al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y a los ministros de defensa, interior y otros altos cargos (el informe también menciona los nombres del ministro Luis Planas y de la ex ministra Arancha González-Laya). El informe final mantiene que hay “fuertes indicaciones” de que el Gobierno de Marruecos y el de Ruanda podrían haber espiado a ciudadanos europeos de “elevado perfil” entre los que se incluyen a Sánchez, la ministra Robles, el ministro Grande-Marlaska, e incluso los mandatarios de Francia y Bélgica aunque la información “no ha sido confirmada”.

El segundo grupo de afectados se refiere a las personas vinculadas al 'Catalangate' mencionado en el informe del CitizenLab. El texto menciona a 65 personas, entre las que se encuentran parlamentarios catalanes, miembros del movimiento independentista catalán, diputados al Parlamento Europeo, abogados, académicos y agentes de la sociedad civil, y a un total de 18 personas espiadas bajo autorización judicial, tal y como admitieron las autoridades en mayo de 2022, y para quienes piden reparación legal. En relación a estas últimas, el informe recoge la negativa de las autoridades españolas a entregar información invocando la seguridad nacional. 

Seguridad nacional

“El Gobierno español ha dado información limitada hasta ahora sobre su papel en esta selección, invocando la necesidad de confidencialidad por seguridad nacional y obligaciones legales. No obstante, sobre la base de una serie de indicadores, se asume que la vigilancia de los objetivos catalanes fue llevada a cabo por las autoridades españolas”, señala el informe aprobado por su parte con 30 votos a favor, 3 en contra y 4 abstenciones.

Una seguridad nacional que ha sido objeto también de un tira y afloja entre los eurodiputados. El documento final expresa su “preocupación” por los casos en los que se ha invocado la “seguridad nacional” para justificar el despliegue y la utilización de los programas de espionaje y por el secreto absoluto y la falta de rendición de cuentas. “La mera referencia a la seguridad nacional no puede interpretarse como una excepción ilimitada a la aplicación de la legislación de la UE y debe requerirse una justificación clara”, urgen pidiendo que sea una excepción y no la norma y que el espionaje solo se permita bajo "estrictas condiciones" y por un tiempo "limitado".

“Si bien la lucha contra la delincuencia grave y el terrorismo y la capacidad de hacerlo es de vital importancia para los Estados miembros, la protección de los derechos fundamentales y la democracia es esencial. El uso de programas espía por parte de los Estados miembros debe ser proporcionado, no debe ser arbitrario y la vigilancia sólo debe autorizarse en circunstancias estrechamente predeterminadas. Para proteger las libertades individuales es fundamental contar con mecanismos ex ante eficaces que garanticen la supervisión judicial. Los derechos individuales no pueden ponerse en peligro por un acceso ilimitado a la vigilancia. También es importante la capacidad del poder judicial para llevar a cabo una supervisión a posteriori significativa y eficaz en el ámbito de las solicitudes de vigilancia para la seguridad nacional, con el fin de garantizar que pueda impugnarse el uso desproporcionado de programas espía por parte de los gobiernos”, señala una de las enmiendas de compromisos introducidas en el texto.