Una comisión rogatoria de EEUU, oculta en el juzgado de Lamela, hubiera impedido enviar a la cárcel a Sandro Rosell, por Ernesto Ekaizer

Sandro Rosell, expresidente del Fútbol Club Barcelona encarcelado preventivamente durante dos años y absuelto en el juicio oral contra él, ratificó este miércoles, día 10 de mayo, su querella criminal contra el excomisario José Manuel Villarejo, otros dos expolicías y un exagregado del FBI en España, ante el juez Hermenegildo Barrera, titular del juzgado de instrucción número 13 de Madrid, que investiga la llamada Operación Cataluña contra el independentismo. Inmediatamente, el juez dictó una resolución en la que cita a prestar declaración en calidad de imputado a Villarejo para el próximo 26 de mayo.

El juez Barrera, según explicó el abogado de Rosell, Pau Molins, a EL PERIÓDICO, del grupo Prensa Ibérica, hizo varias preguntas al perjudicado sobre las afirmaciones de la querella. Una de ellas fue si creía que la juez que ordenó su ingreso en prisión, Carmen Lamela, titular del juzgado de instrucción número 3 de la Audiencia Nacional, el 25 de mayo de 2017, había cometido dolo (voluntad de cometer un delito a sabiendas de su ilicitud). Si bien la querella de Rosell, elaborada por Molins, no se dirige contra Lamela, deja abierta la puerta para su ampliación en función de las pruebas que se puedan obtener en la investigación, incluyendo a la actual magistrada de la Sala Segunda del Tribunal Supremo.

El escrito recuerda que Rosell ya se querelló contra Lamela ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo, presidida por Manuel Marchena, por presuntos delitos de prevaricación y falsedad, una querella que fue desestimada por auto de 29 de enero de 2021. El motivo de esa querella: ocultar a la defensa el contenido de una comisión rogatoria cursada por las autoridades de EEUU a España que dio el puntapié a las investigaciones de la Audiencia Nacional sobre Rosell, que llevó a pedir una prisión incondicional que la magistrada concretó.

Comisión rogatoria oculta

Esa comisión rogatoria permaneció oculta -sin proveer a las partes- según dijeron fuentes judiciales a EL PERIÓDICO, del grupo Prensa Ibérica, en el despacho de Lamela durante dos años. Esas mismas fuentes apuntan a una funcionaria que ejercía de “jefecilla” en el juzgado central de instrucción número 3 que actuaba por encima de la secretaria del mismo. La defensa de Sandro Rosell solicitó hasta tres veces a la magistrada Lamela una copia de la comisión rogatoria procedente de EEUU. Pero los funcionarios del juzgado y la propia magistrada contestaron que los documentos no habían sido incorporados a la causa. Aparentemente se habían devuelto a las autoridades estadounidenses.

Al ser elevada la causa a la sala de enjuiciamiento que preparaba el juicio oral contra Rosell, su defensa volvió a pedir el documento en la vista. El juzgado central de instrucción número 3 entregó el documento de 2015, que debía haber sido proveído a la defensa al presentarse la querella de la Fiscalía de la Audiencia Nacional, en abril de 2017, contra Rosell.

Fuentes judiciales señalan a este diario que dicho documento fue una mala noticia para la investigación y por ello no se aportó a la defensa. Señalan esas fuentes que la funcionaria que quitó hierro a esa comunicación de EEUU compartió el documento con la magistrada Lamela. Preguntado el letrado Pau Molins cuál podía haber sido la consecuencia si esa comisión rogatoria procedente de EEUU hubiese sido comunicada, como era preceptivo, a Sandro Rosell, en el momento de presentarse la querella contra él por la Fiscalía, señaló: “La investigación de la Fiscalía citaba la comisión rogatoria internacional (CRI) como el punto de partida de sus diligencias. Si en abril de 2017, antes de meter a Sandro Rosell en mayo en prisión nos hubieran dado traslado de la versión original y de la traducción que había realizado la Policía se hubieran destapado los errores. Decían que tenía una cuenta en Goldman Sachs, USA, de ahí el interés directo de los fiscales norteamericanos por posibles transferencias de Nueva York a cuentas en España, y resulta que era falso. Sandro tenía una cuenta en esa entidad, pero en el Reino Unido. Con ese documento podíamos desmontar lo que estaban tramando”.

Prevaricación desestimada

En la querella de Sandro Rosell contra Lamela ante el Tribunal Supremo, el magistrado Pablo Llarena, que fue ponente, desestimó la prevaricación porque en el relato de hechos no se demostraba el interés personal de Lamela en ocultar el documento; según sostuvo, si no se ponía de relieve ese posible interés, podía tratarse simplemente de un error en el juzgado. Con todo, cuando se inició el juicio oral, el 25 de enero de 2019, al abordarse las cuestiones previas, la defensa de Rosell pidió una vez más -después de serle denegada por la magistrada Lamela en tres oportunidades- los documentos de la CRI. La titular del juzgado central de instrucción número 3 envió inmediatamente el documento a la sala de enjuiciamiento, lo que permitió el acceso a la misma por parte de Rosell. La magistrada ya no era Lamela: había sido nombrada en la Sala Segunda del Tribunal Supremo en junio de 2018. Fue María Tardón, la magistrada sucesora de Lamela, la que envió enseguida la documentación.

Uno de los cuatro querellados es el exagente del Federal Bureau of Investigation (FBI), Marc Varri, agregado, en aquel momento, en la embajada de los EEUU en España. Varri, que la defensa de Rosell ha localizado en Miami, no acudió al juicio del expresidente del Fútbol Club Barcelona, y fue uno de los que urdió la comisión rogatoria internacional norteamericana, según fuentes judiciales, al punto que fue designado para ejecutar las indagaciones que se planteaban sobre el patrimonio de Rosell en España. Varri mantenía excelentes relaciones personales y profesionales con Villarejo.

El excomisario llegó a explicar a algunos clientes que este exagente formaba parte de un grupo que había montado para perseguir patrimonios ocultos en el mundo. “Son malos, muy malos”, dijo Villarejo en una de sus conversaciones con la examante de Juan Carlos I, la experta en poner en contacto a instituciones, empresarios y gobiernos, Corinna zu Sayn-Wittgenstein.

La fiscal de Madrid, Sonia Gandolfo, permaneció este miércoles en silencio mientras el juez Barrera hacía preguntas a Rosell. La fiscal se ha opuesto a acumular una querella de los accionistas de la Banca Privada de Andorra (BPA), los hermanos Cierco, a la que ya instruye el juez Barrera sobre Rosell. Será el magistrado quien deberá ahora decidir si incorpora esa querella a la investigación en curso, que seguirá con la declaración de Villarejo el próximo 26 de mayo.

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