El juez no logra localizar al exagregado del FBI que investigó a Sandro Rosell

El titular del Juzgado de Instrucción número número 13 de Madrid, Hermenegildo Barrera, se está encontrando con problemas, al menos de momento, para localizar a uno de los cuatro querellados por el expresidente del Fútbol Club Barcelona Sandro Rosell por la 'operación Cataluña': el exagregado del FBI en la Embajada de Estados Unidos en Madrid Marc L. Varri, al que se sitúa en el origen de la causa abierta contra el empresario catalán, por la que estuvo casi dos años en prisión preventiva y de la que acabó siendo absuelto.

Fuentes jurídicas han señalado a El Periódico de Catalunya, del grupo Prensa Ibérica, que el magistrado no consigue encontrar a Varri a través de la Embajada de Estados Unidos en España, que no está colaborando en su localización. Eso impide notificar al exagente la querella en su contra y citarle a declarar como querellado -condición equivalente a la de imputado- el próximo día 26, fecha en la que comparecerán los otros tres incluidos en esa condición en la denuncia de Rosell. Varri tampoco asistió al juicio que se celebró contra el expresidente del Fútbol Club Barcelona en la Audiencia Nacional, pese a estar citado como testigo.

Los ya convocados para el 26 son el excomisario José Manuel Villarejo, principal imputado del caso Tándem, en el que se investigan las cloacas policiales, y los inspectores Antonio Giménez Raso y Alberto Estévez, a los que la querella sitúa dentro de lo que la Fiscalía Anticorrupción denomina "clan policial mafioso" que participó en la 'operación Cataluña'. Al primero se le atribuye colaborar con Villarejo en Catalunya y haber cobrado de los fondos reservados, mientras que el segundo sería el autor de los informes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) referidos a Rosell.

Después que el expresidente del Barça se ratificara en la querella presentada en los juzgados madrileños por los delitos de organización criminal, acusación y denuncia falsa, detención ilegal, falsedad en documento oficial por parte de funcionario público y malversación, su abogado, Pau Molins, admitió que el futuro de la investigación está en manos de la declaración que preste el propio Villarejo, que ya acumula una cincuentena de causas en la Audiencia Nacional.

Negar participación

En la comisión de investigación abierta en el Congreso por la 'operación Cataluña', el expolicía afirmó que él no había participado en la causa abierta contra Sandro Rosell, porque no le consideraba un objetivo relevante del independentismo y la jueza instructora, Carmen Lamela, quería que solo se ocuparan "policías y guardias civiles del opus dei". La magistrada no aparece entre los querellados, pero el texto incluye las manifestaciones que Villarejo hizo sobre ella en TV3: que "habría aceptado investigar y encarcelar a Rosell a cambio de ser promocionada al Tribunal Supremo", y que tendría "una vinculación tremenda" con el CNI para mantener al empresario en prisión.De hecho, según la defensa de Rosell, el juez Barrera le preguntó por a ella, la senadora del PP Alicia Sánchez-Camacho y los fiscales de su causa, Vicente González Mota, María Antonia Sanz y Daniel Campos, ahora abogado, así como por los magistrados de la Sección Tercera de lo Penal de la Audiencia Nacional que fueron confirmando las decisiones de Lamela durante la instrucción de la causa. Rosell ya se querelló contra la instructora de su causa, pero el Tribunal Supremo rechazó la acusación penal.

En el origen

La querella, basada en informaciones de El Periódico de Catalunya y de El Periódico de España, destaca la relación que unía a Villarejo con Varri, al que el primero nombra de forma recurrente en sus agendas, en las que apuntaba sus reuniones y objetivos. Fue el responsable de los registros de la sede en Barcelona de Imagina Group realizados en la investigación americana de la que partió la causa contra Rosell, iniciada en 2015, cuando el FBI de Estados Unidos remitió a España una comisión rogatoria en la que reclamaba información para investigar el caso conocido como 'Fifa Gate'. Las pesquisas pretendían aclarar, principalmente, la actuación de la filial de Mediapro, US Imagina, que en 2018 acabó declarándose culpable por la participación de dos de sus ejecutivos en un esquema de sobornos que buscaba hacerse con los derechos audiovisuales de partidos clasificatorios a los mundiales de 2018 y 2022. Esta empresa audiovisual se comprometió a pagar una multa de 19,7 millones de euros.La comisión rogatoria también quería aclarar supuestos movimientos de dinero realizados por el expresidente del FC Barcelona sobre los que el FBI aportaba información a España. Entre sus responsables estuvo el agente del FBI Marc L. Varri, que era un contacto habitual de Villarejo, según sus agendas y grabaciones.

Suscríbete para seguir leyendo