La fiscalía trabaja ya en la concreción de los delitos y las imputaciones por Tsunami Democràtic

La fiscalía de la Audiencia Nacional tiene trabajo pendiente: debe determinar qué delitos y quiénes fueron los responsables de la plataforma Tsunami Democràtic, que en respuesta a la sentencia del 'procés', de octubre de 2019, convocó el bloqueo del aeropuerto de Barcelona-El Prat y el corte de la frontera con Francia en la Jonquera, entre otras movilizaciones aparentemente espontáneas, que se conocían a través de un código Qr, informaron a El Periódico de Catalunya, del grupo Prensa Ibérica, fuentes jurídicas.

Una vez concretados los delitos que se habrían cometido a través de Tsunami, el ministerio público deberá determinar si la competencia para investigarlos es de la Audiencia Nacional. En 2019 se abrieron diligencias en el Juzgado Central de Instrucción número 6 por terrorismo y conspiración para cometer estragos, al entender que las distintas movilizaciones atribuidas a Tsunami pretendían subvertir el orden constitucional y contribuir con ello a la independencia de Cataluña.

Un investigado

Si la fiscalía entiende que, tras el último informe remitido por la Guardia Civil a la causa, no quedan diligencias por practicar y mantiene los delitos iniciales, competencia de la Audiencia Nacional, deberá concretar quién debe ser imputado en el procedimiento. De momento solo hay un investigado: el empresario Oriol Soler, quien ha llevado hasta el Constitucional que la declaración de secreto de las actuaciones se haya prolongado más de tres años, y que haya tenido que pelear a través de los recursos pertinentes su personación en la causa. Es el único investigado en las actuaciones, porque la Sala de lo Penal de la Audiencia le dio la razón en alguna de esas impugnaciones.

Cuando una causa está bajo secreto solo el representante del ministerio público, que en este caso es el exteniente fiscal de la Audiencia Nacional Miguel Ángel Carballo, está al tanto de todas las actuaciones, vedadas a las partes. Él podía haber ido solicitando la imputación de quien considerara responsable de los delitos investigados a medida que avanzaba la investigación, pero no lo ha hecho con nadie. Ha preferido esperar a estudiar en detalle el informe de conclusiones de la Guardia Civil para pronunciarse.

Desde Barcelona

El Juzgado Central de Instrucción número 6 solicitó al Juzgado de Instrucción número 1 de Barcelona que le remitiera todas las actuaciones que pudieran estar relacionadas con las acciones que se atribuyen a Tsunami. Además de la del aeropuerto y la Jonquera son: movilizaciones contra empresas del Ibex, con ocupación de oficinas y pega de carteles; desobediencia a la Junta Electoral Central con actos en la jornada de reflexión de las generales, y los disturbios que se produjeron después del partido del Barça-Real Madrid en el que lanzaron balones al campo y se exhibió una pancarta con el lema 'sit and talk'.

Soler empezó a intentar su personación cuando el juzgado en el que se investiga el caso Voloh remitió las diligencias relativas a Tsunami a la Audiencia Nacional, el 9 de junio de 2021. Junto a él aparecían más personas en calidad de investigados, pero que nunca llegaron a estar ni siquiera personadas en las diligencias madrileñas. Se trata de David Madí, Xavier Vendrell, Marta Molina, Josep Campmajó, Josep Lluís Alay y Jaume Cabani.

El levantamiento del secreto del caso Tsunami Democràtic ha coincidido con la presentación por la Guardia Civil de su informe de conclusiones sobre las investigaciones desarrolladas estos años. En él se apunta a la participación de la secretaria general de ERC Marta Rovira -que reside en Suiza desde que huyó de España para eludir su responsabilidad en el 1-O- en reuniones y grupos de mensajería rápida en los que se fraguaron distintas movilizaciones independentistas, así como al núcleo próximo al expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont.

Si la fiscalía descarta finalmente los delitos que determinan la competencia de la Audiencia Nacional, deberá pedir al juez Manuel García-Castellón que remita la causa a los juzgados catalanes donde se produjeron las convocatorias de Tsunami. También deberá hacerlo si entiende que entre los investigados hay algún aforado.

Lo hará en favor del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), si entre las personas cuya imputación solicita hay algún diputado del Parlament y los hechos que se le atribuyen se cometieron dentro de Catalunya. Si se produjeron fuera, el competente sería el Tribunal Supremo. Los investigadores han situado alguna reunión preparatoria en Suiza y la preparación técnica de la plataforma en Estonia.

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